Estos son los impactos de la aplicación del Código de Policía en Colombia

Un análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), concluyó entre otras cosas que, las multas impuestas no tienen un efecto significativo sobre la reducción de los delitos.

Archivo

Desde que entró en vigencia el Código Nacional de Policía y Convivencia en 2017, una iniciativa que tiene como fin penalizar económica los malos comportamientos de los ciudadanos, ha sido cuestionada por diferentes razones, por ejemplo, la creencia de que se les da excesivas facultades a los uniformados, lo que se podría traducir en abusos de autoridad.

La evaluación de esta y otras controversias que ha desencadenado la implementación de la medida, las explica un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz, que adelanta un análisis sobre el impacto en la convivencia a nivel nacional y sobre la actividad económica, con énfasis en las cinco principales regiones del país.

Por un lado, el crecimiento de los comportamientos que se sancionan tuvo un crecimiento acelerado desde el primer momento de entrar en vigencia. En 2017, la relación fue dos sanciones por un comportamiento, y en el primer semestre de 2018 esta tendencia aumentó a cerca de tres sanciones por comportamiento. Además, durante el año y medio de implementación, se aplicaron dos millones de medidas correctivas, donde más del 40% fueron multas, seguida de la destrucción del bien (22%). Según la Fundación, "llama la atención que las medidas educativas concentraron el 17% del total de las medidas correctivas y, los llamados de atención, tan solo el 0.4%”. Es decir, la mayor parte de las sanciones impuestas son de carácter económico.

El 75% de las medidas correctivas que se impusieron en el primer año y medio de implementación, se concentran en la capital del país y en los departamentos del Atlántico, Valle, Antioquia y Risaralda, donde la mayoría de casos tienen que ver con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público.

En Bogotá, evadir el pago del transporte público es el tercer comportamiento más sancionado. En la costa Caribe sobresalen los que cometen acciones contra las autoridades como irrespeto y desacato. En el caso de Medellín y Cali, el porte de sustancias prohibidas se encuentra en el segundo lugar; Ibagué, Barranquilla y Montería, por su parte, lideran las sanciones relacionadas con establecimientos comerciales. 

¿Funcionan?

Un análisis econométrico realizado por la fundación cruzó el número de medidas correctivas relacionadas con comportamientos que atentan contra la vida y la integridad, con el número de homicidios y lesiones personales.

Sin embargo, aunque se supone que sancionar conductas contrarias a la convivencia inhibe la comisión de delitos, según el estudio, no tienen un efecto significativo sobre la reducción de los mismos. Por ejemplo, sancionar riñas debería prevenir homicidios. "En otras palabras: más sanciones no se traducen en menos delitos".

Hoy en día son 357 comportamientos que pueden ser sancionados, de los cuales, existen diez que concentran el 75% del total de las sanciones. El primero está relacionado con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público (23%); el segundo con el porte de armas cortopunzantes (14%), y el tercero con riñas (8%).  Del top diez, solo hay dos que rompen la tendencia de flagrancia: actividades económicas y ocupar el espacio público sin cumplir la normatividad. El irrespeto y desacato a la autoridad se encuentran también entre las primeros diez de los comportamientos más sancionados.

Pese a ello, de acuerdo con el estudio, se sancionan seis veces más los comportamientos asociados a la actividad comercial que a personas naturales. Esto puede explicarse porque el nivel de pago de personas naturales es marginal y el mayor peso del Código, en términos monetarios, recae sobre los comerciantes.

En Bogotá, por ejemplo, solo el 3% de las personas naturales pagó los comparendos y el 21% cumplió con asistir a cursos pedagógicos. En cambio, los establecimientos comerciales tienden a cumplir para evitar mayores consecuencias en términos económicos y comerciales. 

De hecho, pequeños negocios y en especial los tenderos, manifiestan ser víctimas permanentes de “vacunas o mordidas”. El caso más notorio tiene que ver con la exigencia al cumplimiento de las normas de uso de suelo a comerciantes que por años han trabajado de manera irregular sin que las autoridades formalicen su actividad.

¿Cuáles son los temores de la ciudadanía?

El análisis indica que cuando se trata de abusos por parte de la Policía, reina la desconfianza frente a la posibilidad de acciones que protejan al ciudadano. Esto sumado a  las dificultades que puedan tener las personas para hacer las reclamaciones y apelaciones "por la falta de mecanismos accesibles al público y que garanticen objetividad".

Otro de los factores son las posibles falencias que pueden estar cometiendo las autoridades, como imponer multas de alto valor, que no corresponden con los comportamientos sancionados o que,  en momentos previos a la imposición, no se escuchen las explicaciones de los ciudadanos y se tienda a amenazar con las sanciones. Incluso hay casos en los que los uniformados usan un trato verbal o físico violento como empujones, insultos, burlas e intimidación para producir resultados operativos. 

¿Quién responde?

Según la FIP, "todas las ciudades tienen problemáticas y estrategias policiales diferentes, y la inversión y capacidad técnica de las alcaldías para implementarlo no es homogénea". Aun así, los alcaldes y gobernadores son los principales responsables en la implementación del Código, ya que son la máxima autoridad de Policía.

Por otro lado están los inspectores, quienes son los encargados de revisar las sanciones aplicadas por la Policía. Pese a ello, la fundación denuncia que no se tiene conocimiento del papel que están cumpliendo en cada región o cuántas medidas revocan por falta de sistemas consolidados sobre el cumplimiento o incumplimiento que se le da al Código. 

Es por esto que se hace un llamado reforzar los mecanismos que pongan en tela de juicio las acciones de las autoridades, entre los que estaría el análisis de lo que ocurre con los recursos de las multas cuando ingresan a las cuentas de los municipios, y así mismo, conocer lo recursos adicionales con los que cuentan para mejorar las condiciones de convivencia. 

Respecto a los abusos que recientemente se han denunciado, le suman importancia a avanzar entre otras cosas en el marco regulatorio del uso del suelo que se ha postergado por décadas. "Más allá de la discusión sobre los aspectos sancionatorios del Código, hay que abrir el debate sobre el uso del suelo en las ciudades y la forma como debe ser aprovechado el espacio público, particularmente lo que tiene que ver con su aprovechamiento económico". 

842547

2019-03-01T08:00:37-05:00

article

2019-03-01T18:20:23-05:00

mvalencia_259351

none

-Redacción Bogotá - [email protected]

Nacional

Estos son los impactos de la aplicación del Código de Policía en Colombia

76

7487

7563