La estrategia en Medellín

El presidente Juan M. Santos y el director de la Policía, José Roberto León Riaño, ordenaron intervenir la capital paisa, en la que el índice de homicidios aumentó 21,2% en lo corrido del año. Fiscal Eduardo Montealegre despachará desde allí a partir del 12 de abril.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón (izq.); el director de la Policía, general José Roberto León Riaño; el presidente Santos, y el fiscal general Eduardo Montealegre (der.), visitaron Medellín el pasado martes para establecer la estrategia d
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón (izq.); el director de la Policía, general José Roberto León Riaño; el presidente Santos, y el fiscal general Eduardo Montealegre (der.), visitaron Medellín el pasado martes para establecer la estrategia de seguridad en esa ciudad. / Luis Benavides

Casas de justicia penal, cientos de policías más, patrullas inteligentes y decenas de motocicletas dotadas con la última tecnología, son algunos de los últimos refuerzos anunciados por las autoridades nacionales y locales para frenar la violencia en Medellín, ciudad especialmente golpeada por los homicidios, la microextorsión, el microtráfico.

Las casas de justicia, donde habrá hombres de la policía judicial y jueces para atender de manera urgente casos especiales, serán construidas muy pronto. Así lo dijo el presidente Juan Manuel Santos el pasado martes, durante su visita de tres horas a la Comuna 13, la zona de la capital antioqueña más afectada por la violencia durante los últimos años.

Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, despachará desde Medellín entre el 9 y el 12 de abril, evaluará lugares estratégicos para construir las nuevas casas penales, analizará la labor de la Fiscalía Seccional, especialmente en el tema de capturas, y se pondrá al día en casos atrasados. “El señor fiscal (…) va a hacer una priorización de esos casos, cuáles son los más importantes y requieren atención especial”, anunció Santos.

Justo el día en que Medellín fue sacudida por el asesinato de cuatro hombres en el barrio Cristóbal, en límites entre la Comuna 12 (La América) y la Comuna 13 (San Javier), y luego de una racha violenta en la ciudad en los tres primeros meses de este año, que dejó 298 muertos, el presidente destacó la reducción del crimen en las últimas dos semanas de marzo.

Aseguró que esa disminución se debe a la estrategia de intervención concentrada que comenzó el pasado 18 de marzo, un plan de seguridad ejecutado entre el gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín y que pretende atacar delitos neurálgicos como homicidios, el hurto (común, a comerciantes, de automotores), la microextorsión y el microtráfico.

Para hacer frente a estos problemas fueron designados 1.000 policías más (la semana entrante llegan los 300 restantes) y se creó un Gaula sólo para Medellín y su área metropolitana. Según cifras presentadas por el mandatario, la estrategia funcionó. Santos destacó, entre otros hechos, los cinco días sin homicidios que hubo en las dos últimas semanas de marzo, la disminución de las extorsiones en un 93% y la captura de 1.292 personas, entre ellas Carlos Pesebre —detenido el 19 de marzo—, quien fue calificado por el general José Roberto León Riaño, comandante de la Policía Nacional, como “el terror de la Comuna 13”.

La estrategia conjunta fue reforzada la misma tarde del pasado martes. Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, entregó 30 patrullas Duster a la Policía Metropolitana —ya había entregado otras 30— y dijo que quedan pendientes 100 más.

Pese al tono optimista del presidente Santos y al propósito de blindar a Medellín y su área metropolitana contra los violentos, representados en 14 grandes estructuras criminales y unos 19 combos vinculados a ellas, el mandatario dijo que es necesario “perseverar contra los delincuentes”, porque contra éstos “no se puede bajar la guardia ni un solo milímetro”.

La advertencia de Santos está respaldada por diversos informes que analizan la seguridad en Medellín, especialmente desde hace cuatro años, cuando se evidenció el poder de las bandas criminales. Uno de los últimos de tales informes fue entregado por la Defensoría del Pueblo el pasado 7 de marzo y en él Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del Pueblo, instó al gobierno nacional a “movilizar toda su institucionalidad para enfrentar la grave crisis humanitaria” que vive la ciudad, especialmente las comunas 8 (Villa Hermosa), 10 (Candelaria), 13 (San Javier) y 16 (Belén), debido a la lucha entre Los Urabeños y los grupos ligados a La Oficina. Además, Otálora Gómez solicitó fortalecer las unidades de investigación de la Fiscalía y establecer un grupo especial de la Fuerza Pública para combatir la extorsión.

Desde 2007, la Defensoría ha presentado tres informes “que dan cuenta que la situación de riesgo de las comunidades se ha venido agudizando”. En ellos observa que cerca de 18.500 niños y adolescentes de las comunas 8, 10, 13 y 16 y de los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista “se encuentran en situación de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita por parte de estos grupos ilegales”.

Asimismo, el último informe de derechos humanos de la Personería de Medellín indica que durante los últimos tres años fueron reportadas como desaparecidas 1.872 personas, 755 de las cuales aparecieron vivas y 115 muertas, mientras que 1.002 continúan desaparecidas y 48 son presuntamente víctimas de desaparición forzada. Sólo en 2012, la entidad recibió 2.427 declaraciones de personas que aseguraron haber recibido “algún tipo de amenaza directa o indirecta contra su integridad o contra la de un ser querido, y sintieron que su vida estaba en riesgo por las confrontaciones armadas en su barrio o sector”.

Pese a este otro panorama, el presidente Santos recordó que Medellín ya es uno de los tres finalistas para ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles en 2018. “No vayamos a desperdiciarla porque nuestra seguridad se deteriore”, dijo.

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