Electricaribe, sin solución a la vista

Mal servicio, falta de inversión y de pagos conforman el círculo vicioso que tiene en aprietos a la empresa de energía de la región Caribe. La solución parece estar muy lejos.

Con frecuencia, la población de los siete departamentos donde Electricaribe presta su servicio sale a marchar por los constantes cortes. / Samuel Losada
Con frecuencia, la población de los siete departamentos donde Electricaribe presta su servicio sale a marchar por los constantes cortes. / Samuel Losada

De tanto en tanto, durante los últimos veinte años se convierte en noticia la situación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Casi siempre estas noticias llegan a los medios nacionales como consecuencia de protestas de los ciudadanos, bloqueos de vías, desmanes contra la empresa encargada de prestar el servicio en los siete departamentos de la región: Electricaribe.

Hasta 1998, el servicio en la región era prestado por siete electrificadoras departamentales en condiciones deplorables, ocasionadas por la politiquería, la corrupción y el clientelismo. Estas empresas eran verdaderos fortines manejados por los principales dirigentes políticos regionales. Hasta que la situación se hizo insostenible y el Gobierno Nacional decidió privatizar el servicio. Este proceso culminó con la creación de dos empresas: Electrocosta y Electricaribe, y la liquidación de las antiguas electrificadoras departamentales. Con el tiempo, los dueños de estas dos empresas decidieron fusionarlas en una sola, Electricaribe.

Posteriormente, la entidad decidió segmentar el mercado y creó dos empresas: Energía Social de la Costa, que atiende fundamentalmente el mercado de los usuarios mal llamados subnormales (con redes no normalizadas), y Energía Empresarial de la Costa, que se encarga del segmento industrial.

Se esperaba que este proceso de privatización trajera como consecuencia un mejor servicio, una mayor eficiencia y mejor atención al usuario, tal como ocurrió en otras regiones del país, como Bogotá o el Valle del Cauca. Sin embargo, después de casi 20 años de manejo del servicio eléctrico en la región, no se han logrado los propósitos buscados con la privatización. Es indudable que la situación actual es mejor que la existente antes de 1998, pues hay más organización, menos corrupción y menos politiquería, pero el servicio dista mucho de ser el que requiere una zona en pleno desarrollo y crecimiento.

Son innumerables los problemas que afronta la empresa. Algunos son consecuencia de distorsiones regulatorias; otros, fruto de costumbres de los usuarios adquiridas desde las épocas en que las empresas eran manejadas con criterios clientelistas, y unas cuantas por causa de errores en la gestión de la empresa.

La problemática de la empresa se podría dividir en tres grandes grupos: uno, la situación financiera que no le permite hacer inversiones en mejoras de la red y que en ocasiones la ha colocado al borde de la limitación del suministro por atrasos en los pagos al sistema nacional por compras de energía y transporte; otro, la situación técnica y operativa que, como consecuencia de la falta de inversión, es deplorable y se refleja en fallas continuas del servicio, y por último, la pésima relación con el usuario y con la comunidad caribeña en general, producto de prácticas poco amigables y sin una socialización adecuada que tome en cuenta la idiosincrasia regional y que provoca continuas protestas, demoras en el pago, propensión al fraude, etc.

Esta situación conforma un círculo vicioso que es necesario romper: hay mal servicio porque no se invierte. No se invierte porque no pagan. Y no pagan porque hay mal servicio.

El problema, en lugar de resolverse, se ha agravado con el tiempo. La empresa se sostiene sistemáticamente con los subsidios que recibe de la Nación. Según cifras presentadas por la Universidad Nacional en un estudio para el Ministerio y la UPME, los subsidios por concepto de menores tarifas y de recursos de fondos para inversión alcanzaron, en el período 2002-2013, la no despreciable suma de $6,5 billones. La segmentación en el caso de energía social aumenta la necesidad de los subsidios, puesto que, por el esquema regulatorio, a estos usuarios les corresponde un mayor costo unitario y, como son en su mayoría de estrato 1, el monto de los subsidios se incrementa.

Además se deben mencionar las particularidades del mercado de la Costa: mientras en el promedio nacional los usuarios de estrato 1 son cerca del 30 %, en el mercado de la Costa representan cerca del 55 %, lo cual habla de las condiciones socioeconómicas complejas del territorio.

Solucionar todas las dificultades en la prestación del servicio exige la participación de muchos actores: por un lado, es necesario que la regulación facilite la gestión de la empresa, dando señales económicas para que se haga la inversión, se reduzcan las pérdidas y se gestione el cobro. Ello implica tarifas que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa. Por otro lado, es necesario ejecutar el plan diseñado por el Gobierno para realizar las inversiones en el sistema de transmisión regional y que la empresa ejecute efectivamente las inversiones por $1,2 billones en el sistema de distribución local que se comprometió a realizar. Todos los componentes son necesarios para mejorar el servicio.

Pero, aun si se lograra realizar las inversiones y mejorar las condiciones regulatorias, hay una dificultad que no es fácil de resolver y es la falta de credibilidad y la mala imagen que tiene la empresa frente a los usuarios, autoridades y comunidad en general. Este es un inconveniente que no se resuelve en el corto plazo. Como dirían los especialistas en mercadeo, la marca Electricaribe está muy mal posicionada. Es posible que a estas alturas no sea factible mejorar esta situación. En ese caso se requieren acciones diferentes: ¿cambiar los actores? ¿Algo tan simple como un cambio de nombre puede ser suficiente? Es difícil determinar cuál sea la salida.

En todo caso, la propuesta de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no sería la mejor solución, porque esta entidad no tiene la capacidad operativa de manejar el problema y porque los compromisos internacionales respecto a inversión extranjera pondrían en dificultades al Gobierno Nacional. Salvo que esta intervención se haga acompañada de un plan concertado para cambiar las condiciones de prestación del servicio incluyendo la propiedad de los activos. Nada fácil. Por ahora, es posible que dentro de unos meses volvamos a tener los titulares recurrentes sobre el servicio eléctrico en región Caribe.

 

* Gerente Corenergía S.A.S. y docente de la Universidad Nacional de Colombia.