Empresas de SS.PP. deben oír a usuarios antes de multarlos

Por revisar un contador a espaldas del cliente, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo anuló una multa por $9,8 millones que Codensa impuso a un usuario.

 Los funcionarios están obligados a recaudar pruebas de las irregularidades. / Luis Ángel
Los funcionarios están obligados a recaudar pruebas de las irregularidades. / Luis Ángel

Las empresas de servicios públicos domiciliarios están obligadas a efectuar la revisión de contadores, equipos técnicos e instalaciones eléctricas en presencia de sus clientes, quienes a su vez deben firmar el acta en la que conste la diligencia de la visita efectuada a su predio por el funcionario de la compañía.

En esos términos se pronunció el Consejo de Estado al darle la razón a un usuario que pidió la nulidad de un acto administrativo por medio del cual Codensa S.A. le impuso una multa de 9,8 millones de pesos al hallar que, supuestamente, el contador de la luz del cliente estaba adulterado para que facturara menos de lo consumido.

Los magistrados concluyeron que en este caso la empresa vulneró el debido proceso del usuario, pues éste no firmó la referida acta, ni estaba presente en la diligencia, y porque el funcionario de Codensa no tomó fotografías y videos, ni recaudó testimonios de vecinos para dejar pruebas de las inconsistencias (sellos violados) en el contador de la luz.

El funcionario se limitó a consignar en el acta suscrita por una empleada del usuario, completamente ajena al contrato entre las partes, que se encontraron dos sellos violados en la tapa principal y bajo factor de potencia, sin que el cliente pudiera comprobar que efectivamente esa era la situación real existente al momento de la visita.

Para el Consejo de Estado, “si bien los equipos sí estaban bajo custodia del usuario, puesto que se encontraban en el inmueble en el momento de la visita, a nadie diferente del empleado de Codensa le consta que efectivamente presentaban las anomalías anotadas, además de que el contador fue retirado y revisado en los laboratorios de Codensa sin presencia del usuario”.

Para la Corte, “el haber adelantado la revisión a sus espaldas (del usuario) rompe el derecho al debido proceso del cliente”, así éste hubiera tenido la oportunidad de atacar la decisión adoptada por Codensa, pues, reitera el fallo, no resulta legalmente admisible que la empresa de servicios públicos domiciliarios le comunique al usuario el pago de unos valores económicos derivados de unas supuestas anomalías, sin previamente notificarle en qué consisten tales irregularidades ni permitirle dar las explicaciones a que haya lugar, es sin duda violatoria del derecho al debido proceso”, lo que evitó que el perjudicado con la decisión ejerciera su derecho de defensa.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo precisó, además, “que en modo alguno se pretende desconocer el derecho de la empresa de cobrar los consumos realizados en forma fraudulenta”.

En conclusión, los actos administrativos por medio de los cuales se impongan multas a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, por consumos no registrados derivados de anomalías en los equipos de medición y otras instalaciones, deben respetar el derecho al debido proceso y a la defensa del usuario, quien debe tener la oportunidad, previamente a que se tomen esas decisiones, de presentar los descargos respectivos, lo cual en este caso no ocurrió, razón por la que la multa fue anulada.

 (Sentencia del 20 de junio de 2012, Exp. 25000-23-24-000-2002-00272-01, Consejero Ponente, Marco Antonio Velilla Moreno (E) . Acción de nulidad y restablecimiento del derecho).

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