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Después de siete años en su negocio, Felipe* tuvo que irse de Barranquilla para evitar ser asesinado. La amenaza tocó a su puerta en diciembre de 2020, en plena pandemia por el COVID-19. “Una persona llega a nuestra casa, toca en la reja y salimos. Como si nada nos dijo que teníamos que dar $5 millones o nos iban ‘a borrar del mapa’. Nos asustamos muchísimo, teníamos miedo por lo que fuera a pasar. Quedamos en shock”, cuenta Felipe, quien dejó el negocio ubicado en el mismo lugar en el que vivía. Aunque ya pagaba una cuota mensual de $100.000 para garantizar su “protección”, la nueva suma desbordó sus posibilidades.
El caso de Felipe se repite con muchos comerciantes de la capital del Atlántico. Según documentó la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida en agosto de 2020, en la ciudad hay 28.429 personas, entre comerciantes, líderes, defensores de derechos humanos, estudiantes y ciudadanos de a pie que están en situación de riesgo por cuenta del accionar de bandas criminales. Un alto oficial de la Policía resumió la situación de orden público de Barranquilla como una disputa por las rentas ilegales entre grupos que han venido mutando, pero tienen un mismo origen: las desmanteladas Autodefensas Unidas de Colombia que lideró en la ciudad Jorge 40.
Una de esas bandas es la de Los Costeños, que desde hace varios años ha sido aliada del Clan del Golfo en su expansión por la Costa Caribe, en disputa con los Rastrojos y la Oficina Caribe. En ese panorama emerge una figura del crimen organizado en la capital del Atlántico: alias la Silla, narcotraficante que ha construido su carrera criminal entre vendettas y acuerdos con antiguos paramilitares. Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía señalan que este hombre, que es solicitado por las autoridades de EE. UU., mantiene alianzas con el Clan del Golfo para dividirse el mercado de la cocaína en Barranquilla y para expandirse a zonas como Cartagena.
En la citada alerta de la Defensoría se advierte que en Barranquilla y en municipios como Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia también hacen presencia grupos reconfigurados como los Nuevos Rastrojos y el Nuevo Bloque Costeño, lo mismo que grupos locales como los Costeños, Bloque Central Renacer, los Papalópez y los Vega. Además, se habla de una nueva estructura transnacional: los Meleán, proveniente de Venezuela, que operaba en Zulia y Maracaibo. “Los nuevos grupos mantienen continuidad con las estructuras de las Auc, pero su atomización ha producido un complejo escenario”, explica Luis Trejos, investigador de la Universidad del Norte.
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En el caso de las extorsiones a comerciantes, se trata de un fenómeno que ha pasado impune. La Defensoría viene alertando desde 2016 sobre la presencia de bandas criminales que asesinan, amenazan, cobran vacunas e incluso desmembran personas como método de intimidación. Sin embargo, solo hasta 2019 la alerta tuvo eco en la administración distrital. “A algunos comerciantes les piden cuotas de $5 millones, $8 millones y hasta de $10 millones mensuales, que deben pagar para evitar que corran riesgo sus negocios y sus familias”, asegura Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco).
Jiménez explica que cada mes piden cuotas de extorsión que se ubican entre $40.000 y $80.000. Aunque algunos comerciantes acceden a las intimidaciones, al final muchos han terminado con sus negocios cerrados y huyendo. El 27 de abril de 2019, por ejemplo, la Defensoría registró un desplazamiento masivo de ocho familias que vivían en el barrio La Chinita, extorsionados y amenazados de muerte por bandas criminales. El 1° de febrero de 2020, otras 15 familias salieron de sus casas en el conjunto Las Gardenias, suroccidente de la ciudad, amenazadas por los Costeños. Ese mismo mes fue asesinado el tendero Gerardo Reyes en su negocio La María, en el barrio Chiquinquirá.
Los hechos ocurrieron días después de que la víctima interpusiera una denuncia por extorsión ante las autoridades. Y es que, como cuenta Felipe, denunciar se ha convertido en sentencia de muerte. “Decirle a la Policía o poner denuncia es como exponerse a que lo maten. En muchos casos, las autoridades trabajan con la organización, les pasan la “liga” para dar información sobre las personas que denuncian. Lo sabemos porque conocemos casos. Por denuncia los resultados son nulos, termina uno peor”, añade al señalar que, en ocasiones, quienes cobran las vacunas son menores de entre 13 y 16 años. Según documentó la Defensoría, en zonas del área metropolitana se conjugan situaciones estructurales “que hacen a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables para ser vinculados a organizaciones criminales, incluyendo violencia intrafamiliar y sexual, trabajo infantil”. Nelson Patrón Pérez, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad de Barranquilla, aseguró: “Focalizamos grandes esfuerzos hacia la prevención e interrupción de las carreras delictivas en jóvenes, como es el caso de los colegios, donde contamos con instituciones priorizadas para hacer acompañamiento y asesorías a procesos de convivencia escolar, con estudiantes, docentes y padres de familia”.
En varias localidades de la ciudad, incluyendo los municipios del área metropolitana, los grupos delincuenciales intimidan para manejar la venta de drogas y las extorsiones. Las áreas de mayor influencia son los barrios periféricos con altos índices de conflictividad social como La Chinita, La Luz, El Milagro, El Pueblito, Centro, La Loma, Las Flores, Siape y La Playa. “La disputa es por el control de los barrios adyacentes o colindantes con el río Magdalena, especialmente el barrio Las Flores y todos los ubicados sobre la calle 17 hasta el Puente Pumarejo, con complejas situaciones socioeconómicas, poca oferta institucional y baja presencia estatal, ya que ahí se concentran varios puntos de acopio y exportación de clorhidrato de cocaína”, detalla Trejos.
En el caso del ataque con granada en el centro de Barranquilla, por ejemplo, el fiscal Francisco Barbosa señaló que la orden fue impartida por Tommy Joel Zerpa Brito, alias Tommy Masacre, un venezolano conocido en el mundo del crimen organizado. Según las autoridades, Zerpa, hoy preso en la cárcel de La Tramacúa en Valledupar, es el líder de la banda los Costeños. Por este ataque ya fueron capturadas cuatro personas: José Serrano, alias “Caracas”; Érick Morales, alias “el Peluquero”; Antony Polanco, alias “Tony”, y Cristian Corredor. Un problema que deja al descubierto otros fenómenos de inseguridad. Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía, los comerciantes y ciudadanos también se enfrentan a hurtos y homicidios.
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En el primer semestre de 2020 en Barranquilla se presentaron 3.993 hurtos, cifra que significó una reducción del 28,4 % respecto a 2019, cuando se registraron 5.755. En el caso de los homicidios, durante el primer semestre de 2020, 144 personas fueron asesinadas y los barrios donde más se presentaron casos fueron 7 de Abril, El Bosque, La Chinita, Los Ángeles, Nueva Colombia y San Roque. En contraste con otras ciudades, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en los primeros seis meses de 2020 se ubicó en un (11,3 %), quedando por encima de las cifras presentadas en Bogotá (6,4 %) y Medellín (7,4 %), y por debajo, por ejemplo, de Cali (20,9 %).
El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana explica que, en cuanto a extorsión y homicidios en la ciudad, “las autoridades policiales han identificado que uno de los factores más recurrentes son ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales y actividades relacionadas con el microtráfico de estupefacientes”. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, en 2019 hubo 187 casos de extorsión y en 2020 la cifra se ubicó en 160. Sin embargo, por fuera de esos cálculos quedan casos como el de Felipe, de personas que prefieren no denunciar para proteger sus vidas.
El cobro de extorsiones no es nuevo y la preocupación sigue latente. “Es una problemática que vivimos fuerte desde 2013 y que había disminuido, pero se ha visto nuevamente. Eso desestabiliza e intranquiliza emocionalmente al comerciante que lo lleva a tomar decisiones de vender su negocio o mudarse de barrio”, agrega el presidente de Undeco. Entretanto, los comerciantes eligen entre mantener sus negocios y acceder a las intimidaciones o huir. En su caso, solo tuvo 48 horas para partir. “Nos fuimos con la ropa, tiempo después nos tocó pedir ayuda a terceros para que fueran a recoger nuestras cosas en un camión. Al principio fue difícil porque nuestra casa es propia, pero qué se le hace, primero la vida y la seguridad de la familia”, concluye Felipe.
*Nombre cambiado a petición de la fuente