:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/toJ1IcCjq0ahyyQGzx7uJ3dLzDQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/NM6WHESRS5EHJAXRAQMBTY2HIY.jpg)
Parece ser un cuestionamiento delicado, pero es exactamente lo que se preguntan algunos miembros del movimiento raizal: ¿es esta una guerra interna? Aseguran que en las últimas semanas han sido violentados de forma verbal y física por la Policía Nacional del departamento, y tienen videos para comprobarlo.
El primer caso ocurrió a finales de noviembre. En un predio de la institución ubicado en el centro de la isla, un grupo de presuntos miembros de la Fuerza Pública vestidos de civil, escuchaban música a alto volumen, consumían licor y gritaban comentarios racistas contra quienes estaban registrando el hecho con el celular. La denuncia salió a través de este medio, y el comandante de la Policía de San Andrés, Jorge Urquijo Sandoval, dijo que en caso de que se comprueben las fallas de los uniformados, tomaría las medidas correctivas. Aún así, todo quedó en el olvido.
(Video: Denuncian ‘rumba descontrolada’ en edificio de la Policía en San Andrés)
Para ese entonces, los vecinos denunciantes comunicaron que no era la primera vez que ocurría un incidente de ese calibre: “se han pasado del límite porque todos los días desde tempranas horas de mañana colocan música a todo volumen, sobre todo los fines de semana hasta la medianoche. (…) además, mantienen gritando malas palabras y expresiones contra la isla, lugar del que no provienen”.
El pasado 19 de diciembre, se supo que la líder raizal Corine Duffis, en compañía de algunos integrantes de su movimiento, se encadenaron a las afueras de la Gobernación de San Andrés para exigir la salida del contraalmirante Juan Herrera, actual gobernador encargado de las islas. Alegan que el permiso que la entidad de la Occre le otorgó para estar en el departamento era como militar, más no para ocupar el actual cargo, pues iría en contra del decreto 2762 que otorga este tipo de residencias sólo cuando en el territorio insular no haya persona idónea para desempeñar determinadas labores.
En el video de los hechos se observa como decenas de policías levantaban del suelo a los manifestantes, quienes estaban acostados sin ejercer ningún tipo de fuerza contra la institución, sólo se resistían. Duffis, asegura que uno de ellos le dio una fuerte patada en uno de sus pies, el cuál se encuentra hinchado por el impacto. “Estábamos en nuestro derecho de expresarnos libremente de forma pacífica, no alteramos el orden público ni agredimos a nadie. Le exigimos a la directora de la Occre declarar a Herrera en situación de residencia irregular, ya que al momento de renunciar como militar, también perdió su permiso temporal”, manifestó.
Las denuncias no terminaron aquí. En la madrugada del 22 de diciembre, las cámaras de seguridad de un establecimiento registraron cuando dos uniformados sostenían a un hombre de ambos brazos, mientras otro le daba patadas en el abdomen. Al parecer, los amigos del agredido intervinieron y la Policía realizó varios disparos al aire. En respuesta, a través de un comunicado manifestaron que se trataba de un grupo de personas en estado de embriaguez, quienes supuestamente agredieron a los miembros del cuadrante cuando les solicitaron apagar la música. Aunque no hay evidencias que comprueben tales abusos hacia la autoridad, la institución manifestó su rechazo a la conducta de los uniformados implicados.
El Espectador intentó comunicarse con el comandante Jorge Urquijo Sandoval para dialogar sobre todas las denuncias hechas por la comunidad en las últimas semanas, pero no fue posible. Se citó a una rueda de prensa el lunes, 24 de diciembre, a las 10 pm, pero la hora fue cambiada repentinamente y sólo asistieron algunos periodistas locales.
Por lo pronto, las divisiones sociales en la isla de San Andrés cada vez toman mayor fuerza y la desconfianza hacía la autoridad está latente. En cuanto a la situación del gobernador encargado, a quien señalan los miembros del movimiento raizal de ser responsable de que la isla esté militarizada y se promuevan algunos abusos contra la comunidad étnica, es la entidad de la Occre la que debe tomar las medidas sobre su situación residencial en este momento. Aún así, no se han manifestado públicamente y su directora se niega a aceptar entrevistas a los medios de comunicación.