¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS REGIONES PARA LUCHAR CONTRA EL CORONAVIRUS?

En La Guajira falta agua y la salud está intervenida, pero ya llegó el COVID-19

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Con un caso confirmado de COVID-19, urgen medidas de protección para evitar el contagio. Mientras el Gobierno Nacional asegura que están listos para afrontar la crisis, médicos denuncian que no hay recursos ni insumos.

Para los habitantes de La Guajira, los problemas de salud del departamento son tan viejos que el hecho de que existan solo 37 camas disponibles para atender la emergencia por el nuevo coronavirus no sorprende a nadie. Sin embargo, la incertidumbre ante la confirmación, esta semana, del primer caso de contagio en esta zona disparó de nuevo las alertas. Las preocupaciones de los médicos en la región son claras: no hay implementos para atender a los infectados por la pandemia, escasean los guantes en las clínicas y el personal está consiguiendo, por su cuenta, tapabocas y máscaras para protegerse.

Jorge Luis Pérez Molina, pediatra intensivista radicado en Riohacha, explica que, siendo menos de un millón de habitantes en todo el departamento, hay alto riesgo de que el 70 % de la población se infecte, por las condiciones de vida de la gente. “El 90 % de nuestra población vive en la pobreza; por eso la opción del aislamiento social es casi imposible acá y el riesgo de contagio es aún mayor”, sostiene.

Si el 70 % de la población se infecta, dice el médico, y un 5 % de ellos presenta complicaciones moderadas que ameriten hospitalización, se necesitarían “más de 31.000 camas para dar abasto. Y si de esos pacientes, un 10 % tiene complicaciones severas que ameriten atención en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), necesitaríamos mínimo 3.000 camas y ventiladores, y tenemos escasamente 75 camas y 40 ventiladores”.

El panorama es menos alentador si se tiene en cuenta que el 50 % de las UCI están ocupadas por pacientes con otras enfermedades, lo que deja a La Guajira con escasas 37 camas para atender la emergencia por el nuevo coronavirus, de las cuales la mayoría están en Riohacha.

De hecho, aunque no se sabe con exactitud cuántos neumólogos hay en todo el departamento para atender a los infectados, se sabe que en la capital hay apenas dos doctoras especializadas en enfermedades respiratorias.

Eso sin contar con que en La Guajira tanto la salud como la educación están intervenidas por el Gobierno desde febrero del 2017 cuando la Contraloría alertó de la posible desviación de $31.150 millones por manejo de regalías que estaban destinadas a salud, educación y alimentación escolar. La entidad de control venía haciendo seguimiento al manejo fiscal desde 2015, cuando hallaron un detrimento patrimonial de casi $20 mil millones. Desde entonces el Ministerio de Salud y el de Educación son los encargados de inyectar recursos y administrarlos, por lo que las autoridades locales no tienen mayor capacidad de decisión sobre estos asuntos si las órdenes no vienen desde el Gobierno central.

Al ya complejo panorama habría que sumarle los históricos problemas de suministro de agua potable que hacen casi imposible cumplir la recomendación de las autoridades sanitarias de lavarse las manos cada tres horas para prevenir el contagio del virus. Para muchos habitantes esto solo es posible con aguas represadas que recogen cuando llueve o para algunas comunidades, como la wayuú, con lo que logran abastecerse del río Ranchería.

Según Johanna Valdeblanque, neurocirujana en Riohacha, en la reunión hecha el pasado martes por el gobernador Nemesio Roys, en la que informó del primer caso de contagio, el mandatario manifestó su preocupación por la falta de dinero para prepararse ante un aumento de casos. “Nos dijo lo que ya suponíamos: que no tenemos un centavo para afrontar la crisis, porque el Gobierno Nacional no ha girado recursos”.

Sin embargo, de acuerdo con Julio Sáenz, administrador temporal de salud de La Guajira, el departamento sí se está preparando y, de hecho, aseguró que el hospital de Maicao, uno de los más importantes por su cercanía con la frontera con Venezuela y con comunidades wayuus, “ya está listo en sus adecuaciones físicas y solamente se está a la espera de que lleguen los equipos de ventilación que hemos incluido en el plan, que junto con la Gobernación hemos presentado a consideración de las instancias respectivas, tanto nacionales como de cooperación internacional, en búsqueda del apoyo para la financiación pero también con la certeza de que unidos con la Gobernación de La Guajira vamos a tener la financiación de estos equipos. El presupuesto está cercano a los $30.000 millones".

Un médico del Hospital San Juan, de Maicao, quien pidió reservar su nombre, aseguró a El Espectador que no es cierto que estén preparados y que lo único que hay nuevo para afrontar el COVID-19 son unas carpas que instalaron a las afueras de la clínica, pero que ni el mismo personal sabe, a ciencia cierta, para qué son o qué servicio prestarán. “Todo el tiempo han dicho que estamos listos, pero la realidad es que no lo estamos. No hay nada. No tenemos ventiladores respiratorios, ni siquiera nos han capacitado como médicos sobre la magnitud de la emergencia. Nos dan unas máscaras cada 21 días para protegernos y eso no garantiza las medidas de higiene. Tampoco tenemos trajes de bioseguridad y de las doce camas de la UCI, siempre hay unas diez ocupadas”.

Germán Aguilar Epieyú, líder indígena en Maicao, explica que este centro médico es el que más atiende a venezolanos que pasan la frontera, por lo que, en caso de agravarse la crisis, podría no dar abasto en poco tiempo. “A nosotros, que vivimos en rancherías alejadas de la carretera, nos toma una hora y media hora en vehículo llegar al hospital más cercano. Y siempre nos movilizamos caminando. El acceso a la salud que tenemos los indígenas es casi nulo”, dice Aguilar.

El tema preocupa, pues, de acuerdo con el gerente de frontera, Felipe Muñoz, de los 1,8 millones de venezolanos que hay en Colombia, un millón no tienen acceso a Sisbén, seguridad social ni alguna oferta social del Estado. Solo en La Guajira hay 165.475 venezolanos.

Aunque no han alertado sobre contagios importados de Venezuela, el gerente de frontera dijo que había gran preocupación por la acentuada xenofobia a que están expuestos los migrantes, empeorada por la crisis del nuevo coronavirus. En las poblaciones muchas personas han manifestado su preocupación porque la mayoría de venezolanos viven en las calles y pueden ser propagadores del virus.

Frente a esto, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, aseguró que a los migrantes les están asignando unas zonas para que construyan sus casas. “Como decimos popularmente, para que hagan sus cambuches y permanezcan ahí mientras pasa la cuarentena. Nosotros nos encargaremos de su subsidio alimentario”.

Otro asunto inquietante es el alto grado de desnutrición, que hace a los guajiros más vulnerables a la enfermedad. “La Guajira es muy vulnerable para cualquier proceso o brote epidémico infeccioso, porque la primera barrera de los virus es el estado nutricional y acá más del 50 % de la población padece o ha padecido desnutrición”. En palabras de la médica Valdeblanque, “si a nuestros indígenas no se los llevó la desnutrición ni la falta de agua, este virus los extermina, porque no han llegado recursos”.

De hecho, la historia reciente de epidemias en la zona muestra la vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante estas situaciones. En 1991, por ejemplo, la epidemia de cólera llegó a La Guajira y afectó especialmente a los wayuus. Aunque no hay registros exactos de cuántas personas murieron por la epidemia, se habla de 200 a 300 indígenas en menos de cinco meses. Luis Gómez Pimienta, quien entonces era viceministro de Salud, recuerda incluso que para controlar esa enfermedad, además de la vacunación, hubo atención temprana y caracterización de los hogares indígenas; acciones que no se han realizado ante el nuevo coronavirus.

La condición de vulnerabilidad de las comunidades indígenas ha sido alertada desde varios sectores. De hecho, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) radicó, el pasado 27 de marzo, una acción urgente con las entidades sociales de apoyo a comunidades indígenas: ONIC, Fucai y Codacop, ante el riesgo en el que se encuentran los wayuus, y la Procuraduría General hizo un llamado a las entidades territoriales para crear un plan especial con el fin de protegerlas.

Aunque todavía no hay un plan en marcha, los profesionales de la salud de la región alertan de que el primer contagiado con el nuevo coronavirus en La Guajira puede ser el comienzo de una dura crisis sanitaria que pondrá a prueba el manejo de la salud del Estado.

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