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En una auditoría realizada por la Contraloría a diversos contratos de la alcaldía de Santa Marta el organismo de control encontró un posible detrimento patrimonial por poco más de $460 millones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Santa Marta en 2018.
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Al parecer, el aumento en el costo de las raciones de comida se debe a la destinación de un porcentaje a gastos de publicidad. De acuerdo con el informe presentado por la Contraloría, “se evidencia que para establecer el valor de cada uno de los complementos alimentarios se incluyó un ítem o componente que se describe como 'publicidad, visibilidad y socialización', estimado en $107 para complemento almuerzo y $101 para complemento a.m., apartándose de lo reglado”.
El contratista operador del PAE, el Consorcio Proyecto Vital, suministró una información en la se registra una carpeta llamada “publicidad”. Según el ente de control, las facturas que soportan los gastos contienen conceptos que no tienen relación con los alimentos para los menores que asisten a los centros educativos.
El informe indica que se dispusieron recursos para pagar botellones de agua, traperos, cucharas, bolsas, vasos desechables, tapabocas, desinfectantes, agua para oficina administrativa, servicios de internet, utensilios de cocina, recargas de extintores, servicio de gas, compra de pipetas de gas, pago de almuerzos para personal administrativo, compra de abarrotes, mantenimiento a estufas y facturas de servicio a Electricaribe.
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La Contraloría destacó que el contrato fue liquidado el 7 de abril de 2019. Su ejecución fue del 90 % porque no se entregaron todas las raciones alimentarias. Supuestamente, la prestación del servicio se inició después del comienzo de clases. El municipio canceló $10.468.745.973 correspondiente a las raciones efectivamente entregadas en la ejecución del contrato.
“El PAE es un programa complejo. Nosotros hemos sido modelo a nivel nacional y con todos los elementos que tenemos en esta instancia que sigue, muy seguramente explicándole a la Contraloría, el tema no pasará de un hallazgo y en el peor de los casos será un tema administrativo para corregir, si hubiera que hacerlo. Pero ahí está cada peso invertido. Nosotros no jugamos, a diferencia de otros, con la comida de los niños”, dijo Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta al portal web Seguimiento Co.
Sobre el contratista
La Contraloría dio a conocer que el representante legal de la Fundación para el Desarrollo Social Integral Sostenible Energía Vital es Luis Gabriel Arregoces Solano, quien ha participado en tres uniones temporales: Consorcio de la Unión Temporal Proyecto Vital, Unión Temporal Alimentando al Futuro de la Ciudad y Unión Temporal Escoalimentar 2019 que desde 2016 ha manejado el contrato del PAE en Santa Marta.Según la Contraloría, contrató con el Instituto de Bienestar Familiar, en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, por un total de $8.700.876.185.