Heridos en el paro nacional: ¿una ruta a la impunidad?

Duván Villegas Benítez, su madre, su esposa y sus dos hijos viven, desde hace dos meses, en un cuarto de tres por tres metros en el barrio Calima, al norte de Cali. En realidad lo que ellos convirtieron en un hogar es el salón de clases de un jardín infantil en el que Neidy Benítez, madre de Duván, trabaja como docente. En el improvisado cuarto apenas hay dos camas sencillas, una pequeña estufa y varias maletas con pocas pertenencias. El rector de la escuela les prestó el salón durante la temporada de vacaciones del colegio para que tuvieran donde vivir, mientras consiguen una vivienda en un primer piso, pues desde que un policía le disparó por la espalda a Duván, una hora antes de que comenzara el toque de queda en Cali, el 21 de noviembre del 2019, no pudo volver a caminar. Y los cuatro pisos del apartamento donde vivían se convirtieron en el obstáculo más grande para movilizarlo.

Este joven de 27 años es uno de los 181 civiles heridos por actuaciones de la fuerza pública durante jornadas del paro nacional, según la Campaña Defender la Libertad, iniciativa de más de sesenta ONG que hacen veeduría a lo que sucede en marchas nacionales. Y aunque Villegas puso la denuncia ante la Fiscalía y pidió que se revisaran las cámaras de seguridad de esa zona para identificar al policía que atentó contra él, esclarecer los hechos e interponer una demanda al uniformado, nadie se ha comunicado con su familia. Ni siquiera lo han llamado a declarar. Eso dice él. Una historia similar vivió William Alexis Lopera Quiceno, de la misma edad que Duván y el mismo día.

Según su versión, un uniformado del Esmad le disparó en el rostro mientras participaba del paro en Medellín. “Todo estaba tranquilo cuando llegó el Esmad, a eso de las seis de la tarde, atacando. Todo el mundo empezó a correr y de repente sentí que algo me impactó en el rostro. Desde ese día perdí la vista de mi ojo izquierdo”. En el documento de diagnóstico que le hicieron en Medicina Legal se lee que en el procedimiento hubo una “extracción de cuerpo extraño intraocular”. Y según dice Lopera, mientras la doctora le practicaba el examen, le dijo que “claramente, era una víctima de la fuerza pública porque el estallido ocular solo se produce al recibir un impacto de algún arma letal, y esas solo las manipula la Policía”.

Él es una de las doce víctimas que tuvieron lesiones oculares, pese a que el protocolo del Esmad para lanzar las bombas aturdidoras y gases lacrimógenos dice que deben ser disparadas a más de sesenta metros de distancia y de forma parabólica (formando una U hacia el suelo). Lo mismo le sucedió a Cristian Rodolfo Rodríguez Zárate, de 26 años, pero en marchas del 17 de diciembre en Bogotá. Ese día, como en todas las jornadas anteriores del paro, cargó su mochila con sándwiches y empanadas para vender en medio de las multitudinarias protestas. Sobre las seis y media de la tarde, mientras estaba parado frente a la Universidad Nacional, según narra, el Esmad comenzó a lanzar gases lacrimógenos para dispersar la multitud. Al voltearse para salir a correr sintió un estruendo en la parte izquierda de la cabeza. “Perdí inmediatamente la visión de mi ojo izquierdo”, cuenta, “es como si se me hubiera apagado. Cuando me toqué la cara me comenzó a salir demasiada sangre. La gente me auxilió y no me dejaron dormir, porque sentía que me estaba yendo”.

Aunque Cristian y Alexis pusieron la denuncia en la Fiscalía, luego de enterarse de que habían perdido su ojo a causa del abuso del Esmad, solamente a Alexis le han dado respuesta luego del radicado. El próximo 25 de enero tiene cita para declarar. Son muchas las personas que aseguran que las actuaciones de la fuerza pública han sido cuestionables. Carlos Velásquez, coronel retirado del Ejército Nacional y docente universitario, aseguró que “hubo algunos claros excesos, porque el Esmad debe estar entrenado para recibir agresiones y no contestar con la misma moneda. Si les tiran una piedra no pueden responder con un disparo de una escopeta calibre 12”.

El Espectador se comunicó con la Dirección General de la Policía Nacional para conocer su versión sobre los hechos en marchas del año pasado, pero dijeron que solo se iban a pronunciar sobre sus policías heridos. Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que nueve uniformados que están investigados en la Procuraduría por sus actuaciones durante el paro en 2019. Según Alexandra González, secretaria general de la campaña Defender la Libertad, hubo 1.219 detenciones arbitrarias en esas jornadas d eparo y solo el 5,6 % de las personas han sido judicializadas por delitos de violencia contra servidor público. El 94,3 % restante de los casos fueron decretados ilegales en su procedimiento de captura y no existía material probatorio suficiente para adelantar ningún proceso. María Alejandra Garzón Mora, abogada de DH Colombia, señaló que a pesar de que los agredidos tengan las pruebas suficientes para demostrar que fueron víctimas de un policía, los gastos previos al juicio, en caso de haberlo, deben asumirlos las familias.

“No existe en Colombia un precedente de una condena a alguien de la fuerza pública cuando se lleva por la Justicia Penal Militar. En eso coincide Carlos Velásquez, quien le dijo a este diario que el hecho de que la Justicia Penal Militar investigue casos de la policía “indica una distorsión importante en el ordenamiento institucional, porque la Policía no es una fuerza militar”. También aclaró que los casos investigados allí “son solamente los que se cometen en servicio activo con ocasión y razones de servicio. Y lo que ha sucedido en el paro no ha sido por servir”, dice.

Los uniformados heridos

Durante las protestas del paro nacional de noviembre y diciembre de 2019, se presentaron varios enfrentamientos entre civiles y uniformados, que, según una fuente de la Dirección General de la Policía, habrían dejado a unos 340 policías y dos militares heridos. La mayoría han presentado lesiones en las extremidades; sin embargo, “uno de ellos puede perder un ojo”, explicó la fuente. Pese a que el Esmad ha sido el cuerpo más presente en las marchas, el miembro de la Dirección General aseguró que han sido los menos lesionados. “Casi todos los que han resultado heridos son policías que entran a reforzar la labor del Esmad cuando todo sale de control”. En el último reporte que dio en 2019 sobre sus lesionados, el mayor general Óscar Atehortúa explicó que 26 eran mujeres, que, “en vez de estar con sus hijos en la casa, estaban en la calle defendiendo a los ciudadanos”. Frente a esta cifra, Carlos Velásquez, coronel retirado del Ejército, reiteró que aunque los policías reciban agresiones no deben responder a ellas.