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A través de un comunicado, Wilder Matapi, miembro de uno de los resguardos indígenas de La Pedrera, corregimiento de Amazonas, solicitó a Jesús Galdino, gobernador departamental y a Jorge Rodríguez, comandante de Policía del Amazonas, ejercer control en el corregimiento de La Pedrera, Amazonas, fronterizo con Brasil. "Los uniformados que se encuentran en el corregimiento de la Pedrera no hacen ningún tipo de control”, se lee en el comunicado firmado por Matapi, quien además insistió en que esto representa un riesgo para las comunidades de la zona debido a los casos confirmados de COVID-19 en Brasil. Además, dijo que en las noches se escuchan disparos que salen de la estación de Policía y que estos generan pánico entre los habitantes.
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La misma preocupación la manifestó Omar Cubeo, líder indígena del resguardo Curare – Los Ingleses, jurisdicción del área no municipalizada de La Pedrera y quien ha trabajado con las diferentes asociaciones de autoridades tradicionales indígenas del Amazonas. "En la zona del corregimiento de La Pedrera, que es frontera con Brasil en el poblado de Villa Betancourt, no hay control y siguen entrando brasileños al territorio colombiano”, dijo Cubeo. Agregó que en la zona se configuraron rutas estratégicas para el narcotráfico.
De hecho, en el último informe emitido por el Ministerio de Salud de Brasil fueron confirmados 45.757 casos de coronavirus, de los cuales 2.479 se encuentran en el estado de Amazonas del vecino país. En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó 4.356 casos de Coronavirus, de los cuales seis se presentaron en Amazonas (cifras al 22 de abril).
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Respecto a la infraestructura en salud con la que cuenta el corregimiento, Matapi agregó que no hay elementos de protección para el personal médico de la zona. "En el centro de salud no hay alcohol, guantes, tapabocas o medicamentos básicos”. Cubeo agregó que no hay camas disponibles. Además, explicó que en corregimientos como La Chorrera y Mirití - Paraná, no hay personal médico para atender a la población.
Las denuncias de las comunidades indígenas de la región se dan luego de la renuncia de cerca de 30 médicos generales y especialistas del hospital San Rafael de Leticia. Argumentan que no tienen garantías laborales y tampoco elementos de seguridad para cumplir su labor.
En cuanto a las ayudas humanitarias, Cubeo explicó que por parte de la gobernación del Amazonas "se destinaron 4.000 ayudas en total. Sin embargo, de las que están destinadas por parte de la gobernación para las áreas no municipalizadas, no se ha recibido ni un grano de arroz”, dijo. Agregó que tampoco han recibido ayudas del Gobierno Nacional.
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En diálogo con este diario, Jesús Galdino, gobernador departamental, explicó el 14 de abril que el Ejército Nacional y la Policía se han encargado de la vigilancia en el territorio. "Esto para que se haga un paso controlado de camiones que desde Leticia entran a Brasil, se abastecen de alimento y regresan a Leticia para surtir los supermercados. También han ido a patrullar donde la frontera no es visible, como dentro de la selva. En cuanto a la parte acuática de la frontera, la Armada Nacional está encargada de revisar estas zonas. Los guardacostas están muy atentos a la entrada de alguna embarcación que venga de Perú”.
Galdino también explicó que se enviaron 1.500 mercados para las familias que habitan las áreas no municipalizadas. "En cuanto a las comunidades de Puerto Nariño, enviamos 700 mercados y el ministerio del Interior está enviando 9.000 mercados”.