La herencia de la Constitución de Rionegro

Instante crucial en la vida de la nación que quedó patentado en la memoria de la libertad.

 Tomás Cipriano de Mosquera, Santiago Pérez y Manuel Murillo Toro, tres de los artífices del radicalismo liberal del siglo XIX. / tomadas de Intenet
Tomás Cipriano de Mosquera, Santiago Pérez y Manuel Murillo Toro, tres de los artífices del radicalismo liberal del siglo XIX. / tomadas de Intenet

Hace 150 años, el 8 de mayo de 1863, fue proclamada la Constitución de Rionegro que formalizó la carta federal  de los Estados Unidos de Colombia. Un momento cumbre de la historia nacional que concretó el ideario político del liberalismo del siglo XIX, después de una guerra civil que terminó con la toma de Bogotá y la presidencia provisoria del general caucano Tomás Cipriano de Mosquera. 

Los antecedentes de este escenario político constituyen una síntesis de lo que fue el siglo XIX en Colombia después de la guerra de Independencia. Cuando el ciclo vital de Bolívar y Santander declinó y fueron quedando atrás los ecos de sus divergencias, la sociedad se fue alinderando en dos tendencias históricas que, con diversos matices y denominaciones, a partir del contexto de la disputa electoral por el poder en 1849 representaron dos visiones de Estado: el liberalismo y el conservatismo.

Después de una agitada época que dejó dos constituciones, dos guerras civiles y un golpe de Estado, para reemplazar al presidente conservador Manuel María Mallarino en 1857, un grupo de liberales y conservadores descontentos con las directivas de sus partidos, lanzaron la candidatura del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien ya había gobernado a Colombia entre 1849 y 1853. Con una fórmula suprapartidista de corte nacional, se enfrentó a Manuel Murillo Toro y Mariano Ospina Rodríguez.

Sin embargo, desde el debate electoral, el general Mosquera anunció lo que habría de suceder, al advertir que si ganaba el candidato liberal Murillo Toro en las urnas, lo derrocaría con el apoyo de los conservadores, y si la victoria era para el aspirante conservador Ospina Rodríguez, lo iba a tumbar con los liberales. Triunfó Mariano Ospina Rodríguez que un año más tarde promulgó la Constitución de 1858, que abrió el camino del federalismo en un modelo de Estado que llevo el nombre de la Confederación Granadina.

Dos años después, luego de diversas revueltas regionales que reclamaban soberanía, como lo había vaticinado en su campaña electoral, el general Mosquera entró entabló el conflicto. El pretexto fue un decreto del gobierno Ospina que afectaba al Estado Federal del Cauca, en ese momento el más poderoso del país política y económicamente. Su figura más representativa era precisamente Mosquera, quien rompió relaciones con el gobierno central y se declaró así mismo “Supremo Director de la Guerra”.

La confrontación armada se prolongó durante dos años y tuvo momentos determinantes para la historia colombiana, como la celebración del pacto llamado “La esponsión de Manizales” en agosto de 1861, a través del cual los contendientes acordaron una solución política negociada que incluyó acciones humanitarias, amnistía y entrega de armas, pero que infortunadamente el presidente Ospina se negó a aprobar, precipitando un desenlace de vencedores sobre vencidos.

El 18 de julio de 1861, después de violentos combates en el entorno de la capital de la República, las tropas del general Mosquera entraron victoriosas a Bogotá en medio del pánico de su gente. Inicialmente el vencedor ordenó el fusilamiento del presidente Ospina, su hermano Pastor y su reemplazo Bartolomé Calvo, pero la intervención del arzobispo Manuel Mosquera, hermano del general, evitó una tragedia mayor. En cambio fueron fusilados quienes causaron la muerte a lanzazos al general José María Obando.

Aunque la guerra se prolongó en otros estados, con la toma del poder el general Mosquera empezó a aplicar sus disposiciones: la Tuición de Cultos para imponer a las autoridades eclesiásticas el poder civil, o la Desamortización de Bienes de Manos Muertas que mediante decreto despojó de muchos bienes a la Iglesia Católica para que fueran objeto de subastas públicas. Pero tarde o temprano se requería un orden jurídico que afianzara las condiciones del nuevo régimen.

En ese contexto nació la Convención de Rionegro que constituida por 61 delegados liberales y la presidencia de Francisco Javier Zaldúa, entre el 4 de febrero y el 8 de mayo de 1863, le dieron forma a la carta política más liberal en la historia de Colombia. La pena de muerte fue abolida, se impuso la libertad de cultos, se determinó la libertad absoluta de imprenta, se afianzó el debido proceso y se incorporó el derecho de gentes a la legislación para saldar las guerras civiles a través de los acuerdos humanitarios.

Hasta la libertad de armas fue acogida. La Constitución de Rionegro afianzó el modelo del federalismo y dejó en manos de nueve estados la conformación de una nación denominada Estados Unidos de Colombia. Se fortaleció el libre cambio económico, la libertad de enseñanza quedó sujeta a principios laicos y científicos y, en términos generales, se blindaron las libertades fundamentales. No obstante, casi desde su nacimiento afloraron los críticos que no dejaron de ver las grietas del Estado liberal.

Algunos historiadores dicen que se debilitó demasiado el Poder Ejecutivo y que las permanentes elecciones motivaron una polarización permanente. Otros sostienen que la autonomía de las regiones dio pie a interminables confrontaciones civiles. Sus defensores hoy sostienen que nada de ello ocurrió y que, en cambio, poco a poco se acudió a un revanchismo político de los grupos de poder, que precipitó los acontecimientos que llevaron a la Constitución de 1886 y el movimiento de la Regeneración de Núñez.

Lo cierto es que en septiembre de 1885, cuando el presidente Rafael Núñez, después de alcanzar la victoria en la batalla de La Humareda contra sus antiguos copartidarios liberales, anunció en el balcón del palacio presidencial que la Constitución de Rionegro había dejado de existir, quedó atrás una época importante en el ideario liberal de Colombia. Un tiempo en que 18 presidentes entre titulares y encargados pasaron por el gobierno, dejando una herencia democrática que fue abolida de tajo.

En 1886, la Constitución de Rionegro fue reemplazada por la carta política de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que impuso el estado confesional católico, reimplantó la pena de muerte, limitó la prensa y condicionó la enseñanza, entre otros aspectos ligados a la idea del orden, afianzando un modelo institucional que con diversas reformas rigió en Colombia durante 105 años, hasta la Constitución de 1991, que en cierta medida recobró algunos poderes que fueron consagrados hace 150 años.

La Constitución de Rionegro de 1863, más allá de la leyenda según la cual, cierto o no, al conocerla hizo decir al escritor francés Víctor Hugo, que se trataba de una carta política para un país de ángeles, dejó un legado político que todavía se discute. Sus directrices liberales a nivel social y económico representan la esencia de un derrotero político que no sólo caracterizó buena parte de las luchas electorales del siglo XX, sino también las aspiraciones de una sociedad en defensa de sus derechos.

 

 

 

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