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La Institución Promotora del Aprendizaje (IPA) se creó en 1972 con el objetivo de ofrecer un espacio pedagógico y terapéutico a niños con dificultades de aprendizaje para que alcanzaran un desarrollo escolar e integral adecuado. El colegio está ubicado en Bucaramanga y cuenta con 21 aulas, cada una para 15 niños. Tiene jornadas en la mañana y en la tarde. El centro educativo ofrece los cursos desde transición hasta quinto de primaria.
Un grupo de 32 niños graduados del último año de primaria del IPA esperan acceder a los estudios de secundaria en dicha institución, pero la Secretaría de Educación de Bucaramanga asegura que no abrirá ese curso y que deben buscar otros colegios.
Algunos de los requisitos para ingresar a la institución es ser mayor a cinco años, presentar una valoración neuropediátrica, garantía de control de esfínteres y suscripción como compromiso de adherencia al tratamiento farmacológico. Actualmente, la mayoría son niños con diagnóstico de hiperactividad, déficit cognitivo, dificultades de lectoescritura, y carencias socio-emocionales. Para atender estas necesidades, la institución ofrece áreas de servicio terapéutico como psicología, fonoaudiología, terapia física y ocupacional.
“Bucaramanga tiene 1.700 niños que perfilan algún trastorno o nivel de discapacidad, yo tengo un promedio de 450 niños con estos perfiles”, dijo Esperanza Vera Arias, directora del IPA, quién desde 2018 solicitó a la Secretaría de Educación de Bucaramanga la aprobación de la apertura del grado sexto debido a las dificultades que presentaban los padres de familia para acceder a la educación secundaria en otras instituciones.
La inclusión escolar, un decreto indiscutible
El tema esencial es la percepción que se tiene acerca de la inclusión escolar. En 2017, el ministerio de Educación estableció el decreto 1421, en el que se reglamenta dentro del marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos y ordena a las entidades públicas efectuar una inclusión real y efectiva de esta población a la sociedad.
Ante esto, Vera indica que la administración pública “piensa que los niños están acá segregados y que deben ser incluidos en otros colegios, y esto suena muy bonito, pero hay una confusión en el tema porque un niño puede estar cinco años haciendo el mismo grado, entonces no hay un avance".
De este modo, la negación de la apertura del grado sexto representa una desventaja para aquellos niños que salen del IPA y se someten a procesos complejos para completar su ciclo escolar. La directora manifestó que la secretaría de Educación de Bucaramanga no tiene ningún fundamento para impedir que se abra el grado sexto ya que ella, además de ser rectora de la institución, es supervisora de educación secundaria y asegura que el plan diseñado cumple con los requisitos exigidos para hacerlo y no existe argumento administrativo, pedagógico, jurídico o técnico para impedirlo.
¿Qué dice la Alcaldía?
La secretaria de educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, habló con Periódico 15 sobre el caso y afirmó que el grado sexto no abrirá en el IPA porque “estaría violando lo que el Ministerio de Educación dice: tiene que incluir y no segregar. Yo no tengo herramientas legales así quisiera permitirlo y eso lo conoce la directora del IPA”.
Bajo el argumento de regirse por la ley 1421 de 2017, Rueda Vivas manifiesta que el problema fue que, aun conociendo la posición del ministerio sobre el asunto, la directora hizo “promesas” a los padres de familia y eso ha provocado marchas y tutelas aduciendo que su derecho a la educación está siendo violentado.
La secretaría de Educación manifiesta que los padres de familia confunden la discapacidad con un problema médico y quieren que la entidad se encargue también de las terapias cuando es la IPS contratada para cada niño la que debe hacerse cargo. Asimismo, agregó que el Estado debe velar por la preservación de los derechos de los niños.
Por esto, todas las instituciones deben abrir las puertas para atender a las personas con discapacidad por mandato constitucional y por el decreto de inclusión. Los rectores que manifiesten alguna acción discriminatoria contra esa población entrarían en un proceso disciplinario y si no es atendido, causaría la destitución del cargo.
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La perspectiva de los padres de familia
Johana Amparo Carvajal Pineda tiene 41 años y tres hijos. Una de ellas es Paola Andrea Lagos Carvajal, de 12 años, quien hace parte de los 32 niños que se graduaron de quinto primaria en el IPA y no han sido aceptados en ninguna institución.
La menor presentó problemas psicológicos desde segundo grado, cuando su hermana menor murió, luego su padre se accidentó y en el colegio donde estudiaba, al parecer, la profesora la gritaba y trataba mal. La niña cayó en depresión. La enfermedad ocasionó en ella un bloqueo mental que no le permitía recordar todos los conocimientos adquiridos hasta ese momento. Después de dos años, su madre desesperada por no encontrar un colegio adecuado y a la vez que pudiera costear, decidió aplicar al IPA.
“El colegio es excelente. La niña avanzó mucho y los profesores les dan mucho amor. Cuando me dijeron que iban a abrir sexto desde el año pasado yo me puse contenta y dije 'la voy a meter ahí'”, contó la madre de la menor.
La niña estudió los grados cuarto y quinto en el IPA, ahora está recuperada y su depresión ha disminuido en gran manera. Las calificaciones son altas en todas sus asignaturas y afirma querer seguir estudiando en el IPA porque se siente aceptada.
Johana Carvajal ha intentado que su hija sea aceptada en dos instituciones aledañas al barrio Porvenir (Bucaramanga), donde viven, pero en ellos las matrículas les han sido negadas. Buscó ayuda en la secretaría de Educación, pero, según ella, la entidad no le puede asegurar cupos a todos los estudiantes del IPA.