El lío no son los jóvenes

A los adolescentes infractores los deben enviar a centros de atención especializada y brindarles acompañamiento luego de cumplir sus sanciones. Expertos indican que el problema no es el sistema, sino la forma cómo lo aplican.

 En Bogotá, el hacinamiento se ha convertido en uno de los problemas.
En Bogotá, el hacinamiento se ha convertido en uno de los problemas.

La crisis en los centros de rehabilitación para menores infractores  del país vuelve a ser tema de debate. Se dice que el actual sistema es una “bomba de tiempo” a punto de estallar. Y aunque las autoridades reconocen que tienen graves dificultades de infraestructura y de seguridad en los 22 centros especiales de reclusión que operan en Colombia, para expertos en derechos de infancia y adolescencia, este es  sólo uno de los líos y que la raíz es más profunda. Insisten en que, a pesar de que el sistema está bien diseñado, son los responsables de su puesta en marcha los que se están encargando de que el modelo esté fracasando.  

Al menos, así lo cree el abogado Manuel Enrique López, asesor de derechos de infancia y adolescencia, quien asegura que los disturbios y las fugas son solo una pequeña parte de algo más grande:  una falla estructural del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en el país. Esta falla, que amenaza con llevar al colapso a todo el esquema, tiene tres razones: “la falta de coherencia entre la justicia penal para adultos y la de menores; el uso excesivo de la medida de privación de la libertad por parte de los jueces, y de la existencia de un sistema en el que su éxito es responsabilidad de muchos, pero pocos cumplen”.

Pero de las tres razones, quizás la que más cuestiona López es el abuso de la medida de privación de la libertad. Explica que, a pesar de que la recomendación es que el encierro sea el último recurso y solo para delitos graves, en Colombia ocurre todo lo contrario. La ley contempla la privación de la libertad de menores  en caso de homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales,  casi el 80% de  los que hoy están  detenidos pagan sanciones por hurto y droga, donde el verdadero responsable es un adulto. 

A esta situación se le atribuye el que hoy haya hacinamiento en los centros de reclusión para adolescentes. En los últimos cinco años, la cantidad de detenidos pasó de 4.000 en 2007 a casi 30.000 este año.  Para completar el panorama, todos los menores retenidos los están mezclando en un mismo espacio, cuando la recomendación es separarlos de acuerdo con sus perfiles, sus sentencias y edades. Esto, debido a que hay jóvenes que después de los 18 años continúan internos hasta que cumplen 21 años, y al mezclarlos con menores de 14 y 15 años, se entorpecen los procesos de socialización. 

“La tendencia de los jueces genera un efecto de ‘bomba de tiempo’, ya que al incrementar la población privada de la libertad, se genera que en los centros prime la hostilidad, que sumada a la deficiencias en los procesos de atención, se convierten en la causa de episodios como la fuga que se registró recientemente en Cali”, insiste el experto. López asegura que no es necesaria la privación total de la libertad. En Colombia existen programas de libertad asistida como el proyecto de La Granja, en Pie de Cuesta (Santander), donde hay 40 menores infractores que están terminando una medida privativa de la libertad, pero que “tienen atenciones especiales: van a la universidad, salen todos los días y no hay evasiones. El modelo funciona”.  

Frente a este panorama, Miguel Alvarez-Correa, coordinador del observatorio del sistema penal acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes de la Procuraduría, asegura que otra cara del problema es que en el país no existe un sistema de formación integral para prevenir el delito. “¿Qué hacer para que no reincidan los jóvenes? los mecanismos de prevención son insuficientes. Después de la sanción debería existir un acompañamiento. El objetivo no es si el muchacho cumplió o no la pena, lo importante es que no reincida”.

No es solo Colombia 

Atilio Álvarez, defensor público de menores en Argentina, explicó que la preocupación y la situación que hoy vive Colombia es algo que se está viviendo en casi toda América Latina. Debido a las nuevas leyes, se ha registrado un incremento de la población privada de la libertad, sobrepasando la capacidad de los centros. Estos solo están preparados para atender a determinado número  y cuando esta cifra se sobrepasa, las relaciones internas cambian.

Esta situación empeora cuando se comienza a alojar a jóvenes sin importar la gravedad del delito y la edad. “No hay peor error que mandar a un chico que apenas está dando sus primero pasos en el delito a convivir con otros que ya son jefes del delito. En gran parte de América Latina se comete este error. Al chico hay que alejarlo del delito y no empujarlo a él. Las primeras transgresiones de los chicos no tienen que tener como respuesta la privación de libertad, ni siquiera por un corto lapso de tiempo, ya que con esto lo marcamos para el delito” 

De acuerdo con el defensor, los problemas con los menores infractores son un tema muy serio en México y Venezuela, donde los índices de delito son altísimos. De igual forma, estos mismos índices están volviendo a aumentar en Brasil, Argentina y, finalmente, en Chile, que es uno de los países con la tasa de encarcelamiento de menores  más alta del mundo, después de EEUU, China y Rusia. 

“Por desconocimiento, la población y las entidades encargadas de aplicar los esquemas para resocializar a los menores de edad lo están haciendo mal. La idea es hacerlo de la forma que menos afecte a los jóvenes, para así poder generar una efectiva rehabilitación y reintegración en la sociedad.  El problema no está en el joven que comete el delito, sino en el contexto en el que lo desarrolla. De nada sirve encerrarlos si los adultos que los llevan a delinquir siguen libres”, concluyó Atilio Álvarez. 

Sistema penal de adolescentes, en crisis

 

La crisis del Sistema penal de adolescentes en el país se comprueba con las cifras. De acuerdo con Camilo Domínguez, director de Protección del ICBF, la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema ha crecido de manera elevada en los últimos cuatro años. Por ejemplo, mientras en   2007 se registraron 4.018 ingresos, para el 2012 esa cifra aumentó a 29.547. Según el funcionario, el principal motivo de ingreso de estos jóvenes al sistema es por delitos como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (31%), seguido por hurto simple (30%) y hurto calificado (12%). 

Según un informe del observatorio del sistema penal acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes de la Procuraduría, el 15% de los que delinquien  lo hace por supervivencia;  el 16%, por dinero; el 15%, para conseguir sustancias psicoactivas; el 9%, por venganza; el 25%, por varios motivos. Además, una alta proporción de los jóvenes que cometen delitos son de estratos bajos.

 

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