En la madrugada del pasado 12 de abril Narciso Enrique Teherán Mejía fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. Tenía 30 años y era hijo de Narciso Teherán Maldonado, líder reclamante de tierras y vicepresidente de Asotracampo, organización que acoge a más de 130 familias desplazadas y campesinas que habitan en El Tamarindo, una finca ubicada en la carretera La Cordialidad, en los límites entre Galapa y Barranquilla. El crimen fue cometido dentro de su casa, levantada en ese predio que hoy se disputan los campesinos y poderosas familias.
Desde el año 2001 un grupo de víctimas del conflicto armado interno, provenientes de muchos rincones del Caribe colombiano, fue ocupando poco a poco El Tamarindo, un terreno de 120 hectáreas que de buena fe consideraron baldío. Para ese entonces era un terreno enmontado que las familias limpiaron y prepararon para hacer lo único que saben: trabajar la tierra. Durante cinco años vivieron allí en paz y la comida no faltaba.
Sin embargo, con la declaración en 2007 de la Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia), por parte de la DIAN, en un área de 1’200.000 hectáreas entre las que está El Tamarindo, y con el proyecto de infraestructura vial más importante del país en los últimos tiempos: la Ruta del Sol, atravesando parte del predio, todo cambió. Con el valor de la tierra disparado a las nubes aparecieron los presuntos propietarios.
En cuatro parcelas se encuentra dividido El Tamarindo: El Mirador y Natacha, reclamados por Julio Muvdi; Beitjala, de Invermas S. A., del que forma parte Henry Char Muvdi, y Granja Catalina, de Negocios Abdala Tarud S. A., de quien aparece como querellante Nancy Tarud de Abdala.
En todo el proceso, que completa ya cinco años, ha habido 39 desalojos judiciales mediante diligencias que, según denunció en su momento la Defensoría del Pueblo, están viciadas de nulidad por violación al debido proceso, violación del derecho a la defensa e igualdad ante la ley y daños en bien ajeno. Dos funcionarios de esa entidad que llevaban el caso recibieron amenazas de muerte.
Supuestamente con el fin de vigilar los lugares donde han conseguido realizar los desalojos, los presuntos propietarios contrataron a la empresa de seguridad privada 911, de Enilce López ‘La Gata’. Los campesinos dicen que los vigilantes de esa empresa han destruido sus cultivos con el fin de borrar todo rastro de posesión y denuncian intimidaciones por parte de éstos.
Según se conoció en una de las actas de una Mesa de Tierras celebrada por la Gobernación del Atlántico, la empresa trabajó un tiempo sin licencia de funcionamiento, es decir, como un grupo armado ilegal.
El 22 de julio de 2010 tres vigilantes de 911 torturaron y asesinaron en Beitjala a Agustín Ortiz, quien era celador de una parcela ubicada dentro de El Tamarindo. Las causas del crimen se desconocen, pero los tres hombres fueron capturados por los delitos de homicidio agravado y tortura. Tras este escabroso hecho, y después de todas las denuncias realizadas por los reclamantes de tierra, la vigilancia pasó a manos de la empresa Made Security, también propiedad de ‘La Gata’.
Adicionalmente, para amedrentar a los ocupantes de buena fe y a los defensores de derechos humanos, y lograr los despojos de tierra por vías de hecho, se hicieron a los servicios de Lesman Parra, hermano de Libardo Parra, quien fue lugarteniente de Alberto Orlández Gamboa, alias ‘Caracol’, extraditado a raíz de la ‘Operación Marejada’ en 2000, durante la cual el mismo Lesman Parra fue capturado por el delito de extorsión.
Según un documento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en el cual se denuncia la muerte de Narciso Enrique Teherán Mejía, Parra en repetidas ocasiones ha amenazado de muerte a líderes campesinos de El Tamarindo, como Manuel Armenta y Juan Martínez, así como a varios defensores de derechos humanos que apoyan la lucha de los desplazados.
“No tengo problema en llegar a la casa de cada uno y matarlos, dígale a Juan y a Manuel que en cualquier momento llego por ellos a sus casas”, dijo Parra, en una amenaza que también fue dirigida a la comunidad, según el documento antes citado.
El pasado viernes 19 de abril, cerca de las 5:20 de la mañana, Lesman Parra ingresó con sujetos armados a la parcela del reclamante de tierras Pedro León Cárdenas, en Beitjala, y utilizando maquinaria pesada destruyeron sus cultivos y su vivienda.
Cárdenas nació hace 54 años en Onzaga, Santander. Es un campesino de pura cepa que perdió el dedo anular de su mano izquierda trabajando la tierra con su machete. Una pérdida que no se compara con la de sus hermanos, asesinados en 1997 en Sitio Nuevo, Magdalena, a causa del conflicto interno armado.
Su parcela era admirada por los 163 árboles de guanábana y de mango que tenía.
Esa mañana Cárdenas llamó a la Policía, una unidad llegó al lugar a las 6:20 a.m. A las 9:00 a.m. un grupo de soldados adscritos a la Brigada 2, que acampa en Granja Catalina y que patrulla El Tamarindo, hizo presencia en la parcela. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada para detener el atropello del cual fue víctima el campesino.
De acuerdo con los testigos, un hombre que acompañaba a Lesman Parra se identificó como paramilitar y amenazó a los reclamantes de tierras que estaban allí brindado apoyo a su compañero. Todo esto en presencia de la fuerza pública.
Este hecho también fue denunciado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organismo que se muestra preocupado ante las actuaciones “omisivas” y “tolerantes” de los efectivos de la Brigada 2 y de la Policía, que siendo testigos de hechos punibles se abstienen de proteger la vida e integridad de los integrantes de Asotracampo. Según la Comisión, la Fuerza Pública favorece “intereses inconfesables de terceros con intereses económicos sobre las tierras que los desplazados han habitado y exigen ser tituladas”.
El Tamarindo, un tema incómodo
Preguntar sobre El Tamarindo en la administración departamental o distrital es encontrarse con evasivas. El tema incomoda; no cae bien. También están a los que les causa temor seguir el proceso, como es el caso del coordinador de Derechos Humanos del Atlántico, Eduardo Calle, quien en la Mesa de Tierras celebrada en 2011 declaró lo siguiente: “Recorrimos el predio, fuimos muy bien atendidos por los campesinos, personas pacíficas, amables. Nos mostraron los daños hechos por las personas que realizaron los desalojos. Me ofrecí como veedor de este proceso. Ana María (funcionaria de la Defensoría del Pueblo) hizo una intervención muy fuerte. Eso fue un viernes, el lunes Ana María estaba amenazada. A raíz de esto he tenido mucho temor de volver al predio y a este proceso”.
En la Gobernación del Atlántico la coordinadora del programa de víctimas, Karen Osorio, indicó que la Gobernación no tiene jurisdicción ni competencia en el proceso, ya que, según ella, los predios se encuentran ubicados en Barranquilla. “Los últimos registros inmobiliarios claramente lo muestran”, afirmó. Sin embargo, la Secretaria de Planeación de Galapa asegura que El Tamarindo está en su municipio. Uno de los compromisos trazados en la Mesa de Tierras de 2011 era el de suspender los desalojos hasta que se aclarara la titularidad de los predios y se resolviera el problema jurisdiccional a manos del IGAC, el Incoder y el Ministerio del Interior. Al respecto, Osorio respondió que los únicos compromisos que se adquirieron fueron de acompañamiento y de realizar censos.
Por su parte, en el Distrito de Barranquilla, la secretaria de Gobierno, Josefa Cassiani, admitió no conocer bien el caso, remitiéndose al inspector de Policía, Ricardo Cantillo. “Él está manejando todo ese tema, él es el que está enfrente de eso”.
Cantillo dijo que hay unas mesas de trabajo donde están participando el Departamento, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Secretaría del Gobierno Distrital.
“Ahí el problema no solamente es de los invasores, allí el problema también es de unos propietarios de unas tierras que exigen que el Estado como tal se las recupere, porque allí hay unos invasores profesionales. Entonces tenemos que mirar el equilibrio no sólo de las personas que están allí, que dicen que se les vulneran sus derechos, sino que también hay propietarios de unos bienes donde unos invasores les usurpan sus derechos y ellos les solicitan al Estado que les recuperen sus tierras como es debido”, aseguró el jefe de la Inspección de Policía de Barranquilla.
Entre tanto, en la iglesia anglicana de Barranquilla se encuentra el padre Fernando Sánchez, quien preside la Asociación de Parroquias en la Costa Caribe. Además de su labor religiosa, el párroco forma parte de la Mesa de Derechos Humanos del Atlántico, liderada por la Secretaría del Interior del departamento.
El padre conoce El Tamarindo desde antes que comenzaran todos sus problemas. Conoce a su gente desde hace rato y ha celebrado la eucaristía varias veces en el lugar.
Como miembro de la Mesa de Derechos Humanos conoce de cerca el caso y manifestó que en este hay temor en todos los lados. Y cree que “hay intereses poderosos detrás”.
Por último, afirmó que según lo que se ha logrado investigar sobre la titularidad de los predios, “al parecer algunas de las tradiciones que esgrimen sobre la tierra son falsas”.
¿Qué pasó con el cartel de la tierra?
Las diligencias de desalojos en El Tamarindo se han dado por parte de inspectores de Policía carentes de competencia y jurisdicción, en el marco de lo que fue denominado como el “cartel de la tierra”. Las actuaciones policivas se ampararon en la Resolución N° 004 de 2008, expedida en la administración de Álex Char, por el entonces jefe de la Oficina de Centros Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana del Distrito, Fernando Carrillo. Con esta medida el funcionario se autofacultó para modificar a su conveniencia, y con total libertad, el reparto de las inspecciones de Policía y poder autorizar a los inspectores a practicar pruebas y cualquier otra diligencia administrativo-policiva por fuera de su jurisdicción.
El llamado cartel fue denunciado en 2009 por el zar anticorrupción Óscar Ortiz. En aquel entonces, Ortiz manifestó que con la Resolución N° 004 de 2008, que fue revocada el 2 de marzo de 2010, se violó la Constitución y se desconoció el Código Contencioso Administrativo y el artículo 320 del Código de Régimen Político y Municipal. A pesar de estas denuncias no ha habido ninguna sanción ni pronunciamiento de fondo por parte de los órganos de control y muchos de los implicados siguen ejerciendo sus funciones.
El personero distrital de Barranquilla, Jaime Sanjuán, indicó que la Presidencia de la República pidió la intervención de la Personería en El Tamarindo para que estén como garantes durante ese proceso. Además, reveló que se está investigando a algunos funcionarios. “Sí están las denuncias y vendrán sanciones disciplinarias”.
Sin embargo, en 2011 se conoció que la Personería de Barranquilla había ordenado la suspensión de varios inspectores ligados al cartel de la tierra, decisión que “extrañamente fue revocada en segunda instancia por la Procuraduría Regional del Atlántico”, según lo manifestó el entonces zar anticorrupción, Miguel Francisco Prado Gil, en una carta enviada a la Procuraduría General de la Nación. Quien fungía como procurador regional entonces era Alfredo del Toro, quien tuvo conocimiento de la intimidad procesal de casos de El Tamarindo y es hoy secretario jurídico del Distrito. De igual forma, Prado Gil había pedido que se contemplara suspender a quien fuera la inspectora general de la Policía durante el gobierno de Álex Char, Claudia Soto de la Espriella, hoy secretaria jurídica de la Gobernación del Atlántico.
La impunidad impera, mientras el cartel de la tierra sigue operando. Y aunque El Tamarindo no es el único conflicto de tierras que hay en el Atlántico, sí el que está en el centro de dos megaproyectos como la zona franca Zofia y la famosa Ruta del Sol.