Fallo busca saldar la deuda ambiental con dos ríos en el Valle del Cauca

En Dagua no hay redes de alcantarillado ni planta para tratamiento de aguas residuales. / Cortesía

Los problemas medioambientales en Dagua, Valle del Cauca, llegaron a los estrados judiciales. Los 45.000 habitantes de ese municipio, ubicado a 48 kilómetros de Cali, no tienen redes de alcantarillado ni plantas para tratamiento de aguas residuales, lo que se ha convertido en el principal contaminante de los ríos San Juan y Dagua. A ese problema se le suma la contaminación por ganadería extensiva, la tala de árboles y el crecimiento urbano descontrolado, derivados de la inexistencia de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial actualizado, pues la última modificación data de 2002.

Esas fueron algunas de las razones por las que la fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos (Fundacolectivos) radicó una demanda el 8 de noviembre de 2017 ante la Oficina de Apoyo del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. “La demanda la presentamos con el ánimo de que los ríos se declararan entes vivos sujetos de derecho. Es que acá hay un problema grave, porque no hay alcantarillado. Las aguas negras llegan a las cuencas y finalizan en el mar Pacífico, causando contaminación de los ríos y el mar”, cuenta Juan Carlos Echeverry, representante legal de la organización.

En agosto pasado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió una sentencia en primera instancia que hasta ahora se conoce. En ella ordenó a la Alcaldía de Dagua, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Gobernación del Valle y el Ministerio de Vivienda trabajar para garantizar la protección del medio ambiente en un período de doce años. También se declaró a los ríos San Juan y Dagua sujetos de derechos.

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“La acción popular lo que ordena es que el municipio, la CVC y el Ministerio de Vivienda inviertan en las obras de la fase de tratamiento y en el tema de alcantarillado en los corregimientos que están involucrados: Borrero Ayerbe y El Queremal. Lo que se busca es que esta área, que está influenciada por parques por los Farallones de Cali y por una zona de reserva ambiental, sea protegida para que la gente no siga botando las aguas residuales a los ríos Dagua y San Juan”, dijo a El Espectador Ómar Borja, magistrado ponente del fallo de primera instancia.

El documento también ordenó a la Alcaldía suspender las licencias de construcción y realizar campañas de educación ambiental. A la CVC le pidió realizar las inspecciones de los terrenos en los que se construyen viviendas y ordenar el cese de ganadería extensiva. Asimismo, conformar una comisión de guardianes de los ríos San Juan y Dagua, dentro de los tres meses siguientes a la notificación. La decisión, sin embargo, fue apelada y los tiempos solo empezarán a correr cuando el Consejo de Estado decida en segunda instancia (que será la última palabra para este caso).

“La apelación es porque la inversión es bastante alta y puede superar los $30.000 millones. Y como se comprometen recursos de la nación, del Ministerio de Vivienda, de la CVC, del departamento del Valle y del municipio, por eso es que hay reparos”, detalla el magistrado Borja. La sentencia, por ejemplo, señala que el mayor aportante debe ser el Ministerio de Vivienda, con el 50 % del presupuesto que se solicitó.

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De acuerdo con la CVC, el fallo no tiene en cuenta la competencia legal ni la capacidad financiera de cada entidad vinculada en la acción popular. “Ordena de forma equivocada acciones sancionatorias que no son competencia de la CVC, pues por su naturaleza le corresponden al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, las relacionadas con la omisión del ‘trámite de sustracción de áreas de reserva forestal’, por parte de los propietarios y poseedores de predios que gozan de licencias de división de suelos otorgadas por el municipio de Dagua”, explica Jairo España Mosquera, jefe de la oficina jurídica de esa entidad.

Sin embargo, para la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, el fallo es una oportunidad para resarcir la deuda ambiental con el municipio, aunque no comparte algunos puntos. “Lo único que nosotros vemos con preocupación, y fue lo que apelamos, es que nos están obligando a revocar todas las licencias que se han emitido desde 2005 hasta el momento. Desde que inició esta administración suspendimos todas las licencias de construcción nuevas, pero las anteriores administraciones no lo hicieron. Hemos estimado que se deben revocar 2.500 licencias de construcción (...). Esas personas que actuaron en derecho solicitaron la licencia y se les otorgó. Ahora, si viene esta administración y se las revoca, van a llegar muchas demandas”, explica Sanclemente.

El problema en ese municipio es de vieja data y tiene como punto de partida el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que se estableció por última vez en 2002. “Se intentó actualizar hace cinco años, pero no fue posible. Eso está en este momento en Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Nosotros estamos haciendo mesas de trabajo con las entidades para liquidar el contrato y así iniciar una contratación y poder actualizar el PBOT”, asegura la alcaldesa.

El representante legal de Fundacolectivos explica que por el tema del PBOT no ha sido posible la sustracción de áreas de reserva forestal, donde se siguen expidiendo licencias de construcción desde hace cinco años. “El tribunal ordena que se multe a esas personas, se suspendan las licencias y se demuelan las casas. Podrían venirse abajo más de mil viviendas. Yo, como fundación, voy a salir en defensa de esas licencias, porque creo que hay otras formas de solucionar el problema. Por ejemplo, que se dé una orden para que el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y la CVC se reúnan y en un término de seis meses arreglen el problema que no es legal, sino administrativo”, sostiene Echeverry.

Paños de agua tibia

Aunque el fallo de segunda instancia se conocerá, probablemente, en 2021, luego de que el Consejo de Estado emita el veredicto final, la CVC asegura que ha estado trabajando para responder algunos puntos de la sentencia. Entre las acciones que ha emprendido está la exigencia a los prestadores de servicio de alcantarillado de la jurisdicción del municipio, los planes de saneamiento y el manejo de vertimientos (PSMV). “La Dirección Técnica Ambiental ha realizado mesas de trabajo con la administración municipal de Dagua, propendiendo a consolidar proyectos para la descontaminación de recursos hídricos, como el tratamiento de las aguas residuales, generadas por la cabecera municipal y sus principales corregimientos. Lo anterior es un avance al proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Dagua”, dice Mosquera.

La alcaldesa de Dagua, entretanto, asegura que solicitó a la Gobernación del Valle, una de las entidades llamadas a trabajar en la protección ambiental del municipio, apoyo para realizar los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado de Borrero Ayerbe y El Queremal, pero no ha recibido respuestas. “Procedí a contratar los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado de El Queremal, que ahora está en formulación. Nosotros solicitamos en el Consejo una operación de crédito de $6.100 millones, de los cuales proyectamos $2.000 millones exclusivamente para el saneamiento básico. Entre los dos planes de alcantarillado que adelantamos, necesitamos alrededor de $1.000 millones para los estudios; entonces, si te digo que tengo $2.000 millones para hacer todo un tema de reposición de alcantarillado me estaría llevando la mitad solo en estudios. Esperamos que la Gobernación, estando vinculada a la sentencia, pueda ayudarnos en la financiación de los planes”, afirma Sanclemente.

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Fundacolectivos sigue trabajando en campañas de concientización y educación con las comunidades para intentar reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Asimismo, la Alcaldía inició un proceso de educación ambiental y del cuidado de las fuentes hídricas con los maestros del agua para los dos municipios más críticos. Hasta que llegue la respuesta del Consejo de Estado, los paños de agua tibia serán claves para apaciguar la contaminación ambiental en Dagua.

“Lo más seguro es que el Consejo de Estado reafirme la primera instancia, pues eso estuvo soportado en una inspección judicial que hice como ponente en todo el territorio. Allí se dejó constancia de los problemas. Puede que haya alguna modificación en cuanto a las órdenes de inspección, pero yo creo que en lo demás podría ser ratificado”, asegura el magistrado Borja. A su turno, la alcaldesa concluye que el esfuerzo mancomunado es clave: “Yo creo que si podemos articular estos cuatro entes, podemos sacar adelante esta problemática, pues es bastante triste que nosotros en el municipio estemos vertiendo todas las aguas negras a las fuentes hídricas”.