¿Habrá desplazamientos en La Guajira por explosión de gasoducto?

Aunque la líder Cira Ortíz dice que algunas familias dejarían sus rancherías, la autoridad indígena Rosa López la desmiente.

El estallido se escuchó a la 1:00 de la madrugada de este miércoles. Según el coronel Elber Velasco Garavito, comandante de Policía de La Guajira. Guerrilleros del frente 59 de las Farc (al mando de alias 'Guayacán') violentaron el Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte, en un sitio conocido como Rancho Luna (área rural de Maicao), a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela.

Es el tercer atentado en menos de dos años y aunque la explosión ocurrió en una zona despoblada a escasos tres kilómetros dormían tres poblados indígenas.

La reacción de la comunidad es de terror. Muy cerca de Rancho Luna se encuentran las comunidades de Wuaitapá, Pajanquirru y Rinconada. También hay otras como Santa María y Aranaipa que tienen miedo porque están a muy pocos metros del tubo”, dice la líder comunitaria Cira Eneida Ortiz, desde Bogotá.

Ortiz llegó hace unos días a la capital para pedir nuevamente protección para los indígenas que viven cerca del gasoducto que desde Manaure, en La Guajira, lleva el gas natural al estado de Zulia, en Venezuela. Infraestructura que el expresidente Álvaro Uribe Vélez inauguró junto a Hugo Chávez, en octubre de 2007.

Para la líder, es probable que en los próximos días se presenten desplazamientos cerca de la frontera con Venezuela. “Parece que hay un sector de las comunidades que se van a ir de las rancherías. Se van a desplazar para las cabeceras municipales porque tienen miedo de estar a 100 metros del tubo, se van a tomar colegios en las ciudades” y asegura que la mayoría de pobladores nunca estuvo de acuerdo con que el gasoducto atravesara sus comunidades.

Pero las afirmaciones de Cira Eneida Ortiz son refutadas por la autoridad tradicional indígena wayuu Rosa López, quien se comunicó con El Espectador, desde La Guajira, y aseguró que después de hablar con los líderes de las comunidades indígenas cercanas al lugar de la explosión comprobó que ninguno se vio afectado.

Tampoco están pensando en irse de sus rancherías. La explosión se dio en el lote de un cachaco, muy lejos de nuestras comunidades. Esta señora (Cira Ortiz) está mintiendo. Ella no nos representa, creo que pertenece a la comunidad afro, no es indígena. Nosotros somos autónomos y no necesitamos voceros de otras étnias. Yo hablé con las autoridades tradicionales de los alrededores y no ocurrirán desplazamientos”.

Rosa López asegura que las operaciones del gasoducto por parte de Pdvsa han beneficiado a sus comunidades con empleos y que existe “un par de personas con intereses que se han querido beneficiarse de esta situación”.

Por su parte Cira Ortiz asegura que le ha hecho seguimiento a las quejas de las comunidades indígenas que se encuentran cerca del gasoducto desde hace varios años: “le hemos pedido al Gobierno que realice las consultas previas como es debido. Ellos tienen unas actas de 2006, que toman como consulta, pero que en realidad están llenas de tratos que se hicieron con pocas comunidades donde aparece que se les entregarán chivos y conos para tejer a cambio de que aceptaran el proyecto. También aseguran que en diez sólo días de mayo de 2006 les hicieron la consulta a más de 60 comunidades. Nosotros no estamos pidiendo que se vaya la empresa sino que activen un plan de seguridad para garantizar la vida de los indígenas, como ya lo ordenó el Consejo de Estado”, aclara Ortiz.

Lo cierto es que los venezolanos ya dijeron que no continuarán con el transporte de gas. El 3 de octubre El Espectador reveló que las inconsistencias en los trámites de consultas previas realizadas por el Gobierno colombiano llevarían a que Pdvsa, la operadora venezolana que trasporta el gas hacia ese país, no extienda el contrato con Colombia hasta 2016- como se tenía pensado-, sino que operare sólo hasta el 30 de junio de 2014.

Sara Moya Machado, gerente de Pdvsa sucursal Colombia, le confirmó a El Espectador que el acuerdo que le representa US$20 millones a Colombia mensuales no se extenderá.

Para Pdvsa los errores que ha cometido el Ministerio del Interior colombiano en cuanto a la consulta previa (determinando cuáles eran las comunidades afectadas por el proyecto), dejaron una puerta abierta que les ha permitido a otras comunidades wayúus exigir beneficios que, según Pdvsa, no les corresponden. “Agotaron las vías legales y ahora pretenden con vías de hecho que se realice un nuevo proceso de consulta previa. Frente a las vías de hecho, Pdvsa dice no más”, afirmó Moya.

Desde la Guajira, Rosa López lamenta que la empresa venezolana haya anunciado su retiro pues reconoce que Pdvsa les ha garantizado trabajo a los wayuu que viven cerca de la infraestructura.

Frente a los posibles desplazamientos, serán las mismas comunidades las que revelarán en los próximos días si los atentados al gasoducto los obligaron a abandonar sus casas.

 

 

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