Comisionada de la CIDH alienta a líderes sociales de Colombia a acudir al sistema interamericano

Margarette May Macaulay, comisionada de la CIDH. / Alejandra García - El Espectador

La población afrodescendiente de las Américas se prepara para intervenir este miércoles en la Asamblea General de la OEA y expresar ante ese organismo sus principales preocupaciones. Una de ellas es la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc, y la participación de las comunidades negras. Para ello, defensores de derechos humanos se citaron en Medellín en una conversación liderada por Ángela Salazar, comisionada de la Comisión de la Verdad; Nixon Ortiz, director de la Fundación Arcoíris Libre de Tumaco; Audes Jiménez, vocera de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD); Margarette May Macaulay, comisionada de la CIDH; y Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo. (Lea aquí: “Nos preocupa la situación de Colombia”: manifiesto afro ante la Asamblea General de la OEA)

La discusión se centró en el asesinato sistemático de líderes sociales en las regiones de Colombia. Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, 462  activistas de derechos humanos han muerto, según la Defensoría del Pueblo. Al respecto, Audes Jiménez mencionó el caso de María del Pilar Hurtado, mujer afro asesinada recientemente delante de su hijo en Córdoba, y reiteró que las personas negras especialmente están siendo víctimas de ataques. Jiménez reiteró que estos homicidios deben mencionarse en la Asamblea General de la OEA y le hizo un llamado al Gobierno colombiano para que priorice en su agenda la problemática.

“Siguen las amenazas, los asesinatos. Las autoridades dicen que no tienen nada que ver con temas de tierras o reparación. Mentira. La defensa de los derechos humanos sigue siendo blanco de violencias. Mientras nuestro presidente (Iván Duque) está preocupado por la situación de migrantes y por cómo tumban a Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) hay un exterminio de líderes y liderasas que se atreven a criticar al establecimiento. Esto debe preocuparles a todos los países de la OEA porque el fenómeno se importa al exterior y, sobre todo, en los territorios de frontera”, afirmó Jiménez.

A ese llamado se unió Nixon Ortiz, quien aseguró que el Estado no se ha querido comprometer con la implementación del acuerdo de paz y eso ha conllevado a la generación de diferentes focos de violencia. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones. El Estado colombiano se ha vuelto miope a los asesinatos y las amenazas, nuestras voces no han sido escuchadas. Hay muchos funcionarios diciendo cosas absurdas que no tiene sentido para defender el acuerdo”, agregó Ortiz.

Al escuchar estos reparos, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Margarette May Macaulay reconoció que algunos casos han llegado a oídos de esa instancia y alentó a los líderes sociales de Colombia a acudir al sistema interamericano para poner en conocimiento los hostigamientos de los que están siendo víctimas. “Si a usted le da miedo salir de su casa, ¿cómo se puede hablar de paz? La relatoría ha estado pidiendo informaciones y, aunque ustedes, líderes sociales, nos contacten 20 veces al día, ¡hagánlo! Porque esa es la forma en que podemos ayudarles, para solicitarle información al Estado y hacerla pública. Así, el Estado puede tomarse esto con seriedad, esa es una de las cosas en las que ha fracasado. La paz no es solo dejar las armas, eso no es paz”, sostuvo Macaulay.

Por su parte, la comisionada Ángela Salazar ratificó que la Comisión de la Verdad, creada a partir del acuerdo de paz para esclarecer casi cincuenta décadas de conflicto armado, trabaja para tener una dirección étnica que establezca un enfoque diferencial para las comunidades negras. Salazar también llamó la atención sobre la falta de recursos que agobia a la justicia transicional para funcionar: “La implementacion ha sido difícil por el presupuesto. Nos rebajaron más del 40% para el presupuesto que había para 2019 y estamos preocupados para el 2020”.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos