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En una comunicación, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió al Inpec soluciones ante la díficil situación que viven algunos sindicados en las salas de paso de la Fiscalía.
El hacinamiento en algunas celdas supera el 100%, como son los casos de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá y Medellín.
En el escrito se anunció que “será imposible que la Fiscalía lleve a cabo capturas en Atlántico, Bogotá, Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Medellín, Norte de Santander, Quindío y Risaralda”.
El fiscal denunció que hay sindicados que permanecen privados de su libertad desde febrero el 2017. Además, se conocieron casos de personas que ya terminaron su proceso fiscal y nunca fueron recluidos en un centro penitenciario, o que su condena fue emitida pero no han sido trasladados a cárceles.
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La situación no sólo se vive en las salas de paso que expone el fiscal. La cárcel La Paz, en Itagüí, tiene un hacinamiento del 300%. Es decir, un centro penitenciario construido para aproximadamente 330 personas está siendo habitado por más de 1.200.
La misiva también registra cifras alarmantes. En la seccional de Medellín hay espacio para 35 sindicados y en este momento alberga a 86. En Bogotá, se duplica la capacidad permitida. Hay cupo para 200 y conviven 400 personas.
El fiscal reconoce que el hacinamiento en las salas de paso “genera una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de los internos y de los servidores”.