Fundación tiene Policía de Tránsito

Apenas seis agentes tratarán de poner en cintura a los transportadores, especialmente de rutas escolares. Convenio entre la Policía y el municipio tiene vigencia hasta julio próximo. ¿Qué pasará después?

Las fotos de los 33 niños que murieron el 18 de mayo permanecen en el lugar donde se incendió el bus. / Fotos: Jesús Fragozo Caro

En Fundación (Magdalena) hay sólo seis agentes de tránsito. Llegaron el 5 de enero, día en que entró en vigencia un convenio que la Policía firmó con el Instituto Municipal de Tránsito (Intrafun), casi ocho meses después de la tragedia en la que murieron 33 niños y un adulto al incendiarse un bus que no tenía seguro obligatorio de accidentes (SOAT) y había incumplido la revisión técnico-mecánica.

Los policías están en la zona bancaria, el mercado público y otros puntos del pueblo, pero su presencia es escasa. “Se requieren unos 12 agentes, como mínimo, para evitar nuevas desgracias como la del 18 de mayo. Aquí hay más de 65.000 habitantes”, afirma el gerente de Intrafun, Jorge Luis Domínguez. El convenio, por $40 millones, durará seis meses y es financiado por la oficina de tránsito municipal.

“El número de uniformados está estipulado en el acuerdo. Hay 28 municipios del Magdalena que ni siquiera tienen un policía de tránsito, sólo Santa Marta (200 agentes) y Fundación cuentan con este tipo de convenios”, asegura el comandante de la Policía Departamental de Tránsito y Transporte, el mayor Javier Sandoval.

Más de 40 comparendos por sobrecupo, conducir en estado de embriaguez y no usar casco se impusieron en los dos días siguientes a la entrada en vigencia del convenio. Unos 10.000 habitantes se movilizan en moto, el medio de transporte que más se utiliza en el pueblo, y más de 400 usan vehículos particulares. No hay buses de servicio público.

Entre tanto, 691 conductores fueron multados por no tener el SOAT y 650 por movilizarse sin revisión técnico-mecánica, mientras el año pasado se impusieron 540 órdenes de comparendos por sobrecupo en Magdalena, según el comandante de la Policía Departamental de Tránsito y Transporte.

Heriberto Pabón (39 años) recuerda cada noche, antes de acostarse, a su hijo Antonio, de siete años, que iba en el autobús y murió cuatro días después del accidente. A él y al resto de familias de las víctimas, la tragedia aún los agobia, los carcome, parece que todo empeorara con el paso del tiempo. Se quedó sin trabajo hace más seis meses y se va a separar de su esposa, que vive con su otro hijo, de 12 años, en la casa de un familiar. Ellos recibieron una indemnización de $12 millones, que han utilizado para pagar deudas.

Pero antes de que se firmara el convenio, Intrafun y la Alcaldía de Fundación cumplieron varios requisitos. “Ellos pidieron que se arreglara un parqueadero, que haya unas pólizas de seguro y otros elementos como conos y tres motocicletas”, afirma la alcaldesa del municipio, Luz Stella Durán. Con estas adecuaciones, la inversión supera los $70 millones, según Domínguez.

Más de 9.100 órdenes de comparendos se impusieron en 2014 en el departamento del Magdalena. La mayoría de los 2.585 multados no tenían licencia de conducción, como el conductor del bus de la tragedia, Jaime Gutiérrez Ospino, que junto con Manuel Salvador Ibarra, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que contrató el servicio de transporte, están recluidos en la cárcel Modelo de Barranquilla y son los únicos capturados por el accidente, porque el dueño del autobús, Alfredo Esquea Chávez, quedó en libertad el 25 de noviembre. El juez único penal del circuito de Fundación, Alfonso Saade, quien ordenó la medida, consideró que no había cometido un delito.

La Procuraduría y la Fiscalía aprobaron el cambio de radicación del proceso penal, que será trasladado a Bogotá, según Mary Luz Moreno, una de los abogados de las víctimas, quien además afirmó que a finales de enero terminarán de recolectar los documentos de las familias de los niños fallecidos, para luego seguir con la etapa de conciliación.

“No hay un día que me acueste sin recordar a mamá (Rosiris Hernández), y a mi hermana Yelena, que también falleció en el incendio”, afirma Yulisa Otero (17), que junto con su hermano John Carlos (9), estuvo casi dos meses en el hospital Fernando Troconis de Santa Marta.

La familia Otero Hernández no sólo llora la muerte de dos de sus integrantes, también la de Yarce (14), que falleció de un infarto el 16 de diciembre de 2013. Humberto Otero, esposo de Rosiris y padre de las dos jóvenes, tiene 47 años, aunque parece que tuviera el doble. Antes del accidente, trabajaba como ayudante en la construcción de un cementerio en el municipio de Baranoa (Atlántico), pero ahora se dedica al rebusque. Los $6 millones que le dio el Gobierno como ayuda se los gastó en medicamentos, viajes y hospedajes en Barranquilla y Santa Marta. Rosiris Hernández (42) murió el 8 de agosto en la clínica Reina Catalina de la capital del Atlántico, como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió tras rescatar a varios niños.

Ahora, aunque hay que reconocer el esfuerzo de la administración local, la pregunta es si con apenas seis agentes de tránsito se podrá poner en cintura a aquellos transportadores, especialmente las rutas escolares, que suelen pasarse las normas por la faja. Sin olvidar que el convenio entre la Policía y el Instituto Municipal de Tránsito, Intrafun, tiene una vigencia de seis meses. ¿Qué pasará después?