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El manual de la Corte Constitucional para publicar noticias sobre menores de edad sin violar sus derechos

Los medios de comunicación deben estudiar la importancia y la pertinencia de lo que se va a divulgar, esto es, delimitar el contenido de la noticia y valorar si se hace en función del bienestar del menor de edad, asegurándose que la publicación no lo afecte y/o condicione su entorno.

Getty Images

La disputa entre dos padres por la custodia de su hija de diez años, resuelta por un juez de familia a favor de la madre, terminó en una guerra mediática que trascendió a las redes sociales con argumentos de cada parte de tener la verdad, y de contera, el derecho a ganar el cuidado personal y la crianza de la menor de edad.  

Fue un conflicto durante el cual la pequeña se convirtió en un botín de guerra de la expareja y en una especie de “trofeo informativo” para algunos medios de comunicación de Pamplona, Norte de Santander.

El litigio familiar llegó a su climax el 1.° febrero de 2019, cuando medios de comunicación locales publicaron como hecho noticioso un video referente al procedimiento de rescate de la niña ordenado por el juez de familia, debido a que el progenitor se negó a acatar la sentencia judicial que le ordenaba a entregarle su hija a la madre, quien en adelante viviría con ella sin perder de vista el derecho del hombre a visitarla.

Ese día, un medio local publicó un video -que después fue replicado por otras tres empresas periodísticas- acompañado de una entrevista al padre, quien según lo relatado por la señora, “expresa su inconformidad con la justicia, tomando represalias y promulgando improperios y difamando contra mi buen nombre y el nombre de todos los organismos judiciales que hicieron parte de este proceso”. En el texto que acompaña el video del procedimiento, uno de los medios de comunicación, en su perfil de Facebook, afirmó lo siguiente:

“Sucedió en Pamplona norte de Santander con el doctor (…), quien tenía a su hija pero en un procedimiento aparentemente irregular, la mamá de la niña en supuesta compañía de algunos funcionarios de bienestar familiar le quitó la niña en contra de su propia voluntad. Como se registra en el video la niña no quiere venir con la mamá porque al parecer era maltratada. Como se puede presenciar en el video la encargada de bienestar que realiza el procedimiento, lo hace con odio en contra del doctor (…).

Pero el procedimiento, sin embargo, fue legal, los funcionarios sí eran de Bienestrar Familiar y nunca se demostró      que la madre maltratara a la niña, razón por la cual le fue concedida su custodia.

Por eso, la señora interpuso una acción de tutela contra cuatro medios de comunicación al considerar que las publicaciones realizadas vulneraron los derechos fundamentales de la menor de edad, “al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses”.

En la demanda, requirió que se ordenara a los medios de comunicación retirar las publicaciones con los videos del procedimiento de rescate -cuya grabación fue auspiciada por el padre de la niña- y las entrevistas, retractarse desde su perfil de Facebook de las afirmaciones hechas y abstenerse de hacer comentarios y publicar videos que involucren la intimidad familiar de la niña.

Tras una decisión adversa proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, que “negó por improcedente” la tutela, debido a que la demandante no realizó solicitud previa de rectificación ante los medios demandados, el caso fue conocido por la Corte Constitucional.

Ante ese tribunal, un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que dentro de las situaciones en las que se puede ver involucrado el derecho a la imagen de los niños, niñas y adolescentes, son las que se presentan en noticieros, casos en los que “… es necesario contar con el consentimiento del niño, niña o adolescente, para que se exprese su voluntad de participar en el medio, otorgando toda la información sobre la utilización de su imagen y los efectos de tal publicación, para el cabal ejercicio del derecho a la imagen”, al igual que la autorización expresa de los padres o en su defecto del ICBF.

Concluyó que, si bien no se puede desconocer la importancia de garantizar la libertad de expresión, su ejercicio no es absoluto, viéndose limitado frente a otros derechos de mayor prevalencia constitucional como los son los de los niños, niñas y adolescentes.

En su análisis del caso, la Corte Constitucional (sentencia T-610 de 2019), les dio la razón a la madre y al ICBF, y al hacer referencia al ejercicio de la libertad de expresión y de información frente a los derechos de los menores de edad, resaltó que la libertad de información está sujeta a una mayor regulación por parte de las autoridades, cargas que suponen el deber de presentar información veraz e imparcial, y el cumplimiento de ciertos parámetros de responsabilidad social.

Al respecto, en precedentes sentencias la Corte ha señalado que quienes practican la labor periodística deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de hechos que involucre elementos propios de la vida íntima de terceras personas o de sus familias. Esta obligación de cuidado es aún mayor cuando la noticia involucra a un menor de edad, pues por remisión al artículo 44 de la Constitución Política, los derechos de los niños, niñas y adolescentes gozan de una prevalencia especial en el ordenamiento jurídico.

En una función de carácter pedagógico, ese tribunal trajo a colación que el artículo 33 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal que protege toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Asimismo, serán defendidos contra toda conducta, acción o circunstancia que atente contra su dignidad. De ahí, que los medios de comunicación asuman con especial precaución la emisión de cualquier información que los involucre y eviten cualquier clase de sensacionalismo en el manejo de contenidos que presenten noticias o reportajes apresurados o imprecisos, tergiversación de datos oficiales, señalamientos sin fundamento, entre otros.

Añadió que la citada ley especifica que los medios de comunicación deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

Criterios para publicar noticias sobre menores de edad

En su trascendental decisión, el máximo tribunal constitucional precisó los criterios a seguir por los medios de comunicación para la publicación de información sobre menores de edad consignados en la sentencia T-453 de 2013, que tuvo como referencia el informe presentado por Unicef y Save the Children, “Recomendaciones para el tratamiento de infancia, niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación” de 2010, que proporciona pautas concretas para el desarrollo de la actividad. Del informe se destacan tres postulados: i) priorizar siempre el interés superior del niño en la toma de decisiones, ii) proteger la imagen e identidad de los niños y las niñas, y iii) comprobar de forma cuidadosa la fiabilidad de las fuentes.

¿Qué es el interés superior del niño o niña? El principio del interés superior del menor es definido por la ley en Colombia como “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. Su satisfacción está ligada a unos estándares que la Corte ha clasificado entre fácticos y jurídicos. Los primeros determinan la obligación de realizar un análisis de las circunstancias de aquellos casos que involucren a un niño, niña y adolescente, los segundos corresponden a los que deben tenerse encuentra en cada caso y que propenden por el bienestar de los menores de edad.

Guiado por ese interés superior del niño en la práctica informativa, es que los medios de comunicación deben estudiar la importancia y la pertinencia de lo que se va a divulgar, esto es, delimitar el contenido de la noticia y valorar si se hace en función del bienestar del menor de edad, asegurándose que la publicación no lo afecte y/o condicione su entorno. En este ámbito cobra importancia la contextualización del hecho noticioso, evitándose el uso de estereotipos que provoquen una visión sesgada de los hechos a fin de generar un mayor impacto del público.

Así, en los casos en que la noticia pueda llegar a ser dolorosa para el menor de edad, afecte su dignidad o pueda producirle algún perjuicio, no se deben dar datos de su entorno que permitan su plena identificación.

La recomendación para este criterio, dice la Corte, se enfoca en resaltar que la protección a la imagen e identidad no solo se hace extensible a la confidencialidad del nombre o la alteración de la imagen en la que aparezcan, sino también la presentación de cualquier otro elemento que los haga fácilmente identificables, limitándose adicionalmente el uso de información de su contexto personal, como la edad, la mención de la institución educativa a la que asiste, los nombres de sus familiares o la realización de entrevistas abiertas.

Finalmente, en esta especie de manual para el manejo de información relacionada con los menores de edad, el fallo judicial recomienda que los medios de comunicación tienen la obligación de verificar la legitimidad y credibilidad de los hechos a ser noticia en el caso de los menores de edad, pues cargan con una responsabilidad mayor en cuanto a la difusión de información se refiere. Lo anterior, en tanto los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional se encuentran en un riesgo mayor de ser sujetos de arbitrariedades ante publicaciones que los comprometan.

En síntesis, concluyó al Corte Constitucional, “a pesar de la amplia protección al ejercicio de la libertad de información y de prensa, ello no implica que su ejercicio carezca de restricción alguna como si se tratase de un derecho absoluto, como quiera que puede llegar a entrar en conflicto con derechos de terceros. Específicamente, en el caso de los derechos de los menores de edad que ostentan una protección superior, y sobre los cuales, existen normas concretas de protección que los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión e información deben optar por seguir, adoptando mecanismos de autorregulación y cuidado en la presentación de hechos que los comprometan con tal de no afectar sus derechos a la intimidad y a la imagen”.

La libertad de información en el contexto de las redes sociales

Dada la importancia del caso, la Corte Constitucional comentó que con la incursión de las nuevas tecnologías, especialmente las plataformas y redes sociales, la actividad periodística se ha visto afectada ante escenarios y dinámicas que han modificado las formas en que se propaga la información. En este nuevo escenario de intercambio, la difusión se realiza de una forma totalmente distinta ya que los usuarios se han transformado en participantes activos en la reproducción de todo tipo de información, inclusive la de contenido periodístico, asumiendo así, el rol conjunto de fuente y receptor.

En consecuencia, las redes sociales han alterado la forma en que ciertos hechos o noticias logran generar un interés mediático en la esfera social. La replicación de ciertos contenidos por los usuarios de la plataforma hace que cierta información o hechos se vuelvan “virales”. En esa medida, los medios de comunicación han empezado un proceso de adaptación sobre la forma en la que divulgan contenidos informativos, maximizando su capacidad de penetración ante la efectividad sin precedente que han logrado los medios digitales.

Sin embargo, la necesidad de estos medios de mantenerse visibles en todas las esferas públicas, especialmente en la del escenario digital, no modifica la responsabilidad social que conlleva su práctica, observando los principios constitucionales de veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, (iii) y garantía del derecho de rectificación. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el afán de los medios de comunicación para adaptarse a la dinámica de las redes sociales corren el riesgo ya sea; de seleccionar historias que carezcan de interés público o de incurrir en acciones de carácter sensacionalista que afecten derechos de terceros

Así las cosas, para la Corte la libertad de expresión e información como derecho y elemento esencial de la sociedad democrática, si bien goza de una amplia protección jurídica, encuentra un límite claro a partir del respeto de otros derechos como, por ejemplo, el buen nombre, honra e intimidad personal, especialmente en los casos en que se debe cumplir con los principios de veracidad e imparcialidad, y/o las obligaciones derivadas de la responsabilidad social de los medios de comunicación.

Con las anteriores consideraciones, la Corte protegió los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen de la niña, y tras aclarar que aunque por voluntad propia los medios de comunicación retiraron de Facebook el video mencionado, les ordenó pedir disculpas privadas mediante comunicación escrita dirigida a la niña y a sus representantes por haber publicado el video del procedimiento de su rescate y haber difundido datos sensibles sobre su esfera íntima, aclarando que con ello se transgredieron sus derechos a su intimidad e imagen; indicando que se abstengan de incurrir en conductas similares que desconozcan el principio de responsabilidad social que ostentan los medios de comunicación frente a los derechos de los niños, niñas y aolescentes.([email protected])

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* RICARDO ÁVILA PALACIOS / El Espectador

Nacional

El manual de la Corte Constitucional para publicar noticias sobre menores de edad sin violar sus derechos

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