El pleito de tierras que retrasó la construcción del colegio de Shakira en Cartagena

El 17 de febrero la Fiscalía imputará cargos a seis miembros de la organización conocida como “los Hernández”, quienes durante años han alegado ser dueños de parte de los predios en los que la Nación y Cartagena harán el segundo colegio que la cantante donó a la ciudad.

María Paula Ardila / @mariap_ardila
07 de febrero de 2020 - 03:53 a. m.
Ha pasado más de un año desde que Shakira puso la primera piedra de lo que sería el megacolegio Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena. / Cortesía Fundación Santo Domingo
Ha pasado más de un año desde que Shakira puso la primera piedra de lo que sería el megacolegio Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena. / Cortesía Fundación Santo Domingo

Ha pasado más de un año desde que Shakira puso la primera piedra de lo que sería el megacolegio Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena. “Serán 2.160 niños los que se atenderán, sobre unos terrenos que suman 20.500m² de oportunidades educativas para cimentar el camino de la paz”, dijo la cantante barranquillera en noviembre de 2018. Sin embargo, el proyecto que debía estar listo para junio de 2019, hasta ahora pudo arrancar debido a una problemática de tierras que involucra a la Fundación Mario Santo Domingo y a los Hernández, una familia que alega ser dueña de estos terrenos.

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La historia tiene más de una década. En 2008, el Gobierno adoptó el macroproyecto de interés social nacional Ciudad del Bicentenario mediante la resolución 2362 de 2008, la cual fue modificada en 2012 y que pretendía brindar aproximadamente 65.000 soluciones en vivienda. Se trata del macroproyecto de Vivienda de Interés Social más grande del país, dentro del cual se está desarrollando el megacolegio Pies Descalzos Villas de Aranjuez. Este proyecto, ubicado en la ciudad de Cartagena, comprende 388 hectáreas y cuenta con una inversión de aproximadamente 150 mil millones de pesos. El gestor de la obra es la Fundación Mario Santo Domingo.

“Al ser una fundación, lo que se hizo fue entregar las tierras como garantía a la fiduciaria del Banco de Bogotá y los beneficiarios de dicho proyecto son la Alcaldía de Cartagena y el Ministerio de Vivienda”, explicó Ecker Machado, director jurídico de la Fundación Mario Santo Domingo, quien agregó que como gerentes del proyecto y al llegar a la región, identificaron el surgimiento de un problema de tierras. “Apenas se empezó a anunciar la llegada de un macroproyecto de vivienda a la zona, inmediatamente llegaron amenazas contra la propiedad, intentos de invasión y reclamaciones jurídicas, todas fraudulentas”.

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Como lo documentó este diario en febrero del año pasado, Manuel Hernández, quien hace parte de la familia que dice ser dueña de una parte de los terrenos, presentó una denuncia en la Fiscalía en enero de 2018 con el objetivo de frenar la obra. Sus argumentos: supuesto fraude procesal, falsedad en documento público y privado, así como transferencia de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales. 

Días antes de esa publicación de El Espectador, Elkin Gómez Izquierdo, uno de los abogados que representa los intereses de la familia Hernández, había dicho en Noticias Uno que  “personas inescrupulosas además con títulos espurios y situaciones que no pueden demostrar, se quieren apropiar de la tierra y los están despojando (a los miembros de la familia Hernández) …hasta se han presentado seis muertes”. 

Pero los reclamos de los Hernández no surtieron el efecto que ellos esperaban. Su primer revés tuvo lugar ante la Corte Constitucional, que 2019 tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la Fundación Mario Santo Domingo y dejó sin efectos las actuaciones de un proceso policivo que inicialmente había favorecido a los Hernández en la Inspección de Policía de Bayunca. El terreno reclamado en ese caso era de 47 hectáreas.

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¿Qué dicen al respecto los Hernández? Carlos Otálvaro, abogado de una parte de esa familia, explicó a este diario que luego de que la Inspección de Policía de Bayunca amparara a los Hernández en ese pleito específico, algunos de ellos fueron capturados por una presunta perturbación. “A raíz del amparo que recibieron los Hernández, declararon insubsistente al inspector de Bayunca. Han cambiado cinco inspectores en ese proceso y cada vez que había un avance a favor de la familia, sacaban al inspector. Eso llevó a que casi todos los inspectores de la zona se encuentren impedidos, por eso el caso llegó hasta Arroyo Grande”.

La tesis de que los Hernández son los dueños cuenta con el respaldo de algunos políticos locales como el concejal Óscar Marín (del partido Conservador), quien dice que ellos tienen la documentación que lo demuestra.  

¿Y cuál es la versión de la fundación Santo Domingo? Álvaro González, director de territorio en Cartagena de esa Fundación, le dijo a El Espectador que el citado inspector de Bayunca había sido abogado de los Hernández, por lo que en sus actuaciones en el caso había visos de ilegalidad. “Con todo y eso, el señor les dio el amparo. Nosotros pusimos una tutela y obviamente la fallan en contra de nosotros, por lo que solicitamos a la Corte Constitucional que revisara el fallo y efectivamente la Corte dice ‘sí señor, ese fallo está raro, devuelva el proceso a su etapa original’”. En la sentencia T-176 de 2019 la Corte Constitucional resolvió tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la Fundación Mario Santo Domingo y dejar sin efectos todas las actuaciones surtidas en el proceso policivo.

Otros casos 

González además explicó que otro terreno del proyecto, esta vez de 14 hectáreas, fue ocupado por diferentes familias: “Se presentó una invasión que fue paulatina. La alcaldía no realizó el control de manera efectiva. Por lo tanto, en ese pequeño terreno, que representa el 3 % del macroproyecto, se consolidó una invasión. Hubo gente de la familia Hernández que efectivamente se metió en el terreno y empezaron a comercializar fraudulentamente”. Agregó que por esta situación, la fundación promovió una acción popular que fue fallada en contra del distrito por negligencia. 

Una tercera arista del pleito tuvo desarrollo en julio de 2019, cuando la Inspección de Policía de Arroyo Grande ordenó el levantamiento del statu quo decretado el 31 de mayo de 2018 sobre un predio de 171 hectáreas también reclamado por parte de la familia Hernández. La decisión significaba, ni más ni menos, que la obra hasta entonces congelada podría continuar y, de hecho, lanzó un mensaje concreto en torno al pleito: “Una vez finalizada la inspección del inmueble podemos afirmar que los querellantes no tienen razón para alegar que su posesión sobre las tierras está siendo perturbada, por la sencilla razón de que no se observó posesión de ellos sobre las mismas. No es posible perturbar la posesión de un bien cuando ni siquiera este se tiene. Se ha determinado claramente que no existe poseedor diferente a la Fundación Mario Santo Domingo”, se lee en dictamen pericial.

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El próximo 17 de febrero, la Fiscalía General de la Nación realizará un segundo intento por imputarle cargos a los Hernández, por los delitos de concierto para delinquir, invasión agravada, fraude a resolución judicial, obtención de documento público falso, fraude procesal, urbanización ilegal y estafa agravada. La diligencia no ha sido posible debido a reiterados aplazamientos solicitados por los indiciados. 


Mientras tanto, los cartageneros -y en particular, los niños de la zona de Villas de Aranjuez-  siguen a la espera del prometido megacolegio Pies Descalzos, el mismo que debería estar listo desde junio de 2019 y que por ahora sigue en proceso. 


*El Espectador hace parte de Comunican S.A., empresa que hace parte del conglomerado de medios de comunicación del Grupo Santo Domingo.

Por María Paula Ardila / @mariap_ardila

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