‘La esperanza de retornar’

La Unidad de Restitución de Tierras entregó a víctimas del conflicto armado cinco hectáreas de la hacienda Villa Claudia, en Fusagasugá, de la cual pretendían apoderarse la banda los Tierreros.

Durante la entrega del predio, el director de la Unidad de Restitución de Tierras hizo un llamado para que los beneficiarios trabajen en equipo con el propósito de contribuir a la paz. / Cortesía URT

La vida de María Elisa Hernández, viuda de Aldana, no ha sido fácil desde el asesinato de su hijo José Farid Aldana en el año 2002 a manos de un grupo armado ilegal en la vereda Canoas, municipio de Ataco, departamento del Tolima.

“No teníamos mucho, pero éramos felices”, anota Hernández. Como pudo, enterró a su hijo y salió ese mismo día de su finca, Copete Negro, con toda su familia para Ibagué, donde tuvieron que pasar diversas penurias para sobrevivir porque no pudieron llevarse nada.

Seis largos años después, la familia Hernández regresó al predio. Aunque muchos seres queridos ya no estaban y otros se habían adaptado a la vida cotidiana, retornaron porque al fin y al cabo la vida rural estaba arraigada en ellos y era parte de su identidad. Arreglaron el predio, quitaron la maleza y, obligados por la necesidad misma, intentaron llevar una vida como si nada hubiera sucedido, hasta que el 25 de marzo del año 2009 un hombre tocó su puerta y con arma en cinto les dijo que tenían que desalojar “porque necesitaban la finca”.

De nuevo, María Elisa y su numerosa familia, más de 10 personas, tuvieron que salir hacia uno de los municipios cercanos a vivir en arriendo. En ese largo proceso de 13 años ha sufrido varias dolencias, pero no se rinde.

“Nunca perdí la esperanza de retornar al campo. Todos me decían: eso de la restitución no le va a salir, pero mire, yo le oré mucho a mi Dios y él me ayudó”, dijo María Elisa durante la entrega, por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y en presencia del director, Ricardo Sabogal, de un predio de iguales proporciones a las que tenía en el municipio de Ataco.

Junto a la familia Hernández, tres más fueron beneficiarias de la restitución. Dos provenientes del Tolima y una oriunda del corregimiento de Miangola, en Valledupar (Cesar), que aceptaron vivir en la hacienda Villa Claudia, compuesta de 12 hectáreas parceladas para restituir a las familias. El predio se encuentra ubicado en la vereda Piamonte en Fusagasugá (Cundinamarca).

“La hacienda se encontraba a nombre de personas que fueron sentenciadas por el delito de enriquecimiento ilícito y testaferrato por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, mediante sentencia de 4 de septiembre de 1998”, señalaron voceros de la URT.

Luego de diversas maniobras jurídicas, ya que el predio se encontraba en poder de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la hacienda llegó a manos del Fondo de la Unidad de Restitución para adjudicárselo a las víctimas. Antes de que la URT iniciara los trámites para recuperar la hacienda, la banda delincuencial conocida como los Tierreros tenía parcelado el lote y lo ofrecía para la venta sin ningún soporte.

“Es sorprendente lo que sucedía con este predio, que duró muchos años sin cumplir una función social. El accionar de la banda de los Tierreros estaba tan avanzado que durante las primeras semanas en que iniciamos el trabajo en la hacienda, las personas venían a preguntar cuánto valían los lotes. Es así como logramos evitar que las personas fueran estafadas y, por otro lado, restituir a las víctimas del conflicto”, señaló Giovanny Pérez, director del Fondo de la URT.

Pero ¿por qué fueron restituidos lejos de sus hogares? En diálogo con El Espectador, las víctimas señalaron que, si bien la URT les ofreció adelantar todo el proceso legal en la zona de la cual salieron, el recuerdo de lo que vivieron allí “no nos dejaría vivir en paz”.

La semana pasada, durante la entrega, Sabogal hizo mención del momento crucial por el que atraviesa el país con los diálogos de paz. “Dios quiera que nos reconciliemos y nunca más un campesino tenga que salir de sus tierras, lo que ha heredado de sus abuelos, de sus padres. Esto que estamos haciendo es reconciliación, es construir la paz”.

“El predio cuenta con una sección de infraestructura productiva, compuesta en parte por seis galpones, acceso sobre la vía principal que va de Fusagasugá a Sibaté y quebradas naturales que bajan desde la parte alta de los cerros del municipio, sumado a un sistema de aguas general. Se entrega la mitad de todo el predio, la otra mitad sigue siendo administrada por el Fondo hasta cuando tengan lugar los procesos de compensación”, dijo Juan Pablo Díaz, funcionario de la URT, en diálogo con El Espectador.

Frente al proceso que se adelanta en Cundinamarca, la URT dijo que los municipios de La Palma y Yacopí están microfocalizados, y se espera que el proceso culmine en Viotá de manera pronta para iniciar con las restituciones.

 

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