Hace 30 años El Espectador reveló un informe sobre el aumento de la violencia por parte de los extraditables

El 13 de diciembre de 1986 este diario publicó los nombres de todas las víctimas del narcotráfico.

En medio del debate que se creó en el país por la caída de la ley aprobatoria del Tratado de extradición, El Espectador divulgó el 13 de diciembre de 1986 un informe especial para demostrar que desde que se firmó ese tratado entre Estados Unidos y Colombia en 1979, el narcotráfico le había declarado la guerra al Estado y a la sociedad, y el blanco principal de sus ataques habían sido los jueces de la república. El informe documentó cronológicamente la ola de violencia desatada por los autodenominados extraditables. (Vea el especial 30 años sin Guillermo Cano)
 
Según el reporte de El Espectador, antes de la firma del tratado de extradición, el narcotráfico había asesinado tres jueces: Eduardo Moya en Cali, Juan Fortunato Sarmiento en el Meta y Gustavo Guzmán en Florencia. Después de la firma del tratado, la lista de jueces asesinados empezó a crecer significativamente. La magistrada Betty de Prada en Cúcuta, el juez Jaime Marín Jaramillo, la juez Ana Cecilia Cartagena o la jueza Esperanza Restrepo. El 30 de abril de 1984, fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara. (Vea qué pasaba en Colombia 100 días antes de que asesinaran a Guillermo Cano)
 
Un año después, en julio de 1985, sicarios acabaron con la vida del juez Tulio Manuel Castro Gil, quien investigaba el crimen de Rodrigo Lara. Ese mismo año fue asesinado el magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Álvaro Medina Ochoa. En noviembre, en el fatídico holocausto del Palacio de Justicia murieron los magistrados titulares Alfonso Reyes, Manuel Gaona, Luis Horacio Montoya, Ricardo Medina, Fanny González, Eduardo Gnecco, Carlos Medellín, Alfonso Patiño, Fabio Calderón y Pedro Elías Serrano. (Vea el especial 30 años de la Toma del Palacio de Justicia)
 
El 31 de julio de 1986, ocho meses después del holocausto, fue asesinado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda, en una clara demostración del interés del narcotráfico por silenciar a quienes intentaban conservar la vigencia del tratado de extradición. El 30 de octubre de 1986, la víctima de turno fue el magistrado Gustavo Zuluaga Serna, quien se había atrevido a procesar a Pablo Escobar Gaviria. Con esos antecedentes, a Guillermo Cano le resultó inevitable plantear una lucha desigual: la defensa de los jueces contra el poder del narcotráfico. (Lea: Cuando el Cartel de Medellín asesinó al magistrado Gustavo Zuluaga Serna)