Gobierno y madres comunitarias firman acuerdo

Luego de 11 días de protestas y de acampar frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) para exigir mejoras laborales, las madres comunitarias y esa entidad llegaron a un acuerdo con el que se reanudarán las actividades en los hogares comunitarios este lunes.

Según el ICBF, unas 58.000 madres comunitarias, que atienden a 750 mil niños y niñas menores de cinco años de población vulnerable en todo el país, se verán beneficiadas con este nuevo pacto. El instituto “garantizará en los contratos de aportes con las Empresas Administradoras de Servicios (EAS) la obligación de contratar a las madres comunitarias actualmente vinculadas, hasta el 31 de octubre de 2016. Así mismo se celebrarán contratos de aporte con las EAS con término de duración entre el 1 de noviembre de 2016 y el mes de julio de 2018”.

Asimismo, se instalará una mesa de seguimiento a estos casos, integrada por la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo, el ICBF y el sindicato de las madres comunitarias. Y se verificará que los proveedores de alimentos cumplan con las normas exigidas.

El acuerdo fue calificado por el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda Villegas, como un “escenario de formalización laboral”.

Se espera que la Comisión Accidental del Senado presente un proyecto de ley para garantizar la seguridad social en materia pensional de las madres comunitarias, “con especial énfasis en aquellas que hayan superado la edad de pensión, al igual que quienes tengan problemas de salud”.

El anuncio se conoce horas después de que Olinda García, vocera de las madres comunitarias, asegurara que la directora del ICBF, Cristina Plazas, no se presentó este jueves a la mesa de negociación en la noche. "No queremos seguir siendo tercerizadas", afirmó García a CM& y acusó al congresista Ángel Custodio Cabrera de estar manipulando el diálogo entre las partes al haber anunciado que el paro se había levantado. "Él no está autorizado para hacer anuncios. Las únicas que podemos hacerlo somos nosotras", expresó la vocera.

El punto de discordia siempre fue la formalización laboral de estas mujeres, quienes desde el inicio pidieron ser contratadas directamente por el instituto, pero Plazas respondía que esto no lo podía negociar ella “porque la ley no lo permite, debe ser a través del Congreso y un proyecto de ley”.

Las madres comunitarias completan una larga batalla con el ICBF de más de diez años. En varias ocasiones han salido a las calles y han paralizado sus actividades reclamando mejoras laborales. En 2012 alzaron su voz luego de que en medio de la estrategia “De cero a siempre” se les garantizara una pensión de $240 mil. “Eso es una limosna para nosotras, que le hemos trabajado al Estado por 25 años”, le dijo a El Espectador entonces García. Según ellas, en muchas ocasiones deben poner dinero de su bolsillo, “porque nos duele darle una alimentación precaria a los niños”.