"El sistema de protección en Colombia necesita reforma estructural": Director FLIP

En diálogo con El Espectador, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, se refirió a los más recientes casos de amenazas contra periodistas y señaló una profunda crisis en el sistema de protección en Colombia.

Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de PrensaCristian Garavito - El Espectador

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han alertado en los últimos días sobre el aumento de amenazas a periodistas en el país. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo?

La tendencia es creciente. La experiencia nos dice que las amenazas se cumplen. Si uno mira los casos de asesinatos a periodistas, en buena parte de ellos, hay amenazas previas. De ahí que desde el año 2000, la FLIP haya insistido en la creación de un programa de protección que es lo que se tiene actualmente en Colombia. Lo que se conoce como UNP en realidad es el resultado de una política que inició Andrés Pastrana y que en su momento estaba liderada por el Ministerio del Interior y el DAS. Este fue un enfoque policivo de protección, es decir, escoltas, que es básicamente lo que se proporciona hoy en día y a nosotros sí nos preocupa el aumento actual de amenazas en relación con el año anterior sobre todo porque hay un contexto  de asesinatos a lideres que no podemos desconocer y que también en la mira de los actores que están detrás de esos asesinatos pueden estar los periodistas que lo están cubriendo. El cubrimiento que hacen los periodistas de estos temas es algo que puede ser visto por los actores criminales como un nuevo objetivo. 

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Ustedes han señalado que parte de los asesinatos a líderes sociales en el país son ataques también contra la libertad de expresión, es decir, ¿no sólo están alertando de amenazas contra periodistas sino en general contra líderes que tienen un rol público.?

La libertad de prensa no es un derecho privilegio únicamente de los periodistas. Y si bien buena parte de los asesinatos a líderes no se pueden asociar directamente con la labor periodística, lo que uno sí puede ver es que buena parte de esos liderazgos están hablando de asuntos de interés público que es lo que protege realmente la libertad de expresión. Ahora, dentro del mandato de la FLIP sí está que a ningún periodista que esté cubriendo estos temas, el cubrirlo le represente un riesgo adicional. Porque aquí también opera otro fenómeno que es la autocensura, es decir, si de las regiones están asesinando líderes y no está saliendo la información a tiempo en buena parte es porque hay miedo de parte de los periodistas regionales para el cubrimiento de este tipo de asuntos. 

¿Cuál ha sido la respuesta que han obtenido desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) en relación con estas denuncias?

En Colombia se tienen por lo menos 18 años protegiendo personas, pero esa noción de protección es como cuando a uno le ponen un traje de bombero y le dicen vaya al incendio. Es decir, no es una protección que elimine el origen del riesgo sino es una protección que obliga al periodista, al defensor, a convivir con el riesgo. Y ahí hay un problema de diseño, un problema de qué entendemos por protección. Nosotros en la FLIP no queremos una prensa escoltada, queremos una prensa libre. Y en esa medida, que la única opción que le quede a un periodista sea estar con un esquema de protección es un paliativo más no es enfrentar el riesgo.

Lo que está pasando hoy en materia de protección, es una fiebre más de una enfermedad que lleva muchos años. Yo personalmente desde el año 2013 que estoy en la dirección de la FLIP he insistido constantemente en que lo que se entiende por protección es insuficiente. Un ejemplo: un esquema de protección promedio de un periodista, o sea un vehículo blindado, un escolta, armamento, un chaleco y celulares, etc; puede estar costando alrededor de unos 10 mil dólares mensuales. Eso hace que, por ejemplo, hablando de cifras del 2016 proteger a 135 periodistas en promedio al año cueste siete millones de dólares. Es decir, este es un Estado que gasta en una parte de protección. Ahora, si uno mira el estado de las investigaciones judiciales de esos 135 casos, están en un punto estéril sin ningún tipo de avance. 

Uno no solo protege con el traje de bombero, sino sobre todo, apagando el incendio. Y aquí es donde el componente judicial del sistema de protección ha sido la gran deuda. 

¿Es decir que la discusión en este momento debería ser orientada hacia una reforma estructural del programa de protección en el país?

Totalmente. Ha habido varios cambios del sistema de protección, a mi juicio, para mal. El procedimiento es excesivamente ineficaz. Usted recibe una amenaza, la reporta a la UNP, y de ahí hasta que se toman las medidas pueden pasar ocho meses. Y no porque existan criterios expertos u otro tipo de evaluaciones sino porque burocráticamente  el proceso es muy engorroso. Otro gran problema es que no incluye a las autoridades locales. es una cosa híper centralizada. Aquí se mira con mucha indiferencia y  desprecio a las regiones. 

¿Cómo ve el papel de los medios en el cubrimiento de la ola de asesinatos y amenazas a líderes sociales y periodistas en el país?

Yo creo que nosotros estamos anestesiados frente a la violencia; este es un país al cual una amenaza más no marca la diferencia. En Colombia están matando gente en igual proporción hace 20 años. La diferencia es que ahora parece haber una movilización pública, o que la reincidencia de uno y otro asesinato fue en un período corto de tiempo pero esto no es nuevo. Aquí los medios deben contribuir a que la discusión, sobre todo ad portas de un nuevo gobierno, avance hacia cuál podría ser una respuesta integral a todo esto. Uno cómo hace que la respuesta del Estado a cualquier persona que esté en riesgo sea cuestión de horas. Uno cómo hace para que el sistema judicial, la Fiscalía en particular, tenga que rendir cuentas sobre las investigaciones.

¿Hacia dónde debería orientarse esa nueva reforma al programa de protección?

Los estándares internacionales hablan de que se tienen que hacer por lo menos tres cosas para la protección: una es la prevención de las violencias, la segunda es la protección en situaciones inminentes y la tercera es la procuración de justicia. Esta última porque si uno no sanciona a los responsables de estas amenazas, se envía un mensaje de repetición.  Entonces en materia de prevención, en Colombia se hace muy poco. En materia de protección inminente, los costos son altísimos, es muy lenta y es ineficiente en el mediano plazo, y en materia de justicia, la cuota de impunidad es muy alta. Aquí estamos hablando de un tema de diseño. Uno no puede decir que el Estado es totalmente negligente con este tema pero a esta altura empieza a ser preocupante que no se mejoren las condiciones del sistema de protección. No hay voluntad para hacerlo. Creemos que el próximo Congreso debe legislar al respecto. 

¿Qué posibilidades reales hay de que esa reforma al sistema de protección se materialice?

Yo creo que sólo hay dos caminos: o que los titulares de los medios de comunicación sigan registrando asesinatos de personas por su rol público, o intentar mejorar lo que existe. Aquí hay un bolsillo roto, se ha hablado de cifras de más de 100 millones de dólares anuales, esto no es un problema de plata. Pero si esos recursos solo se invierten en 'trajes de bombero', el incendio va a seguir ahí. Alias Guacho va a seguir operando, el Clan del Golfo va a seguir operando, las estructuras del ELN que secuestran periodistas lo van a seguir haciendo. 

¿Qué le deja al país en materia de protección el gobierno saliente?

La gestión de Santos se resume en que crea una nueva entidad (la UNP), aumenta el gasto pero se niega a repensar el modelo.  Esto es algo que toca evaluar y ojalá el próximo gobierno esté abierto a hacerlo y a tomar medidas muy rápidas. El programa de protección debería convertirse en un programa integral donde haya un fuerte componente de prevención, donde haya un componente de judicialización y uno de protección a riesgo inminente. El programa de protección actual lo que hizo fue volver a la UNP el único referente de protección. Esta entidad dispersó las obligaciones de instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Unidad de Víctimas, la Personería, los alcaldes municipales.  

La gran conclusión aquí es que Colombia lleva 20 años protegiendo personas por el riesgo de su oficio y está tratando cada caso como si fuera el primero. ¿Cuál es el aprendizaje de estos 20 años? En el gobierno saliente no hubo voluntad para replantear la situación.