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Yinson Rodríguez Angulo, de 23 años, y su amigo Julián Ledesma salieron de sus casas ubicadas en el barrio Floralia, en el nororiente de Cali, para unirse a las manifestaciones convocadas en la ciudad como continuación del paro nacional que arrancó en el país el 28 de abril. Era sábado 1° de mayo. Volvieron al mediodía para almorzar y luego regresaron a la calle para seguir marchando. Fue la última vez que estuvo en su casa.
Yinson o El Negro, como le decían sus amigos, fue uno de los 13 jóvenes que murieron en medio de las protestas que desde hace cinco días se registran en la capital vallecaucana y que han estado marcadas por disturbios y graves hechos de violencia. La alarmante cifra fue documentada por la red de derechos humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes, que ha acompañado las manifestaciones en Cali y ha insistido en que en la ciudad persiste un panorama crítico respecto al actuar de la Policía y el Esmad. Los datos coinciden con el registro hecho por la ONG Temblores, según la cual de las 26 víctimas que involucran a miembros de la Fuerza Pública, la mitad han sido en esta ciudad.
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Sin embargo, desde la administración local los registros son otros. El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, manifestó que están a la espera de la consolidación de los datos por parte de la Fiscalía, ya que “hay muchos videos rondando por redes sociales, estamos manejando una cifra de alrededor de cinco muertos, pero hay que esperar los datos de la Fiscalía, que es la entidad encargada”.
Y mientras se conocen los reportes oficiales, se identifica la totalidad de las víctimas y se trata de esclarecer los hechos que rodearon estas muertes, en las calles de Cali familiares y amigos lloran a sus muertos. En todos los casos la pregunta que sigue rondando es la misma: ¿por qué la protesta pacífica terminó en tragedia?
Julián Ledesma, quien estuvo con Yinson ese día, recuerda que luego de almorzar y encontrarse nuevamente, ambos se fueron caminando hasta la autopista Simón Bolívar. De ahí subieron por la vía que de Cali conduce a Palmira. Cuando estaban llegando a El Paso del Comercio, a eso de las 4:00 p.m., se encontraron con un grupo de manifestantes que se enfrentaban a los policías lanzándoles piedras. Vio también a policías que salían de un CAI cercano y que disparaban en dirección de la manifestación. Julián y Yinson buscaron un lugar para resguardarse.
“Nosotros veníamos por el centro, entonces decidimos hacernos en uno de los costados de la vía. Estábamos a unos diez metros de la Policía, y el Esmad lanzó una aturdidora. Cuando estalló y se formó el humo todos salimos a correr y luego de eso se escucharon tiros. Yo estaba corriendo cuando empecé a escuchar ‘le dieron, le dieron’, y cuando me di la vuelta Yinson ya estaba en un charco de sangre. La bala le entró por la espalda y atravesó un pulmón”, rememora.
Julián arrastró a su amigo por unos metros. Un paramédico que estaba en el lugar se ofreció para trasladar al joven hasta un hospital. Consiguieron dos motos prestadas y partieron rumbo al hospital Joaquín Paz Borrero. A los cinco minutos de haber sido ingresado por urgencias se conoció el dictamen del médico: había llegado sin signos vitales. Mientras Julián esperaba a la madre de Yinson, un hombre y una mujer que no se identificaron lo entrevistaron. Dijeron que no era posible que los policías estuvieran armados y pusieron una hipótesis distinta a lo que había ocurrido: “Me dijeron que pudo ser una puñalada, porque donde sucedieron los hechos se había registrado un robo”.
En la noche del domingo 2 de mayo se realizó una velatón en memoria de El Negro. Cientos de jóvenes se movilizaron por las calles de Cali para recordar “la gran persona, el buen ser humano y al pelado que siempre velaba por su mamá” , como lo describió Isabela Correa, amiga de la infancia.
Desde que comenzaron las movilizaciones, incluso antes de la muerte de Yinson, la red FIC. había denunciado el uso indiscriminado de armas de fuego en contra de la población civil. En total, la organización de derechos humanos registra más de 290 heridos con armas de fuego, gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y recalzadas.
Aun así, el domingo 2 de mayo Nicolás Guerrero, un artista de 27 años, falleció tras recibir un disparo con arma de fuego cuando se encontraba en el sector de La 14 de Calima, asistiendo a una velatón precisamente en memoria de Yinson y de las personas muertas en medio de las protestas. El evento terminó en enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios y algunos manifestantes, y los momentos de angustia quedaron grabados en videos que circulan en las redes sociales y en los que se escuchan a varias personas gritando y tratando de auxiliar a Guerrero. “Nicolás Guerrero es hijo de mi primo. Es un muchacho de Floralia, es un muchacho bien. Salió en la madrugada y tuvo una herida por arma de fuego en la cabeza”, aseguró el alcalde Jorge Iván Ospina, en entrevista con Blu Radio.
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Sobre las denuncias en contra de la Fuerza Pública, el secretario de Seguridad de la ciudad afirmó que “la Alcaldía no autoriza ni comparte el uso de armas de fuego. El Estado tiene otras herramientas y deben usarse”. Señaló que ya hay investigaciones para esclarecer estos hechos, pero que serán la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría las encargadas de adelantar las investigaciones, mientras que “el distrito aportará toda la información que se tenga sobre estos casos”.
De las 11 personas hasta ahora identificadas, la FIC registra que tres personas murieron sin ser parte de las marchas. Se trata de Edwin Villa Escobar, comerciante del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad, que murió cuando “policías ingresan al barrio y accionan sus armas de fuego contra la comunidad”, dice la denuncia pública que firma la red y cinco organizaciones sociales más, entre las que se cuentan la CUT y el Congreso de los Pueblos. La denuncia también presenta la muerte del pensionado de la Policía Nacional Éiner Alexánder Lasso, quien habría muerto luego de que un agente del Grupo de Operaciones Especiales disparara su arma. Sobre la muerte de Éiner, la red señala que él “simplemente salió a la esquina mencionada a mirar lo que estaba sucediendo con los y las manifestantes que estaban siendo reprimidos por la Fuerza Pública”, cuando se presentó el disparo. El 30 de abril, en el mismo sector donde Yinson fue impactado por una bala el 1° de mayo, se dio la muerte de la señora Jovita Osorio a causa de una dificultad respiratoria que se generó luego de que un gas lacrimógeno cayera en el patio de su casa y le causara un infarto.
Además, la organización calcula que más de 10 personas han recibido impactos en los ojos y requirieron intervenciones quirúrgicas. Cinco mujeres han sido víctimas de violencia sexual y hay 12 personas desaparecidas. De las más de 200 detenciones que se han registrado en este período, se denuncian las agresiones y torturas ocurridas principalmente en los CAI de El Lido, Agua Blanca y Fray Damián.
La lupa también está puesta en los hechos ocurridos la noche del 2 de mayo en la vía Cali-Palmira, a la altura del peaje del CIAT. Hasta el cierre de esta edición, la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes había confirmado la desaparición de 36 personas, un intento de abuso sexual y 20 heridos, tres de ellos con arma de fuego. Según Sandra Castro, integrante de la red y una de las personas que han estado en la búsqueda de los desaparecidos en los cañaduzales, aunque desde el 28 de abril habían denunciado represiones por parte de la Fuerza Pública, “lo de esa noche fue aterrador”, dijo.
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Relata que sobre las 9:00 p.m., cuando la manifestación salía de la glorieta de Versalles (sur de Palmira) hacia la carretera, “llegaron el Ejército y la Policía, y comenzaron a dispararnos indiscriminadamente gases lacrimógenos, aturdidoras y tiros”. Los manifestantes y defensores de derechos humanos registraron lo ocurrido y lo difundieron a través de redes sociales.
“Lo más difícil de lo que ocurre allí es que la carretera es una zona completamente oscura y sin ningún lugar para dónde correr. La gente queda acorralada y la única opción para huir de los gases y los disparos es correr a esconderse hacia los cañaduzales”, aseguró.
La situación se agravó aún más cuando el secretario de Seguridad de Palmira, Álvaro Arenas, publicó un video desde el Puesto de Mando Unificado, en el que desmintió que hubiera presencia militar y policial en la carretera y, por el contrario, se refirió a actos vandálicos en contra de postes de energía y cámaras de seguridad en la zona conocida como La Y.
Lo mismo ocurrió con el personero William Andrey Espinosa, quien sobre las 10:30 p.m. hizo presencia en la zona y negó que hubiera personas heridas y desaparecidas. Sin embargo, El Espectador conoció el relato de un enfermero que atendió a varios heridos que estaban sobre la carretera a esa misma hora. “A pesar de que las autoridades dijeron que no pasaba nada, seguíamos oyendo disparos indiscriminados por parte de militares y de policías. Aun con nosotros, que éramos de misión médica, fue muy difícil que nos dejaran atender a la gente herida en la carretera. No había garantías para nadie”, señaló el enfermero, cuyo nombre nos reservamos por motivos de seguridad.
Los Bomberos de Palmira trasladaron cuatro heridos al hospital Raúl Orejuela Bueno: Marlon García (20 años), Duván Steven Botina (24 años), Willy Vargas (19 años) y María de los Ángeles Padilla (19 años). Sin embargo, la red de derechos humanos confirmó 16 casos más de personas que fueron trasladadas a otros centros hospitalarios en Cali.
Sandra Castro señaló que “hubo varios centros médicos que no nos querían recibir los heridos porque no tenían capacidad hospitalaria o porque podían poner en riesgo a las personas contagiadas con COVID-19. Uno de esos fue el Hospital Universitario del Valle”.
De acuerdo con los defensores, de 70 personas que estaban desaparecidas hasta la madrugada de este lunes, ya fueron encontradas con vida 34. La defensora de derechos humanos explicó que ninguna de las personas ha puesto denuncia por desaparición, “porque todavía estamos esperando si los podemos encontrar. Sabemos que puede haber personas desmayadas por el gas lacrimógeno o algunas personas heridas por los disparos, estamos en una misión humanitaria para encontrarlos”. Este diario corroboró la información con el personero del municipio, quien aseguró que, aunque no tienen denuncias por este delito, ya tienen el listado de las 36 personas posiblemente desaparecidas y están confirmando la información con la organización.
El alcalde Óscar Escobar se pronunció públicamente y aseguró que, aunque no han contactado a todas las personas heridas ni a las familias con personas desaparecidas, ya radicó por oficio la noticia criminal para adelantar las investigaciones sobre lo ocurrido.