Expertos señalan que Colombia no hay marco jurídico acorde a personas en situación de discapacidad

La conclusión del Informe sobre capacidad jurídica y derechos sexuales de mujeres apunta que no hay un marco jurídico acorde con las reglamentaciones internacionales y que asegure los derechos de esta población, especialmente la femenina.

En Colombia es necesario un marco jurídico que reconozca que hay personas diferentes funcionalmente y que ayude a enfrentar barreras en medio de un entorno inadecuado para aquellos adquieren la condición de discapacidad. Esa es la principal conclusión del informe Capacidad jurídica, derechos reproductivos y sexuales de mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial en Colombia, desarrollado por el Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) y Profamilia.

En Colombia aún persiste la consideración de que quienes tienen alguna deficiencia física o intelectual son incapaces socialmente y por ello sus derechos no son reconocidos. Pero estas nociones que pertenecen a un contexto medioeval, hoy se transforman a pasos acelerados en varios países del mundo. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual (PCDI), que en Colombia rige desde mayo de 2011, es clara en determinar que la discapacidad no es una enfermedad y que por el contrario debe entenderse desde lo social: no se trata de pensar en un modelo asistencialista, sino en brindarle a estas personas los apoyos necesarios para que puedan ejercer sus derechos con plenitud como cualquier otro ciudadano.

Actualmente ningún país ha implementado plenamente un modelo social que reconozca totalmente la capacidad jurídica de los discapacitados, que contemple políticas claras de inclusión en todas las esferas de la sociedad y que garantice los apoyos y salvaguardas requeridos. Sin embargo, algunos Estados como Irlanda, India y Canadá han iniciado reformas legales en esta dirección.

En Colombia, por su parte, "hay material para trabajar en este tema, tenemos leyes adecuadas y ante todo somos firmantes de la Convención de Naciones Unidas. Pero lamentablemente las cosas no se hacen de la manera adecuada porque todavía se ve la discapacidad como un tema médico", dice Juan Sebastián Jaime asesor jurídico de Paiis.

La figura de la interdicción por la que se declara a alguien incapaz para adquirir obligaciones frente a otras personas, es uno de los temas más controversiales en lo que a esta discusión se refiere. El informe es crítico sobre la prevalencia de este proceso en el país, más aun sabiendo que la Convención lo prohíbe. "La ley 1306 de 2009 que reglamente esta figura tienen grandes problemas. Permite que cualquiera pueda iniciar el proceso y a pesar de que establece controles como una junta interdisciplinar que evalué la situación de la persona que será declarada interdicto, las condiciones no se cumplen", señala Jaime.

Médicos, jueces, padres de familia y otros sectores de la sociedad ven en la interdicción una herramienta eficaz para proteger a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, especialmente a las mujeres. En muchas ocasiones se declara interdictos a niñas menores con el fin de poder realizar la esterilización para protegerlas contra la violencia sexual. Sin embargo, para los expertos este procedimiento puede hacer que las menores sean aún más vulnerables, pero ante todo deja de reconocer en ellas su sexualidad y su derecho a tener hijos y conforma una familia.

En el trabajo del informe que fue realizado entre el 2012 y 2014, jueces, procuradores y defensores de familia fueron entrevistados para conocer cómo actúan frente a casos de personas con discapacidad. Las conclusiones son claras: los operadores del familiar continúan aceptando la esterilización en mujeres con discapacidad sin su consentimiento libre e informado y la sustracción total de la capacidad legal de una persona, señala el informe.

Al respecto, la exjueza argentina María Graciela Iglesias reconocida por haber tomado decisiones legales reconociendo los derechos de la de personas con discapacidad, señala que el reto de la comunidad jurídica es entender que esta población es sujeta de derechos plenos y que los jueces de familia deben ir más allá de la tradición jurídica vigente pues no es apropiado continuar con un proceso que remplaza la voluntad de una persona por un ente judicial.

"Estamos en un momento en el que nuestros sistemas legales están en contradicción con los tratados de derechos humanos internacionales y en muchos países estamos en el proceso de alinearnos con éstos", asegura Andrea Parra directora de Paiis. En Colombia, por lo tanto, urge la necesidad de modificar el marco jurídico acorde a los mandatos de la convención, capacitar al personal médico, legislativo y judicial para reconocer los derechos y ante todo recopilar más información que devele el panorama de esta población para lograr el desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades de este grupo.

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