También hay alerta por siembra de minas

En Ituango, los ilegales hacen hasta censo poblacional

Comunidad denuncia que grupos ilegales - que serían disidencias o Autodefensas Gaitanistas- han realizado reuniones en varias veredas del municipio antioqueño para contabilizar a los habitantes y controlar su movilización.

En el municipio de Ituango, el desplazamiento en su mayoría es gota a gota y en muchos casos hay subregistro. / Nelson Sierra

Las instrucciones son claras: en adelante, todas las personas mayores de 12 años deberán aparecer debidamente referenciadas e identificadas en el registro de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Aquellas que no figuren en los listados oficiales y sean detectadas, serán amarradas a un árbol hasta que algún familiar las reclame y se decida qué hacer con ellas. Los motociclistas, a su vez, no podrán usar casco en las carreteras mientras se movilizan hacia las veredas; esto con el objetivo de que cuando pasen por los retenes tengan la cara descubierta y puedan ser plenamente identificados. (Le puede interesar: Radiografía del actual conflicto armado colombiano)

Las nuevas imposiciones fueron anunciadas el pasado sábado en una reunión clandestina que se llevó a cabo en una vereda de Ituango (Antioquia). La cita fue hecha por un grupo armado ilegal que opera en la zona y que, aunque nadie tiene muy claro bajo qué denominación funciona, se sabe que está asociado a estructuras paramilitares. Y aunque pareciera un fenómeno nuevo y aislado, no ha sido el primer encuentro, ni tampoco el único lugar en el que se ha realizado.

“Se han hecho varios en distintas veredas. En los últimos dos años he venido registrando en Ituango ocho reuniones y en Valdivia 12. Los grupos paramilitares obligan a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y a los líderes a convocar estas reuniones. Se hacen a plena luz del día y nadie se atreve a decir nada, porque son grupos de más 30 hombres”, denuncia Isabel Cristina Zuleta, líder social y defensora de derechos humanos que ha seguido de cerca la situación de seguridad en el municipio y varias veces ha llamado la atención sobre lo que sucede allí. (Lea también: Así es la dinámica del conflicto en el Bajo Cauca)

El escenario de riesgo viene configurándose de tiempo atrás. En marzo de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia que daba cuenta de la existencia de factores de amenaza para la población de varias veredas y corregimientos. Factores que hoy, más de un año después, son los elementos claves para entender la espiral de violencia que parece perpetuarse en el territorio.

La radiografía tiene dos dinámicas de conflicto claras: el rápido avance de estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la confrontación interna de dos facciones de dicho grupo: el frente Rubén Darío Ávila y los llamados Caparrapos-Paisas, y, por otro lado, los enfrentamientos entre estos grupos y estructuras de las disidencias del frente 36 de las Farc que se disputan el control territorial sobre el corredor de movilidad, que, aunque montañoso y de difícil acceso, resulta ser estratégico, pues permite la salida hacia el golfo de Urabá. Por eso, para las comunidades en el territorio es muchas veces difícil determinar de dónde o de qué grupo vienen las órdenes. Se habla simplemente de hombres con armas largas y cortas, que usan camuflados y que patrullan libremente las calles de las veredas a plena luz del día.

La situación es tan crítica que en los últimos días ha derivado en el desplazamiento de 23 personas de 14 familias que huyeron de la confrontación armada en la vereda San Agustín de Leones y se refugiaron en el centro poblado de Santa Lucía. Un fenómeno que preocupa, sobre todo si se tiene en cuenta que no son desplazamientos masivos, como ocurre en otros municipios del Bajo Cauca, por ejemplo, sino que son gota a gota, y por tanto tienen menor impacto a nivel departamental, mayor subregistro y más dificultades para hacer seguimiento de los casos. “No solo hay desplazamiento por los enfrentamientos que se están dando en el cañón del San Jorge y de Riosucio, sino que la presencia de estos grupos se viene acercando cada vez más al casco urbano del municipio de Ituango”, explica Zuleta.

La disputa entre disidencias y gaitanistas se ha concentrado principalmente en veredas como Palo Blanco, ubicada cerca de la cabecera municipal, y en el corregimiento La Granja, en las veredas Chontaduro, El Zancudo, El Guadual y Monte Alto, del municipio de Ituango. De hecho, según la Defensoría, sería en las veredas Palo Blanco y Chontaduro donde se estaría concentrando la comandancia de las Agc. En el caso de las disidencias, se sabe que están conformadas por exintegrantes de los frentes 18 y 36 de las Farc. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, las estructuras están bajo el mando de alias Cabuyo y Carnitas, quienes hicieron parte de la dejación de armas y fueron incluso certificados en el proceso.

De acuerdo con el alcalde de Ituango, Hernán Álvarez, es claro que la confrontación se ha recrudecido en los últimos años y que se ha visto reflejada tanto en afectación a la población civil como en acciones públicas y directas. “Hace más o menos 20 días el frente 18 sacó un comunicado a través de panfletos que repartieron a la comunidad en los que decían que iban a minar ciertas zonas del municipio y advertían al campesinado que solo se podían movilizar hasta las 6 de la tarde”, reveló el mandatario local. La amenaza, que al parecer tiene el objetivo de detener el avance de las estructuras de las Autodefensas Gaitanistas, se distribuyó en las veredas El Olivar, La Linda, Las Cuatro, La Georgia, Palo Blanco, La Florida, Guacharaquero y Portachuelo.

Y aunque las disputas entre los ilegales son algo de gran preocupación, lo que más inquieta a las comunidades es el riesgo que están corriendo los líderes en estos territorios: “Es gravísimo que obliguen a un presiente de Junta de Acción Comunal o a un líder a convocar a su comunidad a un escenario de riesgo para que den órdenes actores ilegales y no pase nada. El problema es que la Junta o los procesos organizativos no tienen opción, porque no existe una institucionalidad que proteja a los defensores, ni un Estado fuerte que blinde a la comunidad de los ilegales. ¿Qué pueden decirles a 30 hombres completamente armados que los intimidan? Solo pueden hacer caso para que no los maten”, sostiene Isabel Cristina Zuleta al señalar que incluso ha puesto en riesgo su vida hablando de estos temas ante la ausencia de una institucionalidad que enfrente la crisis.

Para muchos, el problema en el municipio no radica en el pie de fuerza sino en la precaria acción por parte de la institucionalidad para atender un fenómeno que se viene denunciando desde hace más de dos años. Para Zuleta, la cuestión pasa por una clara ausencia de la autoridad civil. “No se puede esperar que cada habitante de Ituango tenga un soldado en su casa para que no haya paramilitares. Es claro que la Fuerza Pública tiene una responsabilidad para que sus operativos sean más efectivos, pero lo que se necesita realmente es fortaleza en la autoridad civil para entender qué es lo que está pasando en el territorio, qué está en disputa, cuáles son los corredores estratégicos, si son de armas, de coca. Un territorio tan grande no se puede ver con una sola perspectiva, no se puede mirar el problema solo desde el lado del narcotráfico”.

El alcalde Álvarez, a su vez, señala que sí se han dado resultados por parte de las autoridades y que la Fuerza Pública ha asestado golpes importantes, tanto a las disidencias como a las estructuras de las Autodefensas Gaitanistas. Insiste en que la administración ha realizado “consejos de seguridad en estas zonas afectadas y hemos llegado como institucionalidad con brigadas hasta algunos lugares del territorio que tienen estos fenómenos. Llegamos Gobernación, Alcaldía, Ejército y Policía para mitigar el impacto, a hacer presencia y en cierta medida levantar el ánimo de la gente”.

Lo cierto es que el escenario de riesgo para las comunidades parece agravarse con el paso del tiempo. De hecho, la Defensoría del Pueblo trabaja en otra alerta temprana que muestra cómo se están cumpliendo las advertencias que habían sido hechas tiempo atrás con graves consecuencias humanitarias. La sensación entre los pobladores es que a la región ha vuelto la violencia cruda que recuerda las épocas de finales de los 90 y las violaciones de derechos humanos, torturas y asesinatos características de los grupos paramilitares. La pregunta la deja en el aire Isabel Cristina Zuleta: “No podemos seguir en el silencio. Son muchas las personas que pueden morir y muchas las que ya han muerto. Las señales de tortura que está haciendo esta gente son unos mensajes contundentes. ¿Cómo es posible que eso no sea leído por la institucionalidad y el Estado no actué?”.

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2019-07-10T22:00:00-05:00

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2019-07-11T14:36:57-05:00

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Marcela Osorio Granados - @marcelaosorio24

Nacional

En Ituango, los ilegales hacen hasta censo poblacional

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