:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/3QzzmLr8r5VdBMzfjK1OQtbkFdA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FSYK6BHN55FXVK3VHXY36VC2ZM.jpg)
Este lunes, las ayudas humanitarias continúan llegando para los más de 400 indígenas Pichima Quebrada y afrocolombianos que fueron desplazados de su territorio en el municipio de Litoral de San Juan, Chocó, por acciones violentas de actores armados.
El domingo 2 de junio, por combates entre disidencias del frente 30 de las Farc y el Eln registrados entre las 11 a.m. y las 2 p.m., cerca de 500 habitantes permanecieron confinados y las puertas de la Institución Educativa la Unión de Pichimá se cerraron, dejando a más de 250 estudiantes sin clases. El día siguiente, 417 personas salieron de la comunidad con rumbo a la cabecera municipal, en donde se alojan en tres puntos.
El martes, dos días después del hecho, la Unidad de Víctimas lelvó a cabo una reunión en la que se acordó que el ICBF activaría protocolos de atención con los operadores de la Primera Infancia, que la Secretaría de Educación Departamental implementaría una jornada educativa de emergencia, que se solicitaría la continuidad del programa del PAE, que las familias recibirían atención psicosocial y que se distribuiría combustible para la entrega de ayudas humanitarias.
Lea también: Una nueva guerra en Chocó: lo que hay detrás del desplazamiento de 417 indígenas
La Unidad para las Víctimas, con el apoyo de entidades gubernamentales, han activado rutas de atención para las familias afectadas. Este fin de semana fueron entregadas 13 toneladas de ayudas humanitarias que incluyen kits de aseo, de cocina, de alimentación, colchones, plásticos, ollas y elementos recreativos para los niños.
“Para este martes, 11 de junio, serán entregadas otras 16 toneladas en el área de salud, aseo y alimentación para las comunidades que se encuentran en estado de confinamiento como son las comunidades Quícharo, Palestina, Pichima Playa, Togoromó Quebrada”, señaló una funcionaria.
De acuerdo con directivos de la Unidad para las Víctimas, también se avanza en el proceso de verificación del presunto confinamiento de otras comunidades aledañas al lugar en que se registraron los hechos de violencia.