'El obstáculo de la restitución es la Fiscalía'

Entrevista con Carmen Palencia, presidenta de Tierra y Vida.

Carmen Palencia. /Archivo
Carmen Palencia. /Archivo

A pesar de los avances en el tema de restitución de tierras en el que ya se ha fallado a favor de algunas víctimas, las amenazas contra los líderes que adelantan estos procesos no cesan. Las intimidaciones más recientes fueron dadas a conocer por la Oficina de Derechos humanos de la Naciones Unidas en Colombia, que denunció que cinco líderes de tierras fueron amenazados de muerte a través de panfletos.

Se trata de Jorge Solano, integrante de Tierra y Vida en el Catatumbo (Norte de Santander); Carlos Páez, representante legal de algunos procesos que se adelantan en el Urabá; Manuel Mercado, secretario de Tierra y Vida en Urabá; Gerardo Vega, director de Forjando Futuros; y Carmen Palencia, presidenta nacional de Tierra y Vida, organización que en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Paz. En entrevista con El Espectador, Palencia manifestó sus inquietudes por la situación que actualmente viven algunos líderes de restitución y agregó que mientras sienten avances del Gobierno, sienten que la Fiscalía está obstaculizando estas iniciativas al no procesar a quienes son responsables de los despojos.

¿Cuáles fueron las recientes amenazas?

En Urabá las amenazas surgieron debido al avance de restitución de tierras en esta zona del país. Las solicitudes ya están siendo documentadas en la Unidad de Restitución de Tierras y algunas están listas para ser presentadas ante un juez agrario. Las personas que están detrás de las intimidaciones están muy pendientes de esta situación que le genera muchas presiones. En el Catatumbo (Norte de Santander) tenemos capítulos abiertos en 15 municipios. Ahí llegó un panfleto en el que amenazaban al coordinador de la región y a mí. También han hecho panfletos contra el coordinador de La Guajira. Nos sentimos muy amenazados.

¿Qué otras cosas han hecho en su contra?

Cuando estuve por el Urabá supimos que 15 minutos después de que yo me fuera llegaron unos hombres para matarme. No lo habían hecho antes porque, supuestamente, allí estaba un padrino mío, pero no sé de quién hablan. Yo solo me he aliado con Dios y organizaciones que luchan por la restitución de tierras y las víctimas. Nosotros nunca hemos tenido padrinos ni mucho menos nos hemos aliado con personas de mala calaña. Nos distinguimos por ser personas rectas que queremos fortalecer el proceso de reparación a las víctimas y restablecimiento de los derechos, por eso tenemos que rodear el proceso de paz y la implementación de la ley 1448 (Ley de Víctimas).

¿Quiénes estarían detrás de las amenazas?

Creemos, por ejemplo, que podrían venir de Felipe Echeverry, que está siendo procesado y ya fue notificado de que debía desalojar las tierras que despojó. Otro caso particular se presentó en el foro de víctimas de Revista Semana , en el que se presentaron unas personas que decían ser parte del consejo comunitario de Curvaradó (Chocó), pero resulta que es un consejo paralelo creado en el gobierno anterior. Éste fue creado por empresarios a quienes les van a quitar las tierras. Tienen personas para repartir panfletos, hacer bulla y declarar falsamente. Ahí hay un señor que se llama Germán Marmolejo, él estuvo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a las afueras mostró unas pancartas intimidatorias contra Gerardo Vega y contra mí. En ellas decía que el premio de paz estaba manchado de Sangre. Son amenazas muy fuertes y que vienen desde antes. La verdad no sé por qué la fiscalía no ha querido investigar.

¿Cuál es la problemática que se vive en zonas cono el Urabá y el Catatumbo?

La Unidad de Restitución ha avanzado notablemente en el tema de documentar las demandas y en los procesos de despojo ante jueces agrarios. También hemos parado algunos desalojos que no se deberían realizar porque han intentado sacar algunas familias que en realidad sí son dueñas de las tierras, como el caso de Turbo (Antioquia). Nosotros hemos adquirido las tierras a través de la legalidad y hemos tenido estos desalojos que en realidad son nuevos despojos. Esto nos ha provocado las nuevas amenazas y panfletos. El pasado domingo amenazaron al abogado que adelanta los procesos de restitución de tierras en esa región, una persona totalmente honorable y miembro de la Fundación Forjando Futuros, que por estar ayudando en estos casos ha sido intimidado.

¿En qué situación se encuentran los líderes de restitución de tierras?

El tema de los líderes es supremamente delicado debido a que la Fiscalía y los jueces no han querido actuar en contra de los despojadores. Ya se lo dijimos al presidente Santos: aplaudimos estos procesos, pero hasta tanto al Fiscalía y jueces no ataquen y judicialicen a los despojadores que ya están identificados la justicia no a va a funcionar de una manera acelerada. El principal obstáculo que tiene la restitución de tierras es la Fiscalía por su inoperancia. En las fiscalías regionales no se habla el mismo idioma que a nivel central, y ese es el principal problema.

¿Se les está brindando la protección necesaria?

No a todos. Ahora tenemos que decir que sí porque la Unidad Nacional de Protección está haciendo lo que le corresponde y con lo mínimo que le dan. Yo tengo tres escoltas, un carro blindado y tengo a mi disposición los recursos para moverme medianamente segura. Pero en las regiones la situación es diferente porque la gente convive diariamente con sus victimarios. Las víctimas salen a la plaza de mercado, a un almacén o a la iglesia y se los encuentra. Es muy difícil que existan garantías de protección mientras no se adelanten procesos judiciales contra los despojadores.

¿Han sido significativos los avances del Gobierno para la reparación de las víctimas?

Por supuesto que sí. La entrega de las tierras es muy importante porque eso va de la mano con el tema de seguridad y garantías de los derechos de estas comunidades.

¿Cuál es el panorama nacional respecto al tema de víctimas?

Hay que rodear el proceso de paz, pero la negociación entre las Farc y el Gobierno no es la única parte del conflicto. La otra parte son estas bandas que tienen una fuerte presencia en las regiones y que son las responsables de las muertes de los líderes reclamantes de tierras. Además, son los que definen qué alcalde administra y a quién le corresponde cada secretaria. Estas bandas que son los mismos paramilitares han creado grupos anti-restitución que ya están operando en distintas zonas del país.

Usted dijo en el foro del Proyecto Víctimas de la revista Semana que “las víctimas estamos haciendo nuestros aportes, incluso con nuestras vidas”.

En el país todo el mundo aporta al fin del conflicto. Las ONG, con gente capacitada que defiende, educa y ayuda a las víctimas. También disponen de recursos para financiar abogados y topógrafos para desarrollo social. El Gobierno se la está jugando porque ya hay organizaciones que tienen mucha experiencia y en verdad les interesa que exista una paz verdadera. Por nuestra parte, entregamos todo lo que teníamos: nuestros proyectos de vida porque no podemos volver a nuestras tierras; dejamos a un lado a nuestras familias y propiedades; hemos sido revicitimizados; a nuestros compañeros que han sido asesinados; y con nuestra vida. Hay que hacer un llamado a la sociedad entera porque hay algunas personas que todavía están en la postura de que la paz tiene que llegar por la fuerza de los fusiles y eso no es cierto. Nosotros tenemos de nuestro lado la verdad y estamos convencidos de que podemos vivir en un país con justicia verdadera.

 

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