Exgobernadores del Valle, a responder

La vía entre Cali y Candelaria le costó al departamento $42.818 millones, pero jamás se construyó. Historia del lío que tiene en jaque a exmandatarios y llenos los bolsillos de una firma en liquidación.

Juan Carlos Abadía. / Archivo Angelino Garzón. / Archivo Francisco Lourido. / ‘El Tiempo’

En el despacho del gobernador del Valle, Ubeimar Delgado, reposa un documento que compromete a tres de sus antecesores: Francisco Lourido, Juan Carlos Abadía y Angelino Garzón. El papel, al que sólo le falta su firma, es una millonaria acción de repetición por una vía que nunca se construyó y por la cual el departamento debe pagar $38.714 millones.

La medida busca que los exgobernadores respondan por la omisión del pago oportuno de una sentencia judicial que en 2003 ordenó cancelar $21.365 millones a favor de Concesiones de Infraestructura S.A. (Cisa), por el litigio surgido luego de la terminación de la concesión para construir una importante vía en el Valle.

Esta historia comenzó en 1995, cuando Germán Villegas, gobernador del momento, firmó el contrato de concesión por 21 años con Cisa para rehabilitar y construir 17 kilómetros de doble calzada entre Cali y Candelaria por un valor de $25.000 millones.

De la vía fue poco lo que se hizo por la oposición de la comunidad de Candelaria, que, sin conocer los beneficios del proyecto, tuvo que comenzar a pagar un peaje instalado por Cisa desde 1996, antes de comenzadas las obras, tal como estipulaba el contrato.

Como buena parte de los habitantes de Candelaria trabaja, estudia o hace diligencias en Cali, el cobro del peaje disparó las protestas, incluso con actos vandálicos, que obligaron a cambiarlo de lugar en tres ocasiones durante cuatro años, afectando el equilibrio económico de la obra.

En 1999, tras un bloqueo de cinco meses, la Gobernación y el concesionario terminaron anticipadamente el contrato de común acuerdo. El enredo llegó cuando se sentaron a sacar las cuentas de lo que se había hecho. Ahí comenzó una discusión que 20 años después, y sin haberse construido la vía, es un desangre para las finanzas del Valle.

La liquidación del contrato pasó de gobernador en gobernador sin resolución definitiva. El primero que lo tuvo a su cargo fue Juan Fernando Bonilla, quien se declaró impedido por estar casado con una socia de Conciviles, empresa dueña de un porcentaje de las acciones de Cisa.

Se nombró gobernador ad hoc a Jorge Mario Eastman, quien firmó el acta de terminación pero nunca liquidó. El problema pasó al entonces viceministro de Transporte, Federman Quiroga, que en 2000 aceptó convocar un tribunal de arbitramento pues temía una millonaria demanda si liquidaba.

El siguiente gobernador fue otra vez Germán Villegas, quien puso reparos a la competencia del tribunal y en 2001 liquidó unilateralmente el contrato reconociendo a Cisa $7.364 millones como pago por las inversiones realizadas. El dinero nunca fue desembolsado y el proceso continuó su curso.

En 2003, el tribunal ordenó que la Gobernación pagara a Cisa $21.365 millones por las obras inconclusas, casi tres veces más que la liquidación calculada por el departamento. Ese mismo año la administración de Villegas pidió la aclaración y anulación del laudo arbitral. En 2004, el Consejo de Estado dejó en firme el fallo a favor de Cisa. Al confirmar la decisión, ésta se convirtió en título ejecutivo, dándole la posibilidad de embargar a la Gobernación si no pagaba.

Angelino Garzón, que asumió en 2004, emprendió una férrea oposición al pago de la deuda, la cual calificó como “indignante para los vallecaucanos”, por lo que tuteló la decisión del Consejo de Estado y advirtió que buscaría que la Corte Constitucional revisara el caso.

En su campaña, Garzón movilizó a la opinión pública. En 2005 realizó una marcha que recorrió los kilómetros de la vía que nunca se construyeron. Pero sus argumentos no tuvieron respaldo en las altas cortes, por eso, dos semanas antes de terminar su mandato, pagó los $21.365 millones.

Pese a recibir el dinero, Cisa reclamó intereses de mora por el tiempo transcurrido entre abril de 2003, cuando quedó en firme el fallo, y diciembre de 2007, cuando Garzón pagó. Juan Carlos Abadía, que llegó en 2008 a la Gobernación, decidió hacer dos pagos más que en total sumaron $7.772 millones.

“Quisimos un buen acuerdo, pues no tenía sentido prorrogar un litigio que recibió 26 fallos en contra”, explicó Abadía. Sin embargo, en 2009 Cisa demandó al departamento por $61.500 millones como indemnización. Francisco Lourido, gobernador que sucedió a Abadía, no hizo un solo pago y dejó que el litigio prosperara.

Luego de tres años, y en sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali condenó al Valle a pagar otros $13.679 millones a favor de Cisa. Dicha liquidación quedó en firme en febrero de 2012. Tres meses después el Valle se acogió a la Ley 550 de insolvencia económica y pudo por fin detener ese “taxímetro” de intereses de mora.

Gracias al acuerdo de reestructuración de pasivos, el último tramo de la deuda se redujo en un 30% y además quedó congelada. Así este lío terminará costando al Valle $38.714 millones, mientras que la vía sigue en mal estado.

La decisión de cobrar este millonario detrimento a los exmandatarios del Valle, que según la Contraloría actuaron “sin justificación constitucional o legal”, la tiene en sus manos Ubeimar Delgado, quien si no lo hace podría entrar a engrosar la lista de dirigentes cuestionados por este escándalo.

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