‘Están asesinando a nuestros defensores de derechos humanos’

La reciente muerte de un joven conocido por sus denuncias en contra de bandas delincuenciales en Medellín llama la atención sobre el apoyo y protección al trabajo en defensa de los DD.HH.

EFE

De Juan David Quintana y su pasión por defender los derechos humanos en su tierra, Medellín, y de su vehemente denuncia en contra de los grupos armados y extorsionistas, en la Comuna seis de esta ciudad, se habló en medio de un foro sobre memoria celebrado este jueves, algunas horas después de su muerte; un asesinato que se suma al de otros dos líderes en la defensa de los derechos registrados en menos de un mes en la capital de Antioquia (Luis Fernando Wolff Isaza, de 64 años, profesor jubilado de la Universidad Nacional y líder del barrio Carlos E Restrepo y la edil de la Junta Administradora Local de San Antonio de Prado, Viviana Agudel).

Según las autoridades sicarios alcanzaron al Quintana en su moto y mientras este caminaba le dispararon más de 20 veces con una subametralladora, el joven cayó desplomado y falleció inmediatamente.

“Él era una de las personas que denunciaba con más pasión el tema de extorsión y la vulneración de los derechos por parte de grupos armados. Nosotros creemos que por su trabajo en estas áreas fue asesinado, porque si algo recuerdo es que era muy vehemente al momento de evidenciar estas cosas”, señala Giovanni Villa, coordinador de la mesa de derechos humanos de la comuna 6, a la que también pertenecía Quintana.

Villa cuenta que no era un secreto que Juan David Quintana había sido amedrentado recientemente y que lo más probable es que fuera asesinado a causa de sus denuncias. Denuncias por las que, además, varios líderes también han sido hostigados. Lo cierto es que, cuenta Villa, desde la mesa de derechos humanos se ha denunciado varias veces ante las autoridades que diferentes líderes, incluyendo él, han sido amenazados; sin embargo, tras hacer estudios de seguridad se ha determinado que las intimidaciones no son extraordinarias y no se ha proporcionado ningún tipo de protección por parte de entes de seguridad del estado.

Y es que ciertamente la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia no es la mejor, tal como reveló a inicios de este año un informe del programa no gubernamental ‘Somos Defensores’. Según dicho documento los asesinatos de activistas mostraron un aumento del 71 % en 2014. Así, el año pasado fueron asesinados en el país 55 defensores de los derechos humanos, seis de ellos mujeres. De la misma forma las agresiones de diferente tipo alcanzaron su cuota más alta desde 2002 con 626 casos, un incremento del 71% frente a 2013.

Quizá es por eso que frente a sucesos como el de Quintana y las cifras recopiladas en 2014, la organización se animó a catalogar para entonces la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia como “un verdadero infierno”.

“Queremos que traten de cuidar más a los líderes, que se den cuenta que nuestros defensores están siendo asesinados y que la ciudad está siendo manejada por estructuras al margen de la ley. Sabemos que es algo que se trata de toda la nación pero aquí han estado muy despreocupados con el tema y no vemos una solución real y cercana o que se esté evaluando la seguridad y defensa de derechos humanos”, recalca Villa.

A la fecha, según cuenta el defensor, son muchos los que, como él, traban sin remuneración alguna en una labor que, asegura, ha sido estigmatizada por muchos. “La función de los defensores de derechos humanos siempre ha sido marginada, además de eso, siempre son tildados de izquierdistas, entre otras cosas, estigmatizándolos en algún bando. Es de pronto por eso que el apoyo real de las autoridades ha sido mínimo, por no decir nulo. El presupuesto que hemos logrado captar en esta administración, por ejemplo, ha sido por el programa de planeación y presupuesto participativo. Pero el recurso ordinario de la alcaldía nunca se ha destinado algo que realmente fortalezca y apoye el trabajo de los líderes”, agrega Villa, quien se pregunta cuántos más defensores deben morir para que las autoridades fijen sus ojos en algo que cataloga como una “grave y real problemática” de su trabajo y comunidad.

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