Encuentro con los "guerrilleros bajo la ruana"

Señalados desde la ciudad, un grupo de campesinos se aferra a la ley para defender con autonomía su territorio, que sienten amenazado.

Filiberto Baquero, presidente de Sintrapaz, y sus compañeros Gustavo Delgado y Aracely Romero. / Steve Boucher

“¿No le va a avisar al Ejército que va mañana para allá? Vaya con cuidado, jefecito”, me dijo María Isabel el viernes en la noche al despedirse. Por eso, no me extrañó el recibimiento de Aracely Romero al día siguiente: “¿Viene a conocer a los ‘guerrilleros que se esconden bajo la ruana’, como nos llama Fernando Londoño en su programa? Somos nosotros, estos que aquí ve. Y si defender un territorio es ser guerrillero, el mundo se está llenando de guerrilleros”.

Las etiquetas sobre lo desconocido, tan comunes en este país, saltaban a la vista el sábado pasado, 5 de abril, cuando El Espectador llegó a San Juan, un diminuto pueblo de una veintena de casas sobre una única calle que baja empinada por la montaña, en la Localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, a unas dos horas de camino en carro desde el extremo urbano al suroriente, por Usme. Allí, en un par de horas, se llevará a cabo la asamblea mensual del Sindicato Agrario del Sumapaz, Sintrapaz, que lidera la solicitud de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en este territorio.

Hay mucho movimiento esta mañana en San Juan. Funcionarios de la alcaldía distrital reciben inscripciones de niños y reparten uniformes para actividades deportivas que van desde fútbol de salón hasta taekwondo, pasando por tejo y rana. Soldados —en número inusual según cuentan en la calle— patrullan armados por el pueblo. Dicen que han traído una brigada de salud, pero a esa hora, 9 a.m., nadie se les acerca. Pobladores y soldados se cruzan miradas que denotan desconfianza. Los perros sanjuaneños son menos tímidos, les ladran al pasar.

Arriba los soldados, abajo la escuela donde en un par de horas se realizará la asamblea de Sintrapaz. Antes, sus directivas han aceptado reunirse con académicos de la Universidad de California en Davis y la Universidad de los Andes de Bogotá, que trabajan temas de tierras, métodos de producción y la figura de las Zonas de Reserva Campesina. El Espectador es testigo de excepción.

En un salón escolar nos sentamos en redondo. Por las ventanas se alcanza a ver una sucesión de montañas que las nubes no alcanzan a trepar. El día es soleado, pero el frío se cuela hasta los huesos. “La próxima vez vienen con ruana”, nos habrá de decir en la despedida uno de ellos, Parmenio Poveda.

 Cumplir la ley

 “El trámite para la Zona de Reserva Campesina se tiene cumplido hace más de un año”, cuenta Ferney Delgado, el más joven del grupo y quien tiene a su cargo la relación con el Incoder. “Solamente falta la audiencia pública. Pero no hay voluntad del Gobierno. La audiencia estaba programada, pero dos o tres días antes nos informaron que se había aplazado y no sabemos hasta cuándo”, anota decepcionado.

No es el primer aplazamiento. Para septiembre del año pasado estaba la primera citación. Luego, para el 26 de octubre. Ahora, que el 25 de enero pasado. Pero nada. Ferney dice que nadie les da razones, aunque oye decir que tiene que ver con lo que se negocia en La Habana. La Asociación Nacional de Zonas Campesinas, Anzorc, asegura que el argumento fue la “inestabilidad política y administrativa en Bogotá”. Y el portal Confidencial Colombia, al anunciar el último aplazamiento, aseguró que “establecer la Zona de Reserva Campesina le daría bastante favorabilidad mediática al alcalde Gustavo Petro”.

Consultado el martes por El Espectador, Aníbal Fernández, viceministro de Desarrollo Rural, justificó el aplazamiento con recientes cambios burocráticos. “El proceso está en curso, pero lo llevaba Miriam Villegas (quien renunció a la gerencia del Incoder en septiembre del año pasado) y hubo cambio de administración. Mi antecesor estuvo encargado, luego yo, y se pensó que era mejor avanzar con el funcionario en propiedad, que llegó apenas a finales de noviembre. Y tenía primero que enterarse del tema”, dice Fernández, aunque reconoce que también se sumó la decisión del procurador contra el alcalde Petro días antes de la audiencia.

El nuevo gerente del Incoder es Rey Ariel Borbón Ardila, del Huila —donde dirigió la corporación autónoma regional—, de filiación conservadora y, según el portal La Silla Vacía, “muy cercano al senador conservador Hernán Andrade”.

Cualquiera fuere la razón para que el proceso esté detenido, los miembros de Sintrapaz no comprenden por qué, si han cumplido con todas las exigencias de la ley 160 de 1994, el Estado en cambio no las cumple.

“No estamos pidiendo nada extraordinario, solamente que se cumpla la ley”, insiste Ferney. Y agrega que el problema de seguir aplazando la decisión es que el Plan de Desarrollo Sostenible que han diseñado —requisito cumplido para la solicitud de la ZRC— se va a desactualizar, con lo cual tendrían que comenzar de nuevo.

Las luchas agrarias que se han dado históricamente en esta región —las de Erasmo Valencia, las de Gaitán, las de Juan de la Cruz Varela—, a pesar de que pasaron períodos de alta confrontación y violencia, han tenido una característica particular: el propósito de conocer la ley y la tendencia a resolver los conflictos a través de ella. Como dice la historiadora Rocío Londoño, “los campesinos rebeldes del Sumapaz aprendieron que para hacerse escuchar y respetar tenían que conocer y entender los códigos legales, comunicarse con distintas instancias gubernamentales y llevar a cabo acciones colectivas”.

En esas siguen hoy. Gustavo Delgado lo expresa con palabras transparentes en nuestra reunión: “aprendimos de los antepasados cómo se organizaban para defender lo suyo. No tenían tierra, pero tierra había. Y no la iban a tener sino organizándose. Hoy es lo mismo. Por eso nos tildan de guerrilleros, nos tratan como si fuéramos unas mascotas y no seres pensantes. Todo es para debilitarnos”.

 

Los intrusos

 

De nuevo brota el estigma, todo el tiempo emerge. “No tenemos la culpa de que la lucha armada haya estado en este territorio. Los delincuentes pasan por los barrios de las ciudades haciendo sus cosas y no por eso se considera que quienes habitan en esos barrios son delincuentes”, protesta Gustavo.

Pero esa no es la única fisura en su relación con el Estado. La sensación de amenaza sobre su territorio, de un mundo urbano que se los quiere tragar, se siente también en cada palabra.

“Por el agua vienen a Sumapaz, y el agua es para la gente, no es una mercancía”, dice Carlos Suárez. “Aquí llegan los maestros a venderles a los niños la idea de que el futuro está en la ciudad, que quedarse acá es un fracaso”, complementa Aracely. No se queda atrás Erismendis Castellanos: “la organización es nuestra única opción. La otra es la que nos proponen desde la ciudad: meternos en un apartamento en Bogotá, a donde nos toca entrar y salir en reversa, porque uno ni cabe, y condenar a nuestros hijos a la delincuencia porque no habrá nada para echar en la olla”. Y así...

Sienten, además, que esa “invasión” desde el centro ya ha puesto dos pies sobre su territorio: el Ejército, que llegó a la zona en 1990 cuando se ordenó la toma de Casa Verde, sede de las Farc, y el Parque Nacional Natural Sumapaz, declarado en la zona más elevada del páramo en 1977.

Seguridad y conservación, ¿por qué estar en contra de ellas? Por lo mismo, porque llegaron como imposición, y eso va en contra de su tradición organizativa.

El conflicto con Parques Nacionales es justo porque nunca les consultaron las decisiones: ni su constitución, ni su delimitación, ni las restricciones de uso de sus suelos. El último conflicto surgió por la prohibición que contiene la ley para que una ZRC incluya terrenos de parque natural.

“Allí hay gente que estaba desde mucho antes de que llegara el parque”, se queja Parmenio. Y cuenta que en algún momento los citaron a una concertación, pero los funcionarios de Parques llegaron acompañados por la Fuerza Pública, “para que fuéramos viendo qué pasaba si no nos salíamos. Nos paramos y nos fuimos”.

Con todo, el mismo Parmenio reconoce que ha habido acercamientos con la comunidad y han aprendido a preservar el páramo en talleres con los funcionarios de Parques. “Uno aprende a acoger lo bueno de las políticas”, dice. “Hoy es muy raro que alguien aquí haga una quema para sembrar o que eche hacia el páramo con la papa... Hoy los campesinos sabemos de la fragilidad de estos suelos y cómo protegerlos”.

Las quejas hacia el Ejército, si bien en algunas declaraciones públicas han sido también por violación de derechos humanos de la población, en nuestro encuentro se circunscriben al daño ambiental. “Acampan en los sitios más altos, en los nacederos de los ríos, cortan el frailejón para sus trincheras, para sus camas, para todo. Y dejan por donde pasan toda su basura. Antes del 90, estas eran las aguas más puras del mundo; ahora un estudio del Hospital de Nazareth nos dice que los ríos bajan totalmente contaminados”, dice Aracely.

Faltan cinco minutos para las 11 de la mañana, cinco minutos para que comience su asamblea. La responsabilidad llama a nuestros interlocutores. Ha sido un primer asomo a lo desconocido, a estos campesinos bogotanos llenos de historia, unidos y organizados en defensa de su territorio, que algunos en la ciudad ven apenas como unos “guerrilleros bajo una ruana”. Faltarían muchos más encuentros similares —y no solamente con ellos— para entender en su integralidad la complejidad de su batalla. Pero tal vez les falten más al Estado para aprender a ir quitando etiquetas y a entender las urgencias y particularidades locales.

Hasta una próxima. Pero con ruana.

 

 

[email protected]

@fidelcanoco

últimas noticias