Habrá nueva regulación sobre la tierra

El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que sirva como herramienta para asegurar la mayor productividad.

Ante posibles uniones de terrenos valdíos que favorecerían supuestamente a campesinos y empresarios que vienen comprando importantes extensiones de tierra en el país, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, precisó que en Colombia de acuerdo con las leyes vigentes, la venta de esos baldíos por parte de campesinos adjudicados son válidas y aceptadas. “Si el gobierno se lo adjudica, él lo puede vender. Eso es legal”, manifestó.

Vélez explicó que “el problema es que la Ley 160 y la Ley 135 no permite que, por ejemplo, si yo compré un valdío y un hermano mío que compró el de al lado, los juntemos en una sola tierra económica”. Detalló que las investigaciones al respecto no podrán ser falladas por los entes de control, que es el que adelanta las indagaciones, ni por el mismo Supernotariado, “el único que puede determinar si es o no es, es un juez de la República”.

El funcionario resumió la situación: Lo que se “advierte es que no se puede acumular valdíos”. ¿Por qué? “Hay libertad, lo que se prohíbe es que la función del valdío cambie, se busca que una unidad agrícola pueda alimentar a una familia, no es que se le dé la tierra para venderla y acumularlo para montar negocio”, advirtió. “Buscamos que haya unidades campesinas productivas y por eso no se pueden unir. Eso lo está trabajando el gobierno, para beneficiar el campesino y la productividad del país”.

Una unidad agrícola familiar puede ser de 1.000 hectáreas en el Meta o de siete en Antioquia, de acuerdo a la zona del país y al área rural, se mide la extensión de esta figura. Por eso no se puede comprar una región directamente con la otra, cuenta Vélez. “Estamos pensando en presentar un proyecto de ley que de mayor productividad de la tierra beneficiando a los campesinos y a quienes quieran hacer productiva la tierra”. Y agregó: “Es hacer socio al campesino del proyecto, asociarlo a la cadena”.

Hizo una claridad más: “Tenemos que ser muy creativos y buscar que la titularidad les permita a todos trabajar”. “Una cosa es la productividad de la tierra y la otra es la titularidad de ella. Lo que necesita el país es productividad. El objetivo es que el campesino se vuelva pequeño o mediano productor. Lo que no vamos a permitir es que se genere un caos por interpretaciones de uno u otro. Eso lo define un juez de la República. Nosotros hacemos el estudio de título, presentamos las demandas y lo define el juez”.

Ante posibles apropiaciones por parte de empresarios de estos terrenos valdíos, Vélez detalló que “una cosa es la mala fe, y si hay suplantación, se hace la comunicación a la Fiscalía y a la Procuraduría para que tomen cartas en el asunto. O si la personas dicen que no conocían los antecedentes del predio, entonces pueden desistir de la escritura pública, porque hemos encontrado a muchas personas que las adquirieron sin conocer su pasado”. Muchos negocios se hacen con el certificado de libertad y allí no se precisa toda la información del terreno. Además, contó que muchos campesinos han reconocido que no tienen cómo hacerla productiva (la tierra), tomando la decisión de venderla.
 

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