Grupos armados ilegales mantienen a 356 indígenas en estado de confinamiento en Chocó

El departamento sufre de enfermedades como el paludismo o malaria, que ya han producido la muerte de tres menores de edad en los últimos meses de 2018 y comienzos del 2019. / Archivo El Espectador

Según un informe de Humanitarian Response, cerca de 356 indígenas, pertenecientes a 121 familias, se encuentran en estado de confinamiento por grupos armados al margen de la ley.

Desde el 18 de febrero se han registrado bombardeos en Jiguamiandó, en zona rural del Carmen del Darién, y enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, agudizados por factores como la presencia de cultivos ilícitos.

Además de las prohibiciones impuestas por los actores armados de transitar por algunos corregimientos, hay alerta de posibles minas antipersonales en zonas indígenas del Chocó. Las personas afectadas por la situación de confinamiento pertenecen a la comunidad del Alto Guayabal del resguardo Uradá.

El pasado marzo, al menos 150 hombres armados pertenecientes, al parecer, a las Autodefensas Campesinas, llegaron a la comunidad indígena de Pueblo Antioquia, del municipio de Riosucio, y confinaron a 226 personas, que conforman 45 familias.

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Además de las constantes amenazas a líderes sociales y miembros de las comunidades, en el departamento se han registrado enfermedades causadas por dificultades en el acceso al agua, saneamiento e higiene. El paludismo y la malaria ya han ocasionado la muerte de tres menores de edad en los últimos meses.

Ante la situación, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz junto con Peace Brigades International (PBI), han hecho presencia en los territorios y han activado medidas urgentes para la atención y reparación integral de las víctimas.

El 26 de febrero, se llevó a cabo un Comité de Justicia Transicional en el Carmen de Darién, en el que participó la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno Municipal y líderes de la ASOREWA.

Se espera que iniciativas como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Federación Luterana Mundial (FLM), Peace Brigades International (PBI) y la Misión ONU Colombia visiten la zona e implementen un proyecto de protección a líderes sociales.