El pleito entre indígenas y constructores por reinicio de calzada en Sincelejo

Pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender la segunda calzada Sincelejo–Toluviejo hasta tanto se surta la consulta previa, el consorcio Autopistas de la Sabana continuó con las obras. Argumentan que actúan apegados a la ley mientras que la comunidad advierte irregularidades. ¿Quién tiene la razón?

Los problemas con la culminación de la segunda calzada Sincelejo-Toluviejo y los indígenas del cerro de la Sierra Flor en Zenú, Sincelejo, parecen no terminar. La más reciente denuncia de la comunidad advierte que el concesionario Autopistas de la Sabana reinició trabajos en los dos kilómetos que hacen falta para concluir la obra, pese a que la Corte Constitucional la frenó hasta tanto no se cumpla con la consulta previa. (Lea el contexto: Indígenas denuncian a magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre por prevaricato)

“Se suspenderán las obras de la segunda calzada de la vía Sincelejo-Toluviejo en el tramo que corresponde al cerro de la Sierra Flor, con el fin de que se presente una concertación guiada por el principio de buena fe y se obtenga el consentimiento libre e informado de la comunidad (...) esto es indispensable para detener el deterioro cultural y espiritual que están sufriendo los grupos demandantes”, se lee en la sentencia T-436 de 2016 de la Corte.

Sin embargo, el concesionario vial indicó que la suspensión ordenada por el Alto Tribunal solo prohíbe realizar trabajos en 150 metros de la Sierra Flor, tramo que los indígenas reclaman afecta territorio sagrado. Además, explican que ya han organizado al menos 14 reuniones con la comunidad y no se ha podido llegar a un acuerdo.

Según el gerente de Autopistas la Sabana, Salomón Niño, “luego de ese fallo la comunidad pidió aclaración a la sentencia para ampliar el área de prohibición y la Corte negó sus pretensiones y ratificó que solamente se deben suspender los trabajos en los 150 metros ordenados”.

Por otra parte, los indígenas reclaman que la Policía “vulneró sus derechos” al hacerle acompañamiento a la obra desde la primera semana de mayo cuando, por medio del uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras y buldócers, el consecionario inició cortes y extracción de material en el cerro. (Ver anexo)

Así lo explicó el presidente de la Veeduría Sincelejómetro, Norbey Moreno, al señalar que “Autopistas de la Sabana fue a donde el coronel Julio César Sánchez Molina a pedir acompañamiento y este le pasó un oficio al Tribunal Administrativo de Sucre pidiendo que lo autorizara. Lo extraño es que el comando no esperó a tener la respuesta del Tribunal para hacerlo”.

¿Amenazados de muerte?

Luego de lo que los indígenas calificaron como una intervención inconsulta y arbitraria a su territorio ancestral”, los enfrentamientos entre la empresa de infraestructura y los habitantes de la zona empeoraron, tal como lo manifestó el capitán indígena del Cabildo Flores de Chinchelejo, Luis Rafael Martínez Martínez.

“Recibimos agresiones verbales por parte de los trabajadores del concesionario vial cuando estábamos protestando, hasta el punto que hacían maniobras con su maquinaria para echarlas contra nuestra integridad. También recibimos malos tratos verbales por parte del gerente de proyectos de Autopistas la Sabana, Rafael de Voz Rodríguez, y del abogado regional del concesionario, Jorge Hernán Garzón”, se lee en la denuncia que instauró el cabildo en la Fiscalía.

A pesar de esto, de acuerdo con el señalamiento del líder indígena, lo más grave fue que en medio de las confrontaciones, cuando alegaban que no existía una orden judicial que autorizara dicha intervención, el coordinador de gestión predial del concesionario, José Fernando Morales Vergara, lo amenazó de muerte.

“El señor Morales Vergara me llamó aparte y me dijo: ‘Le voy a mostrar la orden judicial pero prométame que no la romperá porque es la original’ (...) entonces llegamos hasta una camioneta doble cabina Toyota Hilux de color blanco, abrió la puerta derecha de atrás y de un bolso sacó una arma, me la mostró, y me dijo: ‘cómo te estás haciendo matar por este cerro hijueputa, aquí te vamos a enterrar indio malparido, te estás metiendo con los intereses de Jairo Merlano, indio hijueputa”, describió el líder indígena.

Al Jairo Merlano al que se refiere el coordinador Morales Vergara en su amenaza es a su excuñado, el exsenador Jairo Enrique Merlano Fernández, condenado por nexos con el jefe paramilitar de Sucre Rodrigo Mercado Pelufo y que cumple en este momento una pena de siete años de prisión con beneficio de detención domiciliaria.

Al respecto, la empresa indicó que los ataques provienen de la comunidad y que Morales Vergara es un funcionario con principios. "José Morales es un abogado que podría decir, nunca se atraveria a hacer algo así, conozco sus principios y esa no es nuestra política ni nuestra forma de actuar. La verdad es que los indígenas no nos dejan trabajar en los últimos 2 km que falta de una concesión de 18 km. En días pasados nos rompieron una volqueta con los bastones de manso que tienen y a los carros les botaron bolsas con estiércol”, explicó Niño. 

“Esas comunidades nacieron con el proyecto”

Además de creer que los indígenas están dilatando el proyecto por intereses particulares, debido a la falta de cooperación en los intentos de consulta previa que dicen han tenido, Autopistas de la Sabana manifiesta que esta comunidad comenzó a aparecer en zonas de la concesión seis años después de iniciar su construcción.

“Esta concesión de tercera generación arrancó en 2007 y para ese entonces anunciamos cero comunidades. Sin embargo, para 2013 empezaron a aparecer indígenas que nunca habían estado antes y que dicen que han estado toda la vida. Falso. Así el proceso está viciado porque asaltan la buena fe. Esa comunidad no existe dentro de los registros del Ministerio del Interior porque nació con el proyecto”, señaló el gerente. 

Asímismo, advirtió que el mecanismo de consulta previa no está claramente definido en la legislación y se hace difícil concertar porque no hay cómo cuantificar lo que se alega. 

“Con esas consultas toca casi que arrodillarse frente a las pretensiones de la comunidad y se están aprovechando. Por ejemplo, en principio pidieron que les diéramos acompañamientos con asesores para entender todo el proceso de consulta previa, pero nos exigían pagarles a esos supuestos asesores 200 millones de pesos. ¿Y sabe quién era uno de ellos? Norbey Moreno, el veedor”, comentó el gerente del concesionario.

Autopistas de la Sabana agregó que los indígenas también solicitan para las reuniones de consulta previa recursos para transporte, comida y logística, a pesar de que a veces no asisten. “Parece que solo quieren sacar beneficio propio y lo que están haciendo es corromper los proyectos de infraestructura importantes del país", concluyó.

 

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