El Mango, con policía pero sin cuartel

Un juez ordenó la reubicación del puesto de Policía de este corregimiento caucano porque no cuenta con condiciones dignas, ni siquiera tiene un espacio para conducir a los detenidos.

Así se ve el centro de operaciones de la estación de Policía de El Mango, con techo de plástico y tela de polisombra. /Andrés Hurtado

La subestación de Policía de El Mango, donde se resguardan y duermen 25 uniformados, no es más que una casa vieja con puertas de plástico, paredes y techo de cemento, que se cae por pedazos en los días de invierno. Es la casa donde otrora, en los días de mercado, “ensayaban” la calidad de la mercancía o cocaína, dice un poblador. Está incrustada entre dos montañas de la cordillera Occidental, desde donde el frente 60 de las Farc (antes de la tregua unilateral) disparaba granadas, tatucos y cilindros.

A lo lejos, la subestación de Policía resalta por las trincheras que bloquean la entrada al barrio El Recreo, contiguo al parque central. Cuando se está en el cerro La Cumbre se ve en toda su dimensión: tres cuadras de ese barrio tapadas con tela de polisombra. Es el centro de operaciones y el único lugar por donde se pueden mover los policías.

Debajo de ese telar hay 90 viviendas en ruinas. Una de ellas es la subestación. Las otras están sin techo, con los hierros retorcidos y aun guardando el terror: pipas de gas que no explotaron, como piezas en el olvido. Ahí ya no habita nadie. Los propietarios las abandonaron después del ataque del 12 de julio de 2012, cuando la guerrilla lanzó 75 cilindros. “Algunas personas los contaban a medida que traqueaban. Apenas explotaron 37 y encontramos más o menos 30 o 32 sin explotar”, cuenta Dagoberto Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Mango.

Después de esa noche, los policías cerraron con trincheras las bocacalles del barrio, argumentando razones de seguridad e impidiendo, como aún sucede, que los pobladores regresen a sus casas.

Más abajo, a una cuadra, está la caseta comunal. Ahí se instalaron por primera vez en 2008. Las paredes son de un metro de alto y el techo es de cinc. Ese mismo lugar es el que describe el intendente Carlos Alberto Matallana en su demanda de reparación directa que interpuso en 2013 contra la institución. El uniformado cuenta que dormían en el suelo y en catres improvisados en el mismo salón que se utilizaba como comedor, oficina del secretario, espacio para la guardia, cocina y baños.

El caso del intendente Matallana

Cuando el ataque empezó, el patrullero César Augusto Mesa Ibarra hacía el cuarto turno del día. Era el 18 de septiembre de 2010, a las 11:30 de la noche. Las ráfagas de fusil y los tatucos empezaron a caer desde las montañas. El frente 60 de las Farc, al mando de Gilberto Arroyabe, alias El Grillo, ya se había apoderado del cerro La Grecia cuando el centinela de turno murió tras recibir varios tiros de ametralladora en la cabeza y la espalda.

En esa misma acción, mientras el intendente Matallana pasaba revista, fue alcanzado por cinco impactos de fusil. Cayó en la vía pública, frente a las instalaciones policiales, pero temiendo que los subversivos lo remataran se arrastró hasta el andén contiguo, hasta que fue auxiliado por sus compañeros, que solamente lograron minimizar los efectos de las heridas con medios rudimentarios, pues, como lo cuenta hoy Matallana, tampoco contaban con equipo de enfermería y mucho menos con enfermero.

En hechos similares, según la Secretaría de Gobierno de Argelia, entre 2011 y 2014 cayeron en este municipio, en atentados y confrontaciones, 39 personas: diez policías, veinte soldados y nueve civiles. Los heridos ascienden a más de 151: 73 civiles, 46 policías y 32 soldados.

Después de atravesar las trincheras para llegar hasta el puesto de Policía, el comandante y los patrulleros dicen no saber mucho del fallo del juez.

—¿Usted cree que sí van a sacar a la Policía de acá? —pregunta el patrullero de turno mientras le entrega $3.000 a uno de sus compañeros vestido de civil, quien se dirige a la tienda de la esquina—. Es que no podemos salir uniformados porque la gente no nos vende nada. Le tienen miedo al francotirador —añade, y dice que le traigan un pan grande y dos mil de pan cacho.

—¿O será que la institución va a pelear para que nos quedemos? —pregunta el comandante de la subestación.

En la demanda ante el juez 37 del Circuito Administrativo Judicial de Bogotá, Ómar Édgar Borja Soto, el intendente Matallana y su abogado exponen “que el Estado, representado en la Policía Nacional, falló en el servicio de seguridad para con sus agentes de este puesto de Policía”, y advierten que si se aplicaran las medidas preventivas esos policías no estarían vulnerables y limitados en su accionar, pues ni siquiera cuentan con un espacio para conducir a un ciudadano detenido por los agentes.

La decisión del juez Borja Soto se tomó el 10 de octubre del año pasado y en ella ordenó al presidente Juan Manuel Santos y al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, trasladar en 48 horas la subestación del corregimiento de El Mango al corregimiento de El Plateado del mismo municipio, Argelia. Tras analizar la situación, el togado concluyó que se debe proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Policía que actualmente laboran en la subestación. No obstante, la situación no ha cambiado.

El coronel Ramiro Iván Pérez Manzano, comandante de la Policía de Cauca, dice desde su centro de operaciones en Popayán que la institución es muy respetuosa de los fallos de los jueces y que está a la espera de la respuesta de la apelación que hizo la Policía Nacional, “justamente para soportar la posición de mantener el puesto de Policía y con el ánimo de mejorar el escenario de convivencia en ese sector del departamento”.

En la apelación, firmada por el general Rodolfo Palomino, se argumenta que, por motivos de seguridad nacional, la Policía no tiene ningún lugar vedado en el país. Sin embargo, en un comunicado que se hizo público el 21 de octubre se hace énfasis en un precedente de la Corte Constitucional, que también exigió en 2014 trasladar el puesto de Inzá, en el oriente del Cauca, “sin perjuicio de que se lleve la ejecución real de la orden de traslado a la mayor brevedad posible y no inmediatamente”.

Dagoberto Muñoz es un campesino de piel trigueña, tiene 50 años. Desde el día que decidió ponerse al frente de la Junta de Acción Comunal de El Mango lo han tildado de guerrillero, pero él no se amilana. Con decir que es el único en el pueblo que se le mide a hablar con el comandante de Policía para que autorice a los propietarios de las casas, que se pudren al sol y al agua detrás de esas trincheras, entrar a limpiar la maleza que sube por las paredes.

Ahora está sentado al frente de lo que era el salón comunal. Un lugar que permanece cerrado y con las paredes pintadas de resistencia: “Con la misma vara que mides, serás medido”, se lee. “Nosotros esperamos que ese fallo se haga realidad. La comunidad está contenta, porque si se va la Policía el pueblo va a crecer tranquilo”, dice Dagoberto.

Siempre que se habla con él argumenta las razones de porqué el puesto de Policía convirtió a la población en carne de cañón: “Aquí los policías están como secuestrados, ustedes mismos se dieron cuenta. Ellos salieron porque nos miraron, pero en realidad no salen a cuidar el pueblo. Hay Ejército, pero cuidando la Policía, no persiguiendo a la guerrilla en las montañas para evitar lo que le ha pasado al corregimiento”.

Esta Policía sí quiere la paz

—Dios mío, da tristeza ver todo este desastre. Fíjese esa casa esquinera, tan buena y ahora con ese poco de huecos. Ese policía que está ahí, de 22 años, mira eso y dice: “Hijueputa, eso es bala, a mí también me puede tocar”. Psicológicamente estar aquí es difícil —señala el comandante de la Policía de El Mango, mientras les da la espalda a las trincheras de la entrada y fija constantemente su mirada en el cerro La Cumbre que está encima de nosotros.

El policía del que habla el oficial es el que espera el pan cacho. Está parado mirando desde la trinchera el cerro La Grecia, que hace parte del complejo montañoso de la cordillera Occidental. Detrás se alcanzan a ver los picos del cerro El Pinche, la última cima antes de llegar al municipio de Guapi, es decir, al mar Pacífico. Es bogotano, tiene 22 años, una familia que lo llama todos los días y que espera que pasen los seis meses que por regla debe permanecer en este corregimiento.

—Últimamente estamos bien, pero cuando uno se acuesta todos los días piensa en que en cualquier momento puede caer un cilindro encima. En ese tiempo ellos estaban más mal que nosotros. Por lo menos ya tenemos comida; ahora lo único malo es la infraestructura. De resto, la comunidad ya nos vende a escondidas y de civil —asegura el agente, e insiste en que si van a trasladar el puesto de Policía, que no sea para el corregimiento de El Plateado, porque de allá salió en 2008—. Allá uno tampoco puede salir de las trincheras.

A dos metros de él otro policía, con casco balístico, chaleco antibalas y ametralladora M60, no descuida la mirada por un hueco, a la medida de su cabeza, desde donde observa cómo es el corregimiento de El Mango. De hecho, de este lugar nada más conoce lo que desde allí percibe: el parque central, el verde de las montañas y el sonido del río San Juan de Micay, que se escucha bajar furioso hacia el océano Pacífico.

Mientras vigila ese cerro, sabe que detrás de él pueden ocurrir dos cosas: que la guerrilla los ataque desde el otro lado de la montaña que limita con el municipio de El Patía y donde está el octavo frente de las Farc, o que el frente 60 se ensañe con el rancho del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar) que está en la oreja del cerro a sus espaldas. Ahí viven 60 hombres más, en medio de matorrales, estopas verdes con arena que rodean la casa de guadua y un techo de cinc donde lo único que rebota es sol. El helipuerto, donde cada tres meses aterriza la comida y cada seis meses los uniformados que hacen relevos, está contiguo a esa retaguardia.

Cien metros antes de llegar a este refugio saludamos gritando para que alguien esté alerta a nuestra llegada. “Hace rato nos tienen alineados”, dice don Dago, y señala que desde donde estamos parados hasta la trinchera del Emcar y todo el plano del helipuerto es propiedad de la comunidad. Ahí pretenden reubicar el colegio que se está llevando el río y donde no cabe ni un estudiante más. “La plata ya la tiene lista la Gobernación del Cauca”, dice don Dago, pero ahora la puja es para que los carabineros abandonen el lugar.

Pasados los minutos, desde el rancho salen dos policías con chaleco antibalas y ametralladora. “Primero nos permiten una requisa por favor”, dicen, y proceden a sacudir los bolsos. Luego les pregunto cómo transcurre el día de un policía encerrado en este rancho de guadua, sin poder bajar al pueblo y sin saber qué está planeando la guerrilla que está en el patio de esta casa.

—A nosotros nos toca. Hay que rogar que en estos seis meses que nos tienen acá no pase nada.

El policía que responde es de Popayán y está de acuerdo con que saquen a la Policía de ese sitio. —No hay condiciones sino para morir —puntualiza mientras baja la mirada y sentencia que a los que mandan a El Mango es por castigo, porque han cometido alguna falta en la institución. Castigo como el que casi les toca hace ocho meses, cuando llegó el relevo de la subestación de Policía de la población. Antes de que el helicóptero aterrizara, les lanzaron quince cilindros desde el otro lado de la montaña, con la fortuna de que todos cayeron en el helipuerto.

Llevamos ya casi 11 horas hablando del mismo tema, desde que partimos a las cuatro de la mañana de Popayán, pasando por el valle del Patía, luego ascendiendo al municipio de Balboa, atravesando la cima, para de nuevo empezar a bajar las estribaciones de la cordillera Occidental.

Antes de partir hacia El Plateado, el comandante de la Policía agradece la visita y dice que vuelve a la rutina. Cuál rutina, le pregunto, y sonríe. “Mire le cuento esto. La verdad, hoy no sé qué poner a hacer a un muchacho de estos después de que cumpla su turno. Tal vez les diga que me quiten el monte que va creciendo al lado de las garitas. Es que un muchacho de 21 años ni siquiera entiende por qué es este conflicto. Es que uno se da cuenta cuando ellos mismos conversan: mira que al patrullero tal lo mandaron a tal parte para que le den en la cabeza. Entonces creo que lo lógico es que uno, en vez de cargar un fusil, una pistola, debería portar un cuaderno y un lapicero para llegar a la comunidad”.

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