Grupos armados convirtieron a El Charco, Nariño, en un campo de batalla

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La población quedó en medio del fuego cruzado y hay más de 3.000 personas afectadas. En la zona hay presencia de la disidencia del frente Franco Benavides y del frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.

“No sabíamos si eso iba a continuar. Muchas veces uno escucha los tropeles y luego se acaban. Cuando nos dimos cuenta ya había gente armada en toda la comunidad. Salimos corriendo como pudimos. Hay muertos, no quedó ni una casa buena y saquearon los negocios”, cuenta Francisco*, líder comunitario y habitante de la zona rural de El Charco, Nariño. Para llegar al casco urbano, él y su familia usaron canoas y solo se llevaron lo que tenían puesto para que los dejaran salir. “La gente quiere venir al casco urbano, pero no los dejan. Al que logró venir le toca quedarse acá”, agrega.

Para el 7 de abril, las confrontaciones entre grupos armados, que iniciaron el 18 de marzo, ya habían dejado 1.339 familias afectadas, un total de 3.360 personas. La población de las veredas Santa Catalina, Las Mercedes, Matapalo, Espavé y El Cuil se ha desplazado; la administración local calcula que en los dos albergues adecuados en la cabecera municipal hay 493 familias, otras 361 se resguardan en veredas cercanas. Mientras tanto, en El Carmelo hay 98 familias confinadas y en San José están otras 387. “No hemos podido llegar al lugar para hacer la verificación de las cifras, estamos con los registros de familias de la Alcaldía. También se ha dificultado el transporte de alimentos y la llegada de la misión médica”, explica Víctor Candelo, alcalde del municipio.

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Las casas de la vereda Santa Catalina y Las Mercedes están completamente destruidas. En la primera ya no hay puesto de salud, porque le lanzaron una granada. Los líderes aseguran que solo en Santa Catalina enterraron a ocho personas que quedaron en medio del fuego cruzado. No se sabe la cifra total, pero hay alguna información de las víctimas. “Se registró la muerte de dos mujeres de la tercera edad impactadas por balas: una de 91 años y otra de 85 años. También se sabe que una mujer perdió a su bebé porque no logró llegar al hospital después de tener que parar en uno de los retenes de estos grupos en el río”, relata Candelo.

Los grupos armados le impiden a la comunidad desplazarse y comunicarse para que no se conozca la situación. Andrés*, líder social en El Charco, sostiene que otros líderes tienen miedo de dar declaraciones por temor a las represalias. “No sabemos de qué grupo se trata. Solo entendemos que hay una disputa por el control de esta zona estratégica que hace parte del triángulo del Telembí”, asegura. También reconoce que hay un subregistro en las cifras, ya que algunas familias desplazadas se están quedando donde amigos y familiares. Una de sus preocupaciones es que en los albergues no hay suficiente comida ni elementos básicos.

El alcalde reconoció que varias instituciones están atendiendo la emergencia y se espera que en los próximos días lleguen las ayudas humanitarias; sin embargo, más personas podrían desplazarse porque la confrontación se está extendiendo geográficamente. La administración no tiene los recursos suficientes, solo han podido entregar noventa colchonetas, aunque las primeras familias se desplazaron el 25 de marzo. “Aquí la gente está durmiendo en el piso. Necesitamos que las ayudas del Gobierno —cobijas, kits de aseo, alimentos, colchonetas y toldillos— lleguen lo más pronto posible”, asevera.

Candelo recuerda que entre el 23 de marzo y el 3 julio de 2007 hubo 14.000 víctimas de desplazamiento forzado en El Charco. Ese año la mayoría de la población pudo volver después de que el Ejército y la Armada retomaron el control del territorio, que era disputado por las extintas Farc. “Que eso pase ahora lo veo muy difícil, hay una gran distancia entre donde está el Ejército y donde están los grupos armados”, señala. De acuerdo con información recopilada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la disputa se libra entre el frente Franco Benavides del Comando Conjunto de Occidente y el frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, una separación del Frente Óliver Sinisterra de las disidencias de las Farc.

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En 2020 en Nariño hubo un desplazamiento masivo cada once días, de acuerdo con el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, según el informe anual de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), el año pasado, la violencia sociopolítica en el departamento se incrementó el 11 % con respecto a 2019. Los desplazamientos forzados aumentaron en un 25 % (2.000 personas desplazadas); se presentaron nueve masacres que cobraron la vida de 42 personas y 31 líderes sociales fueron asesinados.

“Estamos padeciendo los horrores de un conflicto que se multiplica en medio de la impunidad y la indiferencia. Exigimos acciones efectivas. Yo conozco sus gentes, viví con ellas, los sentí y los abracé, y hoy nos duele saber que están obligados a desplazarse y otros confinados y sin opciones de vida”, manifiesta Marcela*, lideresa de la iniciativa S.O.S. Pacífico, quien revela que en 2021, con corte al 6 de abril, las organizaciones han reportado cuatro masacres y 17 asesinatos de líderes en Nariño. Insiste en que muchos de estos hechos violentos no se reportan o no reciben atención de las autoridades.

Según Álvaro Obando, director de la Agencia de Desarrollo Local (ADEL) de Nariño —alianza de entidades que trabajan por la construcción de desarrollo y paz—, la pobreza y exclusión histórica de la zona facilitan que las economías ilícitas sigan en el territorio. Afirma que otro sería el panorama si se estuviera cumpliendo el Acuerdo de Paz, por ejemplo el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), y considera que, pese a la presencia de la fuerza pública, no hay una respuesta efectiva para neutralizar a los actores armados.

En este departamento hay 17.191 familias en el programa, en los municipios de Ipiales y Tumaco. En total se ha invertido $236.324 millones. El componente de asistencia técnica está en 69%; Asistencia Alimentaria Inmediata 92%; proyectos productivos con huertas caseras 68% y proyectos productivos en el 10%.

Andrés señala que “lo que está pasando en El Charco refleja la situación crítica de toda la zona”. Para él, el problema va más allá de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. “Es la gente la que paga las consecuencias del abandono. Solicitamos el cumplimiento del Acuerdo de Paz y del PNIS. Las familias se acogieron a la sustitución, pero no hay voluntad por parte del Gobierno”, dice. Asimismo, destaca que, mientras en el resto del país los niños migraron a las clases virtuales, los jóvenes de esta zona quedaron expuestos a los grupos armados. “Muchos de ellos hoy están combatiendo porque no tenían otras oportunidades. Pedimos educación y participación política para nuestros consejos comunitarios y cabildos indígenas”, concluye.

*Los nombres de las fuentes fueron cambiados para proteger su identidad.

Las comunidades le apuestan a la paz a pesar de que aumenta la violencia

Nariño sigue buscando la paz, así lo afirma Harold Montúfar, líder social y coordinador del instituto sur Alexander Von Humboldt Isais. Telembi Pacual, Corrientes de Vida y Paz, conformada por ocho organizaciones sociales, es una de las muchas iniciativas comunitarias que exigen que pare el conflicto. “Desde que entró la guerra a nuestro territorio, las comunidades indígenas, campesinas, de jóvenes, mujeres y afrodescendientes, comenzamos a resistir. Seguimos validando las iniciativas territoriales de paz. A medida que se intensifica la guerra, brotan en el departamento estas expresiones”, sostiene.

Montúfar recuerda que históricamente ha habido iniciativas colectivas de este tipo, por ejemplo, en 2004 - 2007 se realizó el Pacto Local de Paz en Samaniego, en el que le pidieron a los diferentes actores armados comprometerse con 10 puntos, que incluían no atentar contra las instalaciones en el casco urbano, no hacer retenes, no matar líderes, desminado humanitario y liberación de secuestrados. Entre otras iniciativas destaca la existencia de la Mesa Humanitaria de Nariño y el Consejo departamental de Paz.

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