Glifosato, ¿y ahora qué viene?

El papel del Consejo de Estupefacientes, las herramientas para erradicar cultivos ilícitos y el papel de EE.UU., los nuevos debates.

Archivo - El EspectadorAspersiones con glifosato en el sur del país.
Tras semanas de incertidumbre, el presidente Juan Manuel Santos anunció que le pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes que en su próxima reunión, que se celebrará el próximo jueves, tome la decisión de suspender el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos. La afirmación del  primer mandatario se da  luego de que el Ministerio de Salud elevara esa solicitud, acatando un concepto de la Organización Mundial de la Salud que alerta sobre los riesgos cancerígenos de ese herbicida. Ahora, se abren nuevos debates sobre el papel del Consejo, los cambios de estrategia que deberá implementar el Estado en su lucha antidrogas y el futuro de la ayuda financiera estadounidense.
 
Aunque hay quienes insisten en que el presidente está facultado para suspender las aspersiones, Santos decidió pasar la discusión por el Consejo de Estupefacientes. Allí, además del Ejecutivo, participan representantes de la Fiscalía y la Procuraduría. Quienes conocen el Consejo dan por hecho  que los representantes del Gobierno y el fiscal apoyarán la suspensión de  las fumigaciones, mientras el Ministerio Público expresará su rotundo rechazo a la iniciativa. Es decir, habrá mayorías, pero no consenso.
 
Más allá de que haya o no consenso, otro de los problemas que implica pasar por el Consejo es que su legitimidad para tomar estas decisiones ha sido cuestionada. Por ejemplo, tras intervenciones que ha hecho para restringir la comercialización de precursores químicos útiles en la producción de drogas, sus conceptos han sido demandados, pues, consideran algunos abogados, sus competencias, atribuidas antes de la Constitución de 1991, riñen con disposiciones de la propia Carta. Pleitos que están por dirimirse.
 
De otro lado, está el debate sobre el futuro de la lucha antidrogas. Aunque Santos anunció “un período de transición (para la eliminación de las fumigaciones) que no puede ir más allá del 1° de octubre”, fuentes del alto gobierno dicen  que ya se están tomando medidas para repotenciar  instrumentos como la erradicación manual. Una muestra de ello es el manual que expidió la Unidad de Consolidación Territorial para “profesionalizar” los equipos móviles de erradicación y tecnificar medidas de seguridad para sus operaciones en campo.
 
Sin embargo, en el mismo Ejecutivo ya hay debates sobre este manual que fue revelado el pasado miércoles por este diario. En sectores cercanos al Ministerio de Defensa se habla de que podría resultar inefectivo, pues, si bien habla de disposiciones tácticas para las Fuerzas Militares y de Policía, éstas no se integran con la estrategia de las tropas en el marco del conflicto. Es decir, no hay herramientas para que la erradicación manual no se cruce o termine siendo ineficaz por no estar integradas con la conducción de la guerra. 
 
Aseguran las mismas fuentes que, de darse la eliminación de las fumigaciones, el principal reto está en zonas donde el acceso para erradicadores es imposible. En ese sentido, proponen en el Mindefensa que, además de sumar recursos, personal y decisión política a la erradicación manual, se diseñen mecanismos para intervenir eficazmente el comercio de químicos utilizados en la producción, especialmente, de cocaína y fortalecer medidas judiciales contra los eslabones medios de la cadena del narcotráfico.
 
El otro debate tiene que ver con Estados Unidos. Aseguran analistas que, de eliminar las fumigaciones, sería la primera vez que, en el marco de la guerra contra las drogas, Colombia desacata una posición esgrimida por Washington. William Brownfield, subsecretario de Estado para Antinarcóticos y Seguridad, y exembajador en Colombia, ha defendido el uso del glifosato, “más aún”, cuando se ha evidenciado un incremento en el número de hectáreas cultivadas con coca. 
 
No obstante, existe una suerte de doble discurso en los portavoces de EE.UU. El embajador en Bogotá, Kevin Whitaker, ha dicho que su gobierno respeta la autonomía de Colombia y que la cooperación en la lucha antidrogas no está en discusión. Incluso, ha trascendido que esta última posición será la que se impondrá. La esperanza de darle fin al conflicto armado, y los acuerdos con las Farc para hacer de las fumigaciones “la última herramienta” contra los cultivos, al parecer, son variables tenidas en cuenta, tanto como la defensa que ha hecho ese gobierno del glifosato para un país que, hoy, es el único que asperja para combatir las drogas. 
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