Defensoría y Migración deberán acompañar a extranjeras que pretendan ejercer el oficio en Colombia

En deuda con las trabajadoras sexuales

Han pasado siete años desde que la Corte Constitucional le pidió al Congreso reglamentar esa actividad en el país y en ese tiempo no se han visto mayores resultados. Ahora, el debate se ahonda con el ingreso de venezolanas en zona de frontera.

Aunque no está penalizado, tampoco está reglamentado el trabajo sexual en Colombia. / iStock

La masiva llegada de trabajadoras sexuales venezolanas a Colombia, no solo ha llamado la atención en las regiones fronterizas, sino que además comienza a generar riñas entre las que llegan y las que ejercen el oficio en el país. Aunque las trabajadoras sexuales colombianas están dispuestas a aceptarlas en los establecimientos donde laboran, se niegan a hacerlo con las que llegan a ofrecer sus servicios a cualquier parque, billar o taberna.

“En la calle se han dado casos en que una venezolana apuñala a una de las colombianas y las de acá agreden a las venezolanas. Incluso algunas se han amenazado con arrojarse ácido en la cara”, aseguró a medios locales Fátima Bacca, una de las líderes de las trabajadoras sexuales en la frontera. Las agresiones se están dando justo cuando la Corte Constitucional acaba de fallar una acción de tutela con un mensaje claro: permitir a las venezolanas ejercer el trabajo sexual en Colombia.

En su decisión, el alto tribunal ordenó reabrir la taberna Barlovento, donde se prestan servicios sexuales en Chinácota (Norte de Santander), , que se conoció hace dos semanasluego de determinar que se estaba vulnerando el derecho al trabajo de las mujeres que laboraban allí y que a pesar de que el establecimiento está en una zona céntrica y cerca de un colegio, esto no debe ser un impedimento para que funcione.

Además, les ordenó a la Defensoría del Pueblo y a Migración visitar la zona para verificar que no haya trata de personas, y hacer un acompañamiento a los extranjeros que ejerzan este tipo de trabajos y que no tengan la documentación en regla, para iniciar los trámites y la expedición de los permisos de rigor, porque para la corte no es aceptable “que se hagan deportaciones masivas sin analizar la situación particular de cada persona”.

La historia comenzó hace 82 años, cuando la pareja Rafael Delgado Castillo y Carmen Alicia Ramírez Ibáñez abrieron el bar Barlovento, en una casa esquinera, sobre una de las últimas casas en el occidente del pueblo. En el establecimiento no solo se vendía cerveza, sino que además se ofrecían servicios sexuales.

Con los años la taberna pasó a manos del hijo mayor de la familia, a quien en el pueblo nortesantandereano apodaban El Viejo, por lo que pronto el local fue reconocido por este sobrenombre. Finalmente, el bar quedó en manos de Nelcy Delgado, hermana de El Viejo y quien hasta hoy funge como su propietaria. “Ese sitio tiene casi un siglo y todo esto es una tradición”, aseguró Delgado a El Espectador.

Pero el año pasado debieron abandonar la casa en la que se fundó el establecimiento, debido a que no contaba con las condiciones necesarias de habitabilidad, de allí que buscaran un nuevo local, esta vez mucho más central, en una de las cuadras que conducen al parque central de Chinácota y a tan solo unos metros de uno de los colegios del municipio.

El hecho suscitó controversia en el pueblo, por lo que la alcaldesa ordenó el cierre luego de determinar que el local no cumplía con algunas de las reglamentaciones necesarias para funcionar, pero especialmente porque se trataba de una actividad de alto impacto en la zona. Había cerca niños y es un punto estratégico del pueblo.

Nelcy Delgado interpuso una tutela que el juzgado de Chinácota negó. En segunda instancia alegó fallas en el debido proceso, pero la decisión no fue estudiada. Finalmente la Corte Constitucional asumió el caso y analizó a fondo la problemática del establecimiento; de allí la decisión que reaviva el tema en el país sobre las necesidades de reglamentar el trabajo sexual, esta vez tanto para colombianas como para extranjeras, ya que en el lugar no solo laboran locales, sino también –de manera itinerante– cuatro venezolanas, que de acuerdo con Delgado “son mujeres con muchas necesidades, que llegaron al país con familia e hijos”.

La masiva llegada de venezolanas

“Como esto es zona fronteriza es muy común ver trabajadoras sexuales venezolanas en todas partes”, asegura Nelcy Delgado. A pesar de que es común que las trabajadoras sexuales venezolanas pasen la frontera con Colombia, según Fidelia Suárez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales (Sintrasexco), en el país hay aproximadamente 4.500 mujeres del vecino país ejerciendo este oficio.

“Las compañeras están en diferentes regiones del país y como ha aumentado la problemática en Venezuela, entonces ya no vienen solas, sino que llegan con su familia. Además, se ha incrementado el número. Ahora estamos mirando que no sean deportadas, ni atropelladas por la Fuerza Pública, y que tengan el debido trato digno que deben darles a estas mujeres como cualquier otro colombiano”, afirma Suárez.

Pero la situación parece estar saliéndose de control, sobre todo en las zonas fronterizas. En municipios de la Costa y los Santanderes se han hecho alertas por la masiva llegada de trabajadoras sexuales. Además, una de las principales preocupaciones, aparte de la masiva llegada, son las bajas tarifas que por sus servicios manejan las venezolanas. Por ejemplo, en Ocaña cobran entre $30.000 y $40.000 por el servicio, mientras el precio de las nacionales está $20.000 por encima. Por un lado, esto se convierte en una amenaza para las trabajadoras sexuales colombianas y por el otro es una inquietud para las organizaciones que defienden sus derechos, ya que por la vulnerabilidad con la que llegan del vecino país, son más propensas a ser explotadas, explica Suárez.

La situación de las colombianas

Así como la Corte Constitucional les pidió a la Defensoría y a Migración tomar medidas para atender las necesidades de las venezolanas que trabajan en la taberna y a la Alcaldía de Chinácota crear políticas públicas y alternativas laborales para las trabajadoras sexuales, le reiteró al Ministerio de Trabajo que debe elaborar una propuesta de regulación del trabajo sexual, como lo advirtió en las sentencias T-629 de 2010, T-736 de 2015 y T-594 de 2016, en las que pide reglamentar el trabajo sexual y así impedir que se facilite la explotación.

Según Suárez, en Colombia los abusos no solo vienen de proxenetas que se aprovechan de las condiciones de las trabajadoras sexuales para explotarlas, sino también de los dueños de los establecimientos, que cobran altas sumas a las mujeres para ejercer su labor, y aún más del aparato estatal, especialmente de la Fuerza Pública, que “abusa de su poder y atropella física y sexualmente a las compañeras”, comenta Suárez, así como de instituciones de salud “que en diferentes poblaciones del país exigen altas sumas a las trabajadoras sexuales por la atención médica o por los exámenes. En los casos de prevención de transmisiones sexuales se debe ofrecer una atención gratuita”.

El Ministerio de Trabajo ha tomado cartas en el asunto. En diciembre del año pasado avaló la creación del sindicato de trabajadoras sexuales, del que hacen parte hasta más de 600 mujeres que ejercen esta labor en el país. Igualmente se encuentran recibiendo propuestas de todos los sectores para plantear el proyecto de ley que exigió la Corte Constitucional para reglamentar el trabajo sexual.

Dentro de las propuestas estaría replantear las zonas de tolerancia, así como los talleres y capacitaciones que se les dan a las trabajadoras sexuales, que en el caso de Bogotá ofrecen la Secretaría de la Mujer e Integración Social y que según Suárez en muchos casos no responden a las necesidades de las mujeres, en cuanto a opciones que generen oportunidades laborales o personales, sino en cambio “se limitan a cómo ponerse el condón y como prevenir las enfermedades de transmisión sexual”.

Pero no todo es malo. De acuerdo con Eva Reynaga, directora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales (Redtransex), son significativos los fallos que han dado las cortes colombianas. “Me parece que van por buen camino. Estamos muy contentas por el debate que se está dando. No deberían dejarse presionar por algunas feministas abolicionistas, creo que es una cuestión de derechos humanos. Además, con esta decisión la Corte quiere que bajen los abusos contra las trabajadoras sexuales, pero de todas formas creo que aún hay una cultura muy machista y autoritaria”.

El principal temor que ahora tienen es que el proyecto no prospere. De hecho, en 2013 Armando Benedetti promovió una iniciativa que murió en el segundo debate. “Todo el mundo tiene sexo, pero bajo sombra, entonces me parece que nosotras avanzamos porque podemos decir estas cosas, el problema que tiene la gran sociedad es lo que nosotras representamos, que es comenzar a tener y disfrutar de la sexualidad libremente y de eso no se quiere hablar”, reflexiona Reynaga.

Por lo pronto, queda esperar qué medidas (para las que tienen un plazo de tres meses) implementarán la Defensoría y Migración para atender y acompañar a las trabajadoras sexuales venezolanas. Quienes ven la decisión de la Corte con malos ojos temen que el fallo dé vía libre para que aumente la llegada de las foráneas. Por su parte, Nelcy Delgado no ve cerca la reapertura de la taberna Barlovento, en Chinácota. A pesar de que la Corte Constitucional avaló su permanencia, hay algunas adecuaciones que aún debe hacer para cumplir con los requisitos legales. Para Delgado, este es simplemente un negocio más “y ellas son empleadas que llegan a trabajar y prestan sus servicios”.

 

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