El lío jurídico tras la caída del puente colgante en Villavicencio

Contra Manuel Díaz se han adelantado cinco procesos por afectaciones ambientales en la reserva forestal. En 2004, Cormacarena ordenó la demolición de un centro turístico que se construyó en la zona, pero varios alcaldes han promovido el turismo en la reserva.

El accidente ocurrió el 9 de enero, cuando al menos 30 personas pasaban por uno de los tres puentes colgantes en la reserva La Esmeralda. / Guillermo Herrera

Tras la caída de uno de los tres puentes colgantes que se encuentran dentro de la propiedad de la Esmeralda, en la vereda de El Carmen, en Villavicencio, en la que murieron nueve personas y al menos 13 más resultaron heridas, han surgido varias dudas con respecto a la responsabilidad del gobierno local y al hermetismo que se ha mantenido para dar a conocer detalles del dueño del predio donde ocurrió la tragedia.

En un comienzo las autoridades se negaron a dar el nombre del dueño de la finca. Luego el secretario de Gobierno de Villavicencio, Hilton Alexander Gutiérrez, aseguró que en la zona no habría ningún registro turístico ni hotelero y por lo contrario, tanto lugareños como visitantes llegaban a la reserva para realizar caminatas informales.

Pero precisamente las personas que se vieron afectadas por el colapso del puente aseguraron que para pasar por cada una de las tres estructuras que se encuentran en la reserva La Esmeralda debían pagar $2.000 y que al momento de transitar por el puente no había ningún tipo de control de quiénes ingresaban, ni existían condiciones de seguridad que debían primar en la estructura que se encuentra a 70 metros de altura.

Tres días después del accidente, Manuel Antonio Díaz Ardila,  a quien tanto el alcalde como las autoridades ambientales habían señalado como el dueño del predio, respondió algunas preguntas a los medios de comunicación y aseguró que la administración de lugar estaba a cargo de dos de sus cinco hijos, además que el cobro que se hacía por pasar el puente era para el mantenimiento del sendero que es tan visitado en la ciudad y se atrevió a asegurar que detrás del colapso de la estructura hubo manos criminales.

La vereda del Carmen se encuentra al norte de la ciudad de Villavicencio, en las faldas de la cordillera oriental. La zona donde ocurrió la tragedia fue considerada a través de una resolución  en abril de 1945, Reserva Forestal Bellavista, por lo que allí se prohibió cualquier actividad, pero el Incora (ahora Incoder) adjudicó a algunos linderos a ocupantes en la zona.

El predio donde se encuentran los puentes colgantes son de  Manuel Antonio Díaz Ardila, contra quien de acuerdo con la Corporación Autónoma del Meta (Cormacarena) se han impuesto cinco procesos administrativos por “captación de aguas de manera ilegal, vertimientos y represamiento de aguas”, además de una sanción por infringir la norma ambiental.

En octubre de 2004, Cormacarena le impuso una orden preventiva, en la que le ordenaba suspender la construcción de cabañas y una piscina dentro de la reserva, edificaciones que se estarían haciendo sobre las rondas de los caños Buque y Cárcava. 

Tras hacer caso omiso a los requerimientos, en mayo de 2006 la misma corporación sancionó a Díaz Ardila por la construcción de un sendero ecológico dentro del predio de La Esmeralda, sin ninguno de los permisos correspondientes, infringiendo la normativa ambiental. No tenía  la licencia correspondiente para realizar este tipo de actividades dentro de la reserva forestal, razón por la cual debió, como sanción, restituir las cuatro hectáreas donde se construyeron cabañas y una piscina, además se le ordenó la suspensión de la construcción de unos kioskos donde se pretendía abrir un restaurante. 

Además de esto, contra Díaz Ardila hay dos actos administrativos, de octubre y noviembre de 2009,  por realizar actividades turísticas dentro de la reserva sin el correspondiente permiso ambiental, la razón se le dio a Cormacarena en las dos ocasiones, a pesar que Díaz Ardila apeló alegando que hubo violación al debido proceso. A pesar de esto, la Reserva La Esmeralda está registrada como una sociedad comercial, con matrícula activa.

Una de las principales controversias se originó luego de corroborar que el Instituto de Turismo de Villavicencio promocionaba las caminatas turísticas dentro de la finca y daba una buena calificación al recorrido por los puentes colgantes,. Además advertía que las estructuras  no se debían cruzar corriendo, ni saltar en ellos.

La directora del Instituto de Turismo, Martha Patricia Castellanos aseguró que la reseña de los puentes colgantes dentro de la página del organismo hace parte de un inventario y no de una promoción de la actividad, aunque sí lo han hecho y lo seguirán haciendo con las caminatas por la vereda.

Tanto la alcaldía como Cormacarena han asegurado que la responsabilidad por el colapso del puente es de los dueños del predio, debido a que es una propiedad privada y el mantenimiento es su responsabilidad directa. Por otro lado la Corporación Autónoma Regional aclara que los puentes no solo se utilizaban de manera turística, sino además “para la comunicación y desplazamiento de los residentes de esta zona a sus lugares de trabajo y vivienda, cumpliendo una labor de servidumbre”.

Por su parte la Fiscalía acusó a Manuel Díaz Ardila y a su hija Adriana Milena Díaz, quien administra la finca, de homicidio culposo, lesiones personales culposas y daños ambientales, por lo que solicitó su orden de captura. Pero un juez de control de garantías de la capital de Meta se negó a enviarlos a la cárcel y resaltó que la autoridad ambiental tenía las suficientes razones para sancionar a los Díaz por los daños ecológicos que implicaban los puentes.

Por ahora no hay claridad sobre quiénes deben responder por lo ocurrido el pasado lunes en la vereda, ni que ocurrirá en el predio y con los otros dos puentes colgantes, si no solo son utilizados como atractivo turístico, sino además son usados por personas de la zona.

El Ministerio del Ambiente aseguró que tomarán medidas en la zona y que trabajan en conjunto con el Ministerio de Transporte para revisar las condiciones de todos los puentes colgantes del país. Así mismo expidió un decreto para garantizar la construcción de infraestructuras seguras en las áreas protegidas del país.