FLIP alerta por aumento de amenazas a periodistas en varias regiones del país

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, hay casos críticos de periodistas que no han recibido protección en Antioquia, Putumayo y el Magdalena Medio.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó el aumento de amenazas a periodistas en varias regiones del país. De acuerdo con la fundación, en lo que va corrido del año, han sido registradas 89 amenazas, mientras que en el mismo período del 2017 se habían registrado 65 casos.

De acuerdo con el comunicado, difundido en la mañana de este jueves, esta situación confirma una tendencia alarmante: “En los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129” dice la Fundación.

El aumento de estas amenazas se produce en medio de la ola de violencia que ha cobrado la vida de varios líderes sociales en el país. De acuerdo con la FLIP, algunos de estos homicidios “han sido crímenes contra la libertad de expresión”.

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Pedro Vaca, director de la FLIP, dijo a El Espectador que los casos ya han sido puestos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pero que las medidas tomadas en todos los casos han sido insuficientes además de en extremo demoradas.

La Fundación señaló, además, algunos casos críticos de periodistas que en varias regiones del país han sido amenazados y que están expuestos a un riesgo inminente. En el Magdalena Medio, alertó sobre el caso de Ricardo Ruidíaz, quien ha denunciado la trata de menores por parte de grupos armados en dicha región y además ha visibilizado las amenazas y asesinatos a líderes sociales allí. A pesar de que el comunicador ha denunciado diez amenazas en el último año, “el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero” manifestó la FLIP.

En la Comuna 13 de Medellín, la situación de Catalina Vásquez también es crítica. La periodista defiende los derechos humanos en este sector y en los últimos días varias de las personas que suministran información a la comunicadora han sido asesinadas. Luego de las amenazas contra la vida de Vásquez, la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección para ella pero la entidad no ha atendido al llamado y la periodista continúa en riesgo.

En Mocoa, Putumayo, la periodista Laura Montoya recibió amenazas a través de una llamada telefónica luego de promover la ‘Velatón’ nacional en ese municipio para rechazar los homicidios de líderes sociales. Aunque la UNP solicitó medidas de protección para la comunicadora, estas no se han materializado.

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En Segovia, Antioquia, señala la Fundación, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que salir desplazada por las amenazas a su vida. “La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente” de acuerdo con la FLIP. Gómez tampoco cuenta con protección de la UNP y sigue en situación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro casos de periodistas amenazados que no han recibido protección, la FLIP denunció otro hecho de hostigamientos a un periodista, esta vez en Villagarzón, Putumayo, por parte del mismo alcalde de dicho municipio.

Según la Fundación, el alcalde John Ever Calderón Valencia luego de advertir al periodista Mauricio Rodríguez por el enfoque con el que ejercía su labor y de autodenominarse como “regulador de los medios de comunicación del municipio” causó su despido de manera unilateral por el canal Villavisión.

“Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística” puntualizó la Fundación.