Grupos ilegales ponen en peligro a 778 familias en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo informó que la violencia sexual a menores de edad, reclutamiento forzado, homicidios selectivos y desplazamientos forzados, hacen parte de los factores que ponen a esta población en peligro.

Archivo El Espectador

La Defensoría del Pueblo recientemente emitió un informe de riesgo que da cuenta de la situación en la que actualmente se encuentran por lo menos 778 familias en Buenaventura. Según el documento, esta población se ve amenazada por grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la Gente del Orden y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entidad aclaró que este último se ve referenciado hasta antes del acuerdo con el gobierno nacional.

Las actuaciones protagonizadas por estos grupos que ponen en riesgo a cerca de 500 familias en los consejos comunitarios en Juanchaco, 178 en Ladrilleros y 110 en La Barra, además de las comunicas 12, 4 y 3 en Buenaventura, se traducen en amenazas, extorsiones, homicidios selectivos, reclutamiento forzado, utilización de niños, niñas y adolescentes contra la integridad sexual y desplazamientos forzados.

“Se recibieron denuncias en las cuales sujetos buscan llevarse a la fuerza a jovencitas para sostener relaciones sexuales y por lo cual ha habido familias que debieron desplazarse”, explicó la Defensoría del Pueblo.

Otro de los hechos que se comunicó en el informe es el caso de una familia de Ladrilleros que denuncian recibir amenazas de reclutamiento a menores por parte de los ‘Gaitanistas’.

“En el casco urbano de Buenaventura, hombres armados que se identifican como ‘la Gente del Orden’ también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles un millón de pesos por sus “servicios”. Un muchacho de la Comuna 12 declaró tuvo que huir con su familia al negarse a integrar este grupo armado ilegal”, notificó la entidad.

A esta lista de actos se suma otro protagonizado por las extorsiones que piden las AGC y Urabeños, quienes en las comunas 3 y 4 cobran dinero a los conductores de lanchas que transportan carga y pasajeros entre Buenaventura y el Naya, Raposo, Micay, Mallorquín y Dagua, principalmente.

La defensoría del Pueblo pidió a la Gobernación del Valle, a la Alcaldía de Buenaventura, a la Fuerza Naval del Pacífico, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), trabajar en medidas eficaces y oportunas que permitan prevenir estas problemáticas que amenazan la vulneración de los derechos humanos, “debido a la alta probabilidad de ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH”, concluyó el ente de vigilancia.