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¿Cuál es la lectura que se hace desde la ONU de los hechos recientes protagonizados por el Eln en el país?
Hay dos lecturas. Una política que es la que le corresponde al Estado, por la soberanía nacional, y que tiene la decisión de determinar si existen o existirán diálogos con ese grupo; y hay otra lectura que es puramente técnica y es entender qué significan, desde el punto de vista legal, los actos que están haciendo. El Eln es una estructura que desde nuestro punto de vista ha cometido actos de terrorismo. A nosotros lo que nos interesa realmente es si desde el punto de vista penal es perseguido por esos actos. Para la comunidad internacional, lo que es terrorismo está contenido dentro de 19 tratados internacionales que explican que hay actos concretos que son hechos que tienen una consecuencia objetiva. Por ejemplo, poner una bomba en un puente es un acto de terrorismo de acuerdo con las convenciones internacionales. El hecho de poner un explosivo que afecte infraestructura pública, como una antena de comunicaciones o un oleoducto, es un acto de terrorismo.
¿Eso implica que es una estructura terrorista?
De acuerdo con la ONU, lo que implica realmente es que la Fiscalía General debe adelantar una investigación por esos actos de terrorismo y perseguir a las personas que lo hacen y a quienes están detrás. Es lo que se llama autoridad mediata y es que de manera activa o pasiva se da una orden por la cual se cometen actos de terrorismo.
¿Y en el caso del paro armado?
Hay temas en los que no existe una respuesta tan clara si no hay un análisis jurídico en profundidad. El paro surge a través de un mensaje que se lanza por parte del Eln y se entiende que están amenazando a las personas para que no salgan a la calle, porque pueden ser víctimas de un enfrentamiento o de un tiroteo; entonces hay que analizar si eso se queda en una amenaza o es algo más. El análisis jurídico debería venir sobre cuántos hechos activos se dieron durante esos días como para que se pueda calificar de actos de terrorismos o no.
Colombia ha trabajado en los últimos años en esa lucha contra el terrorismo. ¿Ha tenido buenos resultados?
Colombia es un país tremendamente comprometido en materia de lucha contra el terrorismo y ha mostrado claramente una cooperación internacional muy fuerte y resultados tremendamente importantes. Entendió que no hay que esperar a que venga un paro armado, que pongan una bomba en un oleoducto o en un puente, maten a un cabo o hieran a siete policías. Hay que actuar preventivamente y en este aspecto hay temas muy importantes que en el caso del Eln, por ejemplo, son cruciales, porque se trata de una estructura que tiene un arraigo en puntos claves del país y en varias comunidades.
¿Cuáles han sido esas medidas preventivas?
Colombia está trabajando en una estrategia de prevención de la radicalización y del extremismo violento y en una de prevención del reclutamiento por parte de estructuras que cometen actos de terrorismo. No es lógico y no debe pasar que haya políticas eficaces de reclutamiento —sea de menores o adultos— por parte de estructuras como el Eln. Esas estrategias deben ser en niveles culturales y educativos en la ciudadanía, para prevenir que las personas formen parte de estos grupos. Eso implica un trabajo de mucha institucionalidad tanto nacional como local y se tiene que implementar. Que la población entienda qué es lo legal y qué lo ilegal y para eso es necesario que haya una presencia del Estado. La prevención se hace atacando los actos de preparación y de planificación.
¿Cuáles son los retos entonces?
Hay un punto clave que es el abastecimiento de armas. Debe haber una estrategia para prevenir que los grupos que cometen actos de terrorismo tengan armas y eso está atado de alguna forma al control de fronteras. Pero sobre todo el reto mayor está en atacar las finanzas criminales, el financiamiento del terrorismo. Atacando de esta forma se les quita poder y capacidad de actuación a las estructuras, pues tendrán menos dinero para sobornar y ejercer actos de corrupción, menos dinero para capacitación y entrenamiento, para comprar a la población, abastecerse de armas, acceder a vínculos con crimen organizado para, por ejemplo, tener documentos falsos de identidad.
En el caso de Colombia, el tema de la financiación pasa por los cultivos ilícitos y la cadena del narcotráfico. ¿Qué tan factible es atacar ese fenómeno?
El reto es muy grande y no es fácil, porque el número de hectáreas cultivadas con coca en Colombia viene en aumento y hoy hay 169.000 hectáreas. Pero también hay que entender que el financiamiento puede ser legal o ilegal. Lo que importa no es en realidad si la plata viene de una actividad legal o ilegal, sino el fin último de ese dinero, que es la de alimentar actos de terrorismo. Lo que hay que hacer es trabajar sobre la base de fortalecer las capacidades de respuesta del Estado.
¿Qué tendría que hacerse?
El Estado tiene que poder identificar cuál es la capacidad de financiamiento que tienen las estructuras, en qué parte de la cadena del narcotráfico están participando y cuánto se llevan, en de la cadena del tráfico de personas, de la cadena del contrabando, si hay extorsión, secuestro y todo ese tipo de actividades. En Colombia una política que sea exitosa en bajar los cultivos ilícitos, será exitosa en cuanto a quitarle plata al crimen organizado. Una vez que se sepa eso juegan un papel fundamental las agencias de inteligencia para que con base en la información que recolecten se puedan emprender investigaciones criminales y llegar a sentencias condenatorias sobre actos de financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel ahí de los órganos de investigación?
Eso debe derivar en investigaciones macro que, sobre la base de lo que uno es capaz de probar en un juicio, acaban afectando la estructura de la organización terrorista. Qué pasa muchas veces, nos interesa muchos saber cuántas toneladas de coca se incautan y nos quedamos en eso. Colombia es el país que más incauta, pero sobre esas incautaciones ¿cuántas investigaciones macro se realizan y cuántas afectan a estas estructuras? En Colombia hay que analizar cuáles son los vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo, y esos vínculos se ven por el financiamiento.