EPS: a cumplir con el aborto legal

A pesar de que los procedimientos están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), las mujeres acuden a sitios que no pertenecen al sistema. Con esa decisión les ahorran a las EPS casi $2.200 millones al año.

Un grupo de mujeres defienden su derecho a abortar legalmente, en las causas avaladas por la Corte Constitucional. / Archivo
Un grupo de mujeres defienden su derecho a abortar legalmente, en las causas avaladas por la Corte Constitucional. / Archivo

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, que aprobó la interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE) en el país en tres casos específicos, cumple siete años, y a pesar de que el procedimiento está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), las estadísticas demuestran que son pocos los casos que atienden las EPS . Los obstáculos y demoras que tradicionalmente han puesto estas entidades para atender a las mujeres que ejercen su derecho a abortar han obligado a muchas de ellas a acudir a sitios ajenos al sistema de salud como algunas fundaciones, que se dedican legalmente a esta práctica. Esto parece que cambiará gracias a la reciente circular de la Superintendencia de Salud, que da instrucciones concretas a las EPS para atender las ILVE de forma oportuna. Sin embargo, la directriz, vigente desde el 26 de abril, abrió un debate sobre si los abortos legales se deben cargar o no al sistema de salud.

Y no es para menos. Al conocer los datos que reportan oficialmente instituciones que practican abortos legales en el país, es posible calcular los costos de la práctica. Según un estudio de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), que revela cifras de ILVE en entidades del sistema de salud del país, se han reportado 1.632 procedimientos desde 2006, de los cuales 685 se realizaron entre 2011 y 2012. Esta cifra es mínima al compararla con la reportada por entidades ajenas al sistema que se dedican a practicar abortos legales y que dicen haber realizado entre 2011 y 2012 al menos 13.635 ILVE, de las cuales 8.044 fueron con medicamentos y 5.591 de forma quirúrgica.

Sumando ambos datos, y si se tiene en cuenta que una interrupción del embarazo con medicamento cuesta $50.000 y mediante cirugía vale $700.000, se puede calcular que los abortos legales en el país valen $3.000 millones al año.

Estas cifras son las que están detrás del debate de si los abortos legales se deben cargar o no al sistema de salud, como lo ordena la Superintendencia desde el pasado 26 de abril. La razón es que antes de la circular, las EPS asumían una mínima parte de estos costos, ya que la mayoría lo pagaban las mujeres de forma particular, debido a las trabas de las entidades de salud. Pero este será ahora un gasto más del POS.

La circular de la Supersalud generó críticas, las cuales apuntan a que ni el sistema ni el Estado deben asumir estos costos. Una de esas críticas fue la que expresó el senador conservador José Darío Salazar, quien dijo que el aborto legal no es un asunto de salud pública, porque “no es un tratamiento, no es una terapia, no aboga necesariamente por la salud de una mujer, sino que es para matar a un ser humano”. El congresista sustentó su rechazo diciendo que la circular de la Supersalud hace alusión a un decreto nulo desde comienzos de año (4444 de 2006), en que se indicaba a las EPS cómo atender las solicitudes de las ILVE. El senador agregó: “A pesar de que el decreto está suspendido, el Ministerio de Salud se pasó esto por la faja”.

Algo distinto piensan quienes defienden la medida de la Superintendencia de Salud de fijar nuevamente directrices a las EPS para que atiendan los abortos legales de manera oportuna, justificándolas en la sentencia C-355 de 2006 y diferentes tutelas. Según Ariadna Tovar, abogada de Women’s Link Worldwide, desde 2006 la Corte estableció que no hace falta reglamentación para exigir a las EPS de manera inmediata la interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE) en las circunstancias autorizadas.

Y agrega que tanto el Congreso como el Ministerio de Salud pueden expedir reglamentaciones, siempre y cuando se respeten los límites constitucionales. “No pueden reducir las causales ni establecer más requisitos, tienen que garantizar el goce efectivo de los derechos de las niñas y mujeres que requieren de una ILVE, en condiciones de igualdad y seguridad, como un servicio más del sistema general de salud”.

Tovar agregó que cuando una EPS pone obstáculos a una mujer que solicita una ILVE, lo único que hace es ponerla en un riesgo mayor, ya que, como lo explican los expertos de la salud, se reducen los riesgos cuando se practica con menos tiempo de gestación, lo que permite que el procedimiento se haga con medicamentos y no mediante intervención quirúrgica.

En medio del debate sobre si los abortos legales se deben cargar o no al sistema de salud, hay expertos que señalan que es mejor incluirlos de una vez, ya que está probado que atenderlos luego como emergencia es más caro, no sólo médica sino económicamente. Diego Villegas Echeverri, médico de la Unidad de Laparoscopia Ginecológica Avanzada (Algia) de la clínica Comfamiliar y presidente de la Fecolsog, explica que cuando el aborto se realiza en momentos y condiciones inadecuadas, el riesgo de complicaciones es muy alto, con situaciones como infecciones pélvicas y hemorragias, que son causas de morbilidad y mortalidad. Otras complicaciones son traumas a los órganos de la pelvis, perforaciones uterinas y daños en la vejiga e intestinos. “Esta serie de complicaciones pueden ser manejadas, pero en varios casos producen efectos definitivos, como problemas psicológicos, discapacidad, incapacidad para embarazarse de nuevo y hasta la muerte”, agrega.

Por su parte, otro médico de un hospital público dice que mientras en un sitio clandestino el aborto cuesta hasta $300.000, atender posteriormente a una mujer que llega a urgencias por un aborto mal realizado puede costar hasta $80 millones, ya que un obliga a que se le tengan que practicar a la mujer cirugías adicionales, como histerectomía, laparotomía y colostomía, a lo que se suman largas hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, con lo que “la inoportuna prestación del servicio puede generarle costos mayores al sistema de salud”.

Son estas y otras razones las que le permiten al médico Javier Díaz, asesor de la Secretaría de Salud, afirmar que las ILVE sí son asunto de salud pública y que la reciente circular de la Supersalud debe ser acogida por aseguradores y prestadores de servicios de salud del país. Díaz explica que los riesgos de continuar con un embarazo que podría interrumpirse legalmente incluyen la muerte, enfermedad grave o una victimización adicional, lo cual refleja una posición ideológica frente a la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres.

Por esta razón, el médico crítica a los entes territoriales y al Ministerio de Salud que, al parecer, no están ejerciendo suficiente presión para que se cumplan estas órdenes. “Las EPS y los prestadores deben incorporar en sus guías y protocolos de práctica clínica el procedimiento a seguir ante la solicitud de una mujer de interrupción legal del embarazo. De hecho, se debería presentar como una alternativa real para las mujeres que cumplan con las causales reconocidas”.

Respecto a todo este debate, Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio de las EPS, dice que si bien el porcentaje de abortos que tienen registrados en esas entidades son mínimos, la ILVE ya está incluida en el POS y la circular de la Supersalud se debe cumplir a cabalidad.

En medio de este debate lo único claro es que la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales que despenalizó la sentencia C-355 de 2006 es indiscutiblemente un asunto de salud pública, a pesar de los argumentos que puedan presentar los opositores al tema, ya que las cifras en cuanto a costo-vida son dicientes.

Causales de interrupción legal del embarazo

La interrupción legal y voluntaria del embarazo se puede realizar en tres casos concretos: cuando está en riesgo la salud física o mental de la madre, cuando existen graves malformaciones incompatibles con la vida en el feto o cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto.

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