La guerra verde de hoy no es la misma que hace 20 años

Gobernador de Boyacá dice que en el departamento no hay presencia de Estado y que hay que reglamentar el negocio de las piedras.

Juan Carlos Granados, gobernador de Boyacá. /Óscar Pérez

Tras la crisis que atraviesa el mundo de las esmeraldas en Boyacá, que vive a la expectativa de un reinicio de la guerra verde por los últimos hechos de violencia que han rodeado la región –situación que se agudizó con la captura de Pedro Nel Rincón, más conocido como ‘pedro Orejas’, quien además sufrió un atentado hace más de 10 días–, El Espectador habló con el gobernador de este departamento, Juan Carlos Granados, quien manifestó que es urgente y necesaria la presencia activa y permanente del Estado. Para Granados la situación en la región es crítica porque se desconoce la realidad el negocio de las esmeraldas ya que no se tienen cifras concretas sobre cuánto material se explota y se comercializa; el Ministerio de Minas aún no ha legislado sobre el tema de la explotación de este recurso; y que las regalías que recibe Boyacá por esta actividad son una “chichigua”.

El gobernador de Boyacá señaló que está a la espera de las acciones que tome la Fuerza Pública y el gobierno sobre el tema porque para él, la situación de violencia que se vivió hace 23 años, no volverá a ocurrir. Granados agregó que el problema de hoy es entre los esmeralderos que pertenecen a los consorcios que explotan las minas Santa Rosa y La Pita en el municipio de Maripí (Boyacá), quienes hace cinco años pactaron trabajar conjuntamente pero que tras la muerte de Víctor Carranza el acuerdo se incumplió.

Hay una preocupación latente por una posible guerra entre esmeralderos y usted dice que si hay una presencia del Estado eso no ocurrirá. Pero esa zona ha sido bastante complicada históricamente. ¿Qué se va hacer en este caso?


La guerra verde que sucedió entre los 80 y 90 fue una guerra entre pueblos. Los de un municipio no podían ir a otro a hacer explotación minera. A partir de eso se creó un pacto hace 23 años de no agresión, en el que se distribuyeron títulos mineros para generar paz. La diferencia es que hoy se trata de una desavenencia entre productores de esmeraldas. Estamos hablando puntualmente de Maripí (Cundinamarca), donde hay dos minas: Santa Rosa y La Pita. Esas dos minas son limítrofes y en la zona fronteriza de los títulos mineros se acordó hace más de 5 años que se iba a explotar de manera conjunta. Después de la muerte de Víctor Carranza, ese acuerdo se deshizo. ¿Qué consideramos nosotros? Que el pueblo no está metido en la disputa y no hay un escenario para que exista una gran confrontación. Es necesario controlar, de parte del Estado, la explotación minera, organizar a la gente, ponerlos de acuerdo y determinar bajo el marco de la ley cómo y quiénes pueden trabajar en ese lugar. O cerrar las minas.


¿Quiénes son los dueños de esas minas?

Son dos consorcios. En uno de ellos, en la mina La Pita, está la familia de Pedro Nel Rincón (‘Pedro Orejas’) y en el otro, en la mina Santa Rosa, están los herederos de Víctor Carranza y sus socios.


¿Y después de la muerte de Carranza esos acuerdos ya no se respetan?

Se hace un nuevo acuerdo días después, pero hoy entre los consorcios se echan culpas para decir que no están cumpliendo con lo pactado. Eso tensiona las circunstancias, y los actos de violencia que han venido sucediendo pueden estar o no relacionados con esto. Al haber este desacuerdo se potencializa ese ambiente de posible guerra en la zona.


Tras el atentado contra el señor Rincón, en el que murieron personas cercanas a él, ¿Qué han podido establecer las autoridades sobre los autores del crimen?

Lo que le puedo decir es que hay varias hipótesis. Pero el posible agresor que lanza una granada es un señor del Valle del Cauca, un hombre foráneo a la zona, lo que tiene un poco despistadas a las autoridades para poder establecer si es un tema de la zona o una circunstancia ajena.


A propósito de la captura de Pedro ‘Orejas’, de quien se dice tiene mucha influencia en Boyacá, ¿conoce algún detalle del por qué se le investiga?

No, en el departamento no es un hombre con mucha influencia. Más bien tiene presencia empresarial importante en la zona del occidente de Boyacá, especialmente en los cuatro o cinco municipios donde se mueve el negocio. A él se le ha venido sindicando de varios hechos desde hace tiempo, pero en la justicia no hay ninguna decisión en firme por lo que hay que esperar el avance de las investigaciones.


¿Qué es lo que pasa en Boyacá con el mundo de las esmeraldas que siempre ha tenido una sombra de mafia, grupos ilegales y ejércitos privados?

Como todos los negocios donde se manejan grandes sumas de dinero terminan siendo permeados por personas que pueden apoderarse de estos por la fuerza. Hay dos circunstancias. Hay personas reconocidas pos su tradición minera –por eso se habla de familias– y en el marco de ese escenario, a las orillas, siempre se ha hablado de narcotráfico y paramilitarismo. Hoy, por ejemplo, podría decirle que hay cuerpos de seguridad que a veces exceden el número de personas para cuidar a la gente que maneja esas sumas de dinero en el negocio de las esmeraldas.


Pero sí es un hecho que esas zonas de explotación esmeraldífera han sido un laboratorio de violencia de grupos ilegales. ¿Existe alguna otra circunstancia que agrave está problemática?

Hay una circunstancia, como sucede en las zonas donde se explota oro, diamantes o petróleo, que es la pobreza. Esta problemática termina favoreciendo y amparando a las personas con grandes fortunas.


Existe la sensación de que la justicia le debe al país resultados contundentes sobre los posibles nexos de grupos paramilitares y los esmeralderos, ¿no le parece?

Las solicitudes de intervención del Estado se han hecho en dos aspectos: la forma y la actividad. En la forma, con presencia del Ejército y la Policía de manera contundente, y en la dirección del Ministro de Defensa, los altos mandos que rotan al personal para impedir que exista la corrupción en un negocio con altas sumas de dinero. Por otro lado está la institucionalidad porque desde el Ministerio de Minas se tiene que reglamentar esta actividad. La Superintendencia de Seguridad y Vigilancia debe además revisar las empresas que proveen los esquemas de seguridad. Y la administración de justicia debe determinar, para el bien de los empresarios que realizan sus actividades desde la legalidad, quiénes actúan al margen de la ley para limpiar el negocio, porque, si no, perjudica un departamento que vive en paz.


Pero es que eso que usted está pidiendo ya debería de existir hace rato

Sí. Digamos que nos quedamos con la paz de hace 23 años que no resolvió todo. En efecto, solucionó una parte del problema pero al no estar el Estado de manera permanente y activa en la zona minera se van generando circunstancias y problemas que nosotros queremos que se resuelvan cuanto antes.


¿Le falta mucha regulación a la explotación de esmeraldas?

Mucho. Me parece totalmente injusto lo que pasa. Boyacá recibió por concepto de regalías de esmeraldas no más de $1.300 millones el año pasado. Es una chichigua. No impacta en lo que tiene que ver con el presupuesto del departamento.


En su criterio, ¿cuánto deberían entrar a las arcas del Estado por concepto de regalías del sector esmeraldero?

Cuando el Estado intervenga de manera activa podremos saber. Ahora no sabemos nada en lo administrativo en la medida que nosotros deberíamos tener la vigilancia de la DIAN, de las autoridades mineras para conocer cuánto material se extrae de la zona, de autoridades ambientales, y debería haber seguridad para la zona. Así podríamos hablar de cifras exactas. Cualquier estimado del Estado no se acerca a la realidad porque no se está vigilando.


Pero eso es un panorama terrible. No se sabe qué pasa en realidad, ni en seguridad, ni en términos de cuánta plata se mueve. ¿Qué más sabemos de las esmeraldas fuera de que ha sido un gran problema para Boyacá?

Lo que sabemos es que sólo la intervención del Estado puede garantizar la paz, la tranquilidad y la real explotación de un recurso tan importante como las esmeraldas.


¿Qué le puede decir a la comunidad afectada que teme el reciclaje de la violencia?

A los pobladores de los municipios en los que se realiza explotación minera les digo que busquen circunstancias alternativas para generar recursos. Estamos hablando de programas importantes como el cultivo de café. Hay mucho más que las esmeraldas en Boyacá. Vamos a tener la intervención de vías para que esos cultivos y recursos agropecuarios puedan salir del departamento.

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