Gustavo Morales pasó Navidad recluido en la Sijín

El mismo juez de Barranquilla que dejó en libertad a Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, ordenó arresto de tres días del alto exfuncionario, quien había dejado la Superintendencia de Salud en noviembre pasado.

Morales fue nombrado superintendente en octubre de 2012. / Archivo El Espectador

Hoy, a las 8 de la mañana, el exsuperintendente de Salud Gustavo Morales será de nuevo hombre libre, después de haber cumplido 72 horas recluido en la sede de la Sijín en Bogotá. Además de haber pasado los últimos tres días privado de la libertad, tendrá que pagar una multa de $6’160.000 —10 salarios mínimos— al Consejo Superior de la Judicatura. ¿La razón? Que así lo ordenó Edwin Volpe Iglesias, juez noveno penal municipal de Barranquilla, quien consideró que Morales había incurrido en desacato por no haber cumplido un fallo de tutela que el propio Volpe había emitido el 1° de septiembre de este año.

La historia que hizo que el exsuperintendente pasara la noche de Navidad recluido comenzó el 8 de junio de 2012, cuando la sociedad anónima Salud Andina le solicitó a la Superintendencia de Salud autorización para ejercer como entidad promotora de salud (EPS). En febrero del siguiente año, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud dio luz verde para la conformación de la EPS y el proyecto de resolución llegó al despacho del superintendente —Morales, en esa época— para que cumpliera la función que le otorgan las normas: “Autorizar la constitución de las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado”.

La decisión del alto funcionario, sin embargo, fue la contraria. Morales encontró que David Peláez Pérez y Carlos Bula Vieco, secretario de Salud del Atlántico y secretario de Salud de Soledad (Atlántico), respectivamente, hacían parte de las cinco sociedades que conformaban Salud Andina. En concepto de Morales, la ley era clara: directores o servidores de organismos públicos que ejercieran supervisión no podían hacer parte de una EPS. Otra cosa, además, había llamado la atención del superintendente de esa época: un importante oficio de alerta (OF 13-00081767), enviado por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, el 3 de julio de 2013.

Lo que más le preocupaba entonces a Transparencia era que dos socios de Salud Andina habían sido señalados de tener presuntos nexos con los paramilitares en la costa Atlántica: es el caso de Gerardo Vecino, mencionado como colaborador de los ‘paras’ por Édgar Fierro (alias Don Antonio); Pedro Mulett, mencionado por un exintegrante del bloque Héroes Montes de María. “Le pedimos detenga la habilitación de la EPS hasta que la entidad reciba un concepto favorable de los entes de control”, se lee en el memorando. A la larga, la determinación de rechazar la solicitud de Salud Andina para conformarse por EPS no tuvo como fundamento ese documento, pero el antecedente ahí estaba.

Las decisiones de Morales, como las de cualquier superintendencia, son administrativas y por ende deben debatirse en el Consejo de Estado, único organismo que podría ordenar su nulidad. No obstante, la estrategia del abogado de Salud Andina, Abelardo de la Espriella, fue poner tutelas. En total, las empresas que conforman la EPS Salud Andina presentaron cuatro tutelas y fue la que cayó en el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de control de garantías, ubicado en Barranquilla, la que terminó ordenándole a la Superintendencia de Salud que tenía un plazo de 48 horas para habilitar a Salud Andina como EPS.

Abogados consultados por este diario coinciden en que las tutelas deberían usarse para proteger los derechos fundamentales de las personas, no de las empresas; y consideran que el juez podría haberse extralimitado en sus funciones al ordenar a la Superintendencia de Salud que en 48 horas habilitara una EPS, teniendo en cuenta que una decisión tan importante se apoya en un estudio técnico que toma más de dos días. Autorizar una EPS es, además, darle vía libre a una entidad para que reciba millonarios recursos de las arcas del Fosyga, razón por la cual una determinación de esta naturaleza debe tomarse con todo el criterio.

No deja de llamar la atención tampoco que Gustavo Morales dejó la Superintendencia de Salud el pasado 4 de noviembre, y el juez Volpe ordenó su arresto el 3 de diciembre, cuando ya no estaba en el cargo. Y, por último, este asunto tiene otro detalle que no ha pasado por alto: quien ordenó el arresto de Morales, Edwin Volpe Iglesias, es el mismo funcionario que hace unos días ordenó la libertad de Alfonso el Turco Hilsaca, procesado por nexos con paramilitares y homicidio. El vicefiscal Jorge Perdomo anunció que la Fiscalía estaba investigando si el caso de Hilsaca llegó a manos de Volpe con irregularidades, pues se suponía que debía llegar a un juez especializado.

Morales se presentó en las instalaciones de la Sijín el pasado 23 de diciembre con una pequeña maleta en mano, en caso de que le confirmaran que debía ser recluido tres días —tal cual sucedió—. De la Espriella denunció el año pasado a Morales por injuria y calumnia, sosteniendo que las supuestas relaciones de los socios de Salud Andina con el paramilitarismo eran falsas. Y en su cuenta de Twitter escribió: “El exsuperintendente @gustavoemorales está pagando las consecuencias de sus ilegalidades”. “Es una cadena de absurdos. Los arrestos por desacato están concebidos para que el funcionario cumpla la orden. Arrestar a quien no puede cumplir una orden aunque quisiera es la peor arbitrariedad de todas”, le dijo Morales a este diario.

 

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