Por: Columnista invitado

El proceso de nulidad electoral de la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander

Por: Carlos Alberto Bolívar Corredor*

Este jueves 11 de julio, la sección Quinta del Consejo de Estado, deberá decidir sobre el actual proceso de demanda de nulidad electoral del Rector de la UFPS (Norte de Santander), Héctor Parra López, elegido en junio de 2018, y que cursa bajo la coordinación de la Magistrada ponente Rocío Araujo Oñate.  

Como es de esperarse, la comunidad universitaria de este centro de educación superior, que integra un poco menos de 18.000 estudiantes en la sede central de Cúcuta,  un poco menos de 7.000 estudiantes en la UFPS Seccional Ocaña;  230 profesores de planta y un poco más de 800 catedráticos, esperan con enorme expectativa el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la demanda de nulidad electoral de Héctor Parra como rector, que está basada en la prohibición legal de reintegrar pensionados a la función pública.

Desde el inicio de la convocatoria del proceso de designación de la Rectoría de la UFPS para el periodo 2018 – 2021 (tres años), se mantuvo vigente la prohibición legal de reintegrar a pensionados, entre otros, al cargo de Rector(a) Universitario.

El señor Héctor Parra como pensionado jubilado de la UFPS, se inscribió en el mes de mayo de 2018, y manteniendo su “inelegibilidad” para ser designado, lo dejaba inhabilitado para ser posesionado como rector de la UFPS durante todo el proceso de convocatoria. Miembros de la Comunidad Universitaria advirtieron al Consejo Electoral y al Consejo Superior Universitario con conceptos allegados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Ministerio de Educación. No obstante, fueron desconocidos y el proceso continuó sin excluir de los tarjetones de la consulta al señor Parra.

Este quebrantamiento de las normas jurídicas contó con respaldo político nacional al momento en el que sólo cinco días antes de la designación de rector(a) de la UFPS (26 de junio 2018), se expidió con firma presidencial el Decreto 1037 de 2018 del 21 de junio de 2018, añadiendo la excepción del cargo de rector a la norma que permitía reintegrar pensionados a la función pública. Lo que puede interpretarse como una normativa fast-track, que simbolizó en la universidad un motivo más para idealizar el poder político de Parra, soportada por el poder clientelista de la casa dirigida por Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Juan Manuel Santos.

Lo que resultó más preocupante de este proceso es que a pesar de las contundentes intervenciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el ministerio de Educación, el Consejo Superior Universitario (CSU) sometido en su mayoría de manera incondicional al señor Parra, desacató la medida conminatoria notificada por el ministerio como órgano de inspección y vigilancia de la UFPS.

Este solo desacato provocó que el pasado 13 de junio la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, expidiera la Resolución No. 006209 en la que ordenó la apertura de investigación administrativa preliminar a consejeros y directivos de la Universidad Francisco de Paula Santander por habilitar la participación y designar a una persona que se encontraba inhabilitada para ejercer el cargo de rector.

Una resonada pregunta que se hacen hoy distintos sectores de la ciudadanía es: ¿Por qué el Consejo Superior Universitario (CSU) designó empecinadamente al señor Héctor Parra López como rector para un sexto periodo de rectoría, (habiendo sido rector desde 2000 al 2015), aún con una conminación de multa de hasta 500 SMMLV?

Con este episodio quedó demostrado que la universidad que lleva por nombre al Hombre de las Leyes desconoció y actuó quebrantando de modo arbitrario la ley.

Ante la burla que se hizo al designar a Héctor Parra (quien desde la inscripción estaba inhabilitado por su ilegibilidad), la Veeduría Ciudadana Procura UFPS, que represento legalmente, y el Sindicato de profesores Universitarios ASPU- UFPS, demandamos ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el día 7 y 8 de agosto de 2018 el acuerdo 029 de 2018 con el que se designó como rector a Héctor Parra López.

Después de un largo proceso contencioso de  ocho meses,  el Tribunal emitió un  fallo de primera instancia el 3 de abril del 2019,  que declaró nula esta designación, pero que también derivó en una extralimitación del Tribunal al ordenar a la UFPS “rehacer la convocatoria de elección”. Esta decisión judicial fue apelada en razón a que vulneraba los derechos adquiridos de las personas que participaron en todo el proceso democrático de designación, en otros términos, se desconoció la lista de elegibles que quedó en firme dentro del proceso.

La ciudadanía se encuentra ávida de una decisión judicial que ponga fin a un modelo que no ha sido sano para el desarrollo de los preceptos misionales de la universidad, atrasando la evolución de este centro de educación superior como proyecto  de transformación económica, social y cultural para la región y la frontera.

Es por esto, que lo más esperado en términos de derecho y seguridad jurídica en el trasfondo de este proceso, es que la Sección Quinta acoja, aplique y respete la sentencia de unificación donde se dispone que en casos donde no existió vicio procesal en la elección y además quedó en firme una lista de elegibles con candidatos aún habilitados, lo que sucede a la nulidad electoral es ordenar repetir la sesión de designación con las personas aún expectantes del derecho a ser elegidas, en  tanto que ya existen derechos adquiridos o expectativas ciertas tras haberse surtido el procedimiento electoral.

Finalmente, la comunidad universitaria y los diversos sectores sociales,  económicos y culturales  del Norte de Santander,  esperan  que este jueves 11 de julio se conozca un fallo riguroso, transparente y en derecho por parte del Consejo de Estado, sin las perturbaciones a las que se suele recurrir muchas veces en un país como el nuestro, cuando los intereses políticos y económicos de un grupo de poder se encuentran ad portas de la pérdida de su statu-quo.

* Representante legal y Veedor de Procura UFPS

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