El reclamo campesino en el censo agrario

Campesinos del Cauca exigen que se les reconozca como sujetos de derecho, como sí ocurre con indígenas y afrodescendientes.

Los campesinos piden ser sujetos de derecho y participar en el diseño del Censo Agropecuario. / Luis Ángel

En pleno desarrollo del Censo Nacional Agropecuario, y cuando parecía que los cuestionamientos iniciales que se le habían hecho por su implementación en plena campaña electoral estaban superados, el Gobierno tendrá que lidiar ahora con un reclamo que amenaza con frenarlo: el de los campesinos —principalmente de 13 organizaciones sociales del Cauca— que pusieron el grito en el cielo esta semana luego de conocer un borrador de la que sería la ficha con la que el DANE pretende recoger la información, ya que no se vieron incluidos en ella como un grupo significativo o sujetos de derecho, como sí ocurre con indígenas, afros, raizales y rom.

Esta situación, según ellos, es contraria a lo que les había prometido el presidente Juan Manuel Santos el año pasado —a través del viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Camilo Restrepo—, al expresar el 23 de noviembre, en una reunión, que el Gobierno no sólo iba a acatar la Declaración Internacional de Naciones Unidades de los Derechos de los Campesinos, sino también la sentencia T-763 de 2012, donde la Corte Constitucional calificó como “importante” el reconocimiento de la cultura campesina del país y planteó “la necesidad de proteger su acceso a la tierra y al territorio, y con ello, su forma de vida culturalmente diferenciada”.

La puja ha trascendido a tal punto que, según César William Díaz, vocero de la Mesa Campesina del Cauca, los campesinos de los 19 departamentos que participaron en el pasado paro agrario se sienten engañados hoy por el Gobierno, pues había un compromiso de reunirse previamente con el DANE para “construir un mecanismo de participación de diseño del instrumento del Censo Agropecuario, que incluyera al campesinado como un sujeto de derecho”, según consta en un acta firmada en noviembre de 2013.

Por eso, desde el 7 de enero, la Mesa Campesina ha enviado varios oficios al viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto; al gerente del Incoder, Rey Ariel Borbón, y al director del DANE, Mauricio Perfetti, con el fin de que se tome la decisión de incluir definitivamente a los campesinos en la ficha del censo. La solicitud es que los dejen participar en las fases de diseño, aplicación, procedimiento, difusión de resultados y seguimiento de la información. En este sentido, piden la vinculación de tres profesionales definidos por la Mesa, con el fin de garantizar la “conceptualización del sujeto campesino y sus prácticas económicas, ambientales, sociales y culturales”, ítems que deberán quedar incluidos en la ficha del censo.

No obstante, el último desplante que les hizo el Gobierno, según denuncia el vocero de los campesinos del Cauca, lo sufrieron el pasado 18 de marzo, cuando se había citado a una reunión en las oficinas del DANE para definir esta situación, “pero el viceministro Fernández de Soto, quien debía presidir la reunión, llegó tarde y después se retiró del recinto”. La explicación que les dieron, cuenta César William Díaz, es que en este censo no los podían incluir porque no está claro el concepto “campesino”, lo cual genera inconsistencias técnicas.

“Ofrecieron contratarnos para que ayudáramos a hacer el censo, pero no nos interesan contratos para la parte operativa. Requerimos la inclusión del campesinado y participar en el diseño de la parte técnica, que implica ayudar a elaborar el formulario del censo, que sí es político y de reconocimiento de verdad a los campesinos”, enfatiza Díaz. Para los campesinos del Cauca, estos mensajes y la explicación del director del DANE en el sentido de que esa decisión era “meramente política” tienen otros intereses que se acercan a la reforma agraria que se haría luego de que las Farc despejen importantes territorios en disputa militar y donde todo está por explotar.

“La mejor manera que han planteado es proyectar, a través de la información que se recoja, la necesidad del modelo económico actual, del agronegocio, del monocultivo para la agroexportación y lo que llaman las alianzas estratégicas con el capital multinacional, y así darles respuesta aparentemente a los tratados de libre comercio”, agrega Díaz.

Así las cosas, la Mesa Nacional Agraria, que logró incorporar esta petición en el pliego de la pasada cumbre en Bogotá, ha dicho que, de no atenderse la propuesta, el Gobierno se verá sometido a dos iniciativas que las comunidades campesinas ya promueven: una acción de tutela, que será apoyada por la Procuraduría Judicial del Cauca, y el rechazo generalizado de la ficha con la que el DANE pretende realizar el Censo Nacional Agropecuario en los departamentos donde aún está pendiente, es decir, no se dejarán censar porque no se sienten identificados con la metodología que recoge la información.

De hecho, la semana pasada los campesinos del Cauca tomaron la decisión de empezar acciones contra el Gobierno Nacional al no acogerse la sentencia de la Corte Constitucional que, como lo reconoció en su momento el propio Incoder, empezó a llenar vacíos jurídicos en el país: “Los campesinos eran atendidos como beneficiarios de servicios y no como sujetos políticos con plenos derechos colectivos”, dijo en ese entonces Jenifer Mojica, subgerente de Tierras Rurales del Instituto. Pues apegados a esa jurisprudencia, que juega a su favor, la Procuraduría 39 Judicial Administrativa del Cauca, en cabeza del procurador Solís Ovidio Guzmán Burbano, le ratificó a El Espectador que está decidido a apoyar a los campesinos en lo que denominó una “justa reclamación de un sector que ha sido estigmatizado por años”.

Puntualmente, el procurador Guzmán recibió la semana pasada la queja en su despacho y de inmediato empezó a asesorar a los líderes campesinos, que desde días atrás habían radicado un derecho de petición, tanto en el Ministerio del Interior como en el de Agricultura, con el fin de que a más tardar esta semana el Gobierno definiera incluirlos explícitamente en la ficha del Censo Agropecuario, antes de ir a la vía judicial o incluso al rechazo del censo.

De acuerdo con Guzmán, esa vía judicial de inmediato cumplimiento es la tutela, por cuanto se presume se instaurará esta semana en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Espectador conoció además que, luego de que el Gobierno conteste los oficios enviados (si la respuesta es adversa), el procurador Guzmán le pedirá vía libre y el respaldo al procurador general, Alejandro Ordóñez, para adelantar el proceso judicial. Lo que se plantea de aquí en adelante es un pulso entre un sector de los campesinos —claramente diferente a los cafeteros o los paperos, entre otros— y el Gobierno, que deberá tomar la decisión cuanto antes, sabiendo que cambiar a estas alturas la metodología es casi imposible y que sigue latente la amenaza de paro nacional agrario, anunciado para finales de este mes, en el que con seguridad estarán aquellos inconformes con el censo.

* ¿En qué va el censo?

Desde finales de noviembre del año pasado se inició en el país el Censo Nacional Agropecuario, el cual tiene como objetivo consolidar información estadística estratégica y actualizada del sector agropecuario, acuícola, forestal y de aspectos ambientales del país, algo que no se hacía desde hace 43 años.

Según las explicaciones de Mauricio Perfetti, director del DANE, la idea es “levantar información de áreas productivas, de producción, de inventarios, de acceso a crédito, del agua y de asistencia técnica, de si están asociados y de qué maquinaria utilizan. Vamos a conocer las condiciones de vida de la población campesina”.
Serán censados 3,9 millones de predios rurales, 182 territorios colectivos de comunidades negras y 770 resguardos indígenas. Hasta el momento, en lo recorrido de 2014, el cronograma avanza según lo previsto y se espera que la totalidad del proceso esté finalizado en julio.

Una primera fase de levantamiento de datos ya se terminó en Quindío y norte del Tolima, y está en desarrollo en Atlántico y Risaralda. La segunda fase se adelantará en el resto del país con recorridos predio a predio, y la tercera en los municipios con grandes extensiones territoriales donde están ubicadas las comunidades indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras.

En octubre se publicarán los primeros resultados, a partir de los cuales el Gobierno espera construir una política integral del sector agro.

* “El censo permitirá definir al campesino”: Mauricio Perfetti, director del DANE

El director del DANE, Mauricio Perfetti, negó haber dicho que el tema del reconocimiento de los campesinos en el censo agrario era una cuestión política e hizo un llamado para construir entre todos esa definición, a partir de la información que arroje el proceso.

“Es un tema complejo y no se puede tomar ‘a priori’. Por ejemplo, ellos dicen que es fácil y que campesino es el que tiene menos de 5 hectáreas. ¿Y aquel que tenga 6 hectáreas queda excluido? El formulario hace preguntas en temas claves que nos van a permitir llegar no a una, sino a distintas definiciones de campesino”, le dijo Perfetti a El Espectador.

Sobre la posibilidad de que el proceso sea suspendido vía tutela, expresó que espera que no se llegue a esas instancias, pues sería un “contrasentido”, pues son 44 años sin tener un censo de esta magnitud, en el que se incluyen preguntas con una análisis sociodemográfico de la población campesina.

Por su parte, el viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto, enfatizó que lo que se está haciendo no es un censo poblacional y que se ha invitado a los campesinos a hacer un ejercicio conjunto de interpretación de los resultados para definir programas y estrategias de cara al posconflicto, y hacer un campo mejor. El objetivo, dice, es ponerse de acuerdo entre todos.

* Una disputa que también es territorial

Más allá de los conceptos culturales, es claro que las diferencias entre campesinos, afros e indígenas tiene un trasfondo de tipo territorial.

Precisamente en el Cauca se han dado choques entre indígenas y campesinos, donde comunidades se han enfrentado a piedras, palos y machetes por el dominio de predios. Sucedió, por ejemplo, en zona rural de Cajibío, norte del departamento, en la finca Los Naranjos, jurisdicción del resguardo de Gebalá, y la finca La Alzacia, situada en la vereda Octavio, en una zona rural de Piendamó.

En ambos casos los indígenas llegaron sorpresivamente y luego de entablar fuertes discusiones, empezaron a destruir lo que encontraban a su paso. Luego vinieron los enfrentamientos, con heridos de ambos bandos.

El Gobierno tiene claro que cada grupo tiene su propia concepción del territorio y a partir de ahí los indígenas tratan de ampliar sus resguardos, los afros consolidar sus consejos comunitarios y los campesinos sus zonas de reserva.

@abolanos89

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