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hace 3 horas
OPINIÓN

El paro y la a-sincronía en el funcionamiento del Estado

El 21 de noviembre de 2019 -21N-, Colombia mostró un hecho transcendental de movilización social como consecuencia del llamado al paro nacional.

Gustavo Torrijos

 

 
 

 

En lo corrido del milenio, el 21N se convierte en un hito, en el cual el país experimentó una convergencia de diversas fuerzas sociales que salieron a las calles a exigir diferentes demandas, tal y como ha sido consignado en la agenda de negociación por el Comité Nacional del Paro. Esta expresión social que vivió el país, posiblemente es explicada por la dislocación entre la orientación del Estado; las instituciones y organizaciones; y los movimientos sociales en protesta. 

La orientación y funcionamiento del Estado, se explica por tres factores fundamentales: i), las instituciones, conjunto de normas y leyes que definen las restricciones, y establece las condiciones del desarrollo económico y social, y definen los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas; ii), las fuerzas sociales y políticas representados en diferentes grupos de interés (Ej. partidos políticos, gremios, etc.), y, iii), la burocracia del Estado que se muestra como una estructura de gobernabilidad responsable con el desarrollo y ejecución de las políticas públicas.

Asumiendo que los tres factores funcionan de manera sincrónica, sistémica, funcional y operativa, se podría estar hablando de una orientación del Estado garante del desarrollo y del bienestar social. Cuando estos factores presentan asimetrías de información, son disfuncionales, asincrónicos, capturados por grupos de interés y que no representan al conjunto de la sociedad, se podría decir que el Estado entra en una condición vulnerable y de fallas de gobierno. Expresión que  se ha visto reflejada a partir del 21N entre el antagonismo de los movimientos sociales de protesta y los partidos políticos, la percepción de la corrupción en la orientación burocrática del Estado y las nuevas exigencias por cambios estructurales para acceder y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Con las movilizaciones masivas del 21N, el país vuelve a reivindicar el derecho constitucional a la protesta. El 21N mostró el surgimiento de una gran movilización ciudadana reclamando múltiples demandas sociales insatisfechas, se configura un nuevo entorno que permite identificar fronteras tradicionalmente invisibles en la sociedad colombiana. En este entorno emerge un espacio de demandas de los grupos sociales excluidos, sin ninguna representación política y que no han obtenido respuestas frente al Estado y a las organizaciones que tradicionalmente influyen recurrentemente en las decisiones del Estado.

Un resultado de las protestas sociales y de la agenda de negociación del Paro es la reacción del Gobierno y de las fuerzas políticas. Las demandas derivadas de los movimientos sociales en  protesta empiezan a tener eco, en lo que Cohen y Arato denominan la política de influencia. En efecto, los diferentes funcionarios del gobierno, mandatarios locales, gremios de la producción empiezan a comprender la complejidad del estallido social inconforme que se viene dando en las calles. 

El discurso de las  calles ha generado reacciones al interior del Gobierno encabezado por el Presidente como un hecho inédito al establecer un espacio de Conversación Nacional que pretende construir confianza entre los ciudadanos y las instituciones y definir una hoja de ruta que contribuya a cerrar las brechas sociales en el largo plazo. La Conversación nacional busca un mecanismo para facilitar la participación y el diálogo social que le permita al Gobierno recibir propuestas de la sociedad civil  y persuadir el movimiento social salir de las calles, estableciendo como fecha límite el 15 de marzo.

Una de las principales causas de las protestas sociales, sin lugar a dudas, y que se ha evidenciado en varios países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia y ahora Chile y Colombia, es el agotamiento del enfoque orientado al mercado como modelo de desarrollo, que en buena parte se asocia al Consenso de Washington o bajo las premisas del Neoliberalismo. El 21N fue concebido por los movimientos sociales en protesta como la agenda para negociar con el gobierno referente a la exigencia “Por la Vida y la Paz” y por el denominado “Paquetazo de Duque” frente a las acciones que los gobiernos han tomado de las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y recientemente por la adhesión del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-.

Los recientes movimientos sociales de Chile y de Colombia 21N, se dan a pesar de los buenos resultados en términos económicos. Las demandas de los movimientos sociales en protesta están relacionadas con un modelo de intervención por parte del Estado que no ha podido dar respuestas al conjunto de expectativas de la sociedad civil, o demandas que requieren una trasformación del aparato productivo incluyente, que permita una mayor generación de empleo y garantice derechos económicos y sociales como la seguridad en materia de salud, educación, pensiones, el derecho al trabajo, entre otras. Aspectos que distancian, al gobierno sobre su iniciativa de la conversación nacional y de los movimientos sociales de continuar en las calles.   

 

*Jesús Alberto Villamil, Profesor Asociado Facultad de Ciencias Económicas, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)

*Encuentre el análisis aquí: 

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Jesús Alberto Villamil*

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El paro y la a-sincronía en el funcionamiento del Estado

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